Gobernadores presentan plan que revive la polìtica migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump

Un grupo de 10 gobernadores republicanos, encabezados por el texano Greg Abbott, presentó un plan que revive la controvertida política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.

La iniciativa surge tras la crisis migratoria registrada en Del Río (Texas), donde a finales de septiembre unos 15,000 migrantes, la mayoría haitianos, fueron detenidos, procesados y deportados a sus países de origen o regresados a México.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mission, el grupo habló sobe la crisis y los pasos que ha dado Texas “para mantener seguras a las comunidades en medio de las desastrosas políticas fronterizas abiertas del presidente Joe Biden”, señala un comunicado.

Trump, durante su gobierno, promulgó más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos para cambiar la política migratoria aprobada por el Congreso.

Las modificaciones incluyeron separaciones forzadas de familias en la frontera, aumento de encarcelamientos y deportaciones de indocumentados, endurecimiento de la política de asilo, aceleración de juicios de deportación, cancelación de programas humanitarios y rechazo a cualquier posibilidad de legalizar indocumentados.

Biden, por el contrario, desde que llegó a la Casa Blanca en enero ha desarticulado la política migratoria de Trump y reestablecido el debido proceso migratorio, modelo que los republicanos tildan de fronteras abiertas y causante de la crisis en la frontera.

Plan de 10 puntos

Al igual que lo hizo Trump durante su gobierno, el plan del grupo de estados republicanos culpa a los inmigrantes del tráfico de drogas y el aumento de la criminalidad, pero no aporta datos que lo demuestren.

Luego presentaron un plan de 10 puntos que incluye:

La política de Biden

El plan de 10 puntos es el mismo desarrollado por Trump y diseñado por Stephen Miller, el principal asesor de política migratoria del exmandatario, junto con el exsecretario de Justicia, Jeff Sessions.

Varios de los puntos señalados, sin embargo, están vigentes y/o fueron restituidos por orden judicial, tal como la vigencia del Título 42, el MPP, el mensaje enviado desde enero a los inmigrantes para que no vengan porque la frontera está cerrada y el despliegue de agentes federales a la frontera para enfrentar la crisis.

Otros, como el poner fin al atasco en la EOIR, cabe señalar que cuando Trump asumió el control de la Casa Blanca en enero de 2017, heredó una cola de unos 520,000 casos pendientes y cuando entregó el mando del país a Biden, el número de casos pendientes en la Corte de Inmigración superaba los 1.2 millones.

Respecto a la deportación de ‘criminales’, el plan republicano no detalla qué tipo de faltas o delitos convierten en criminal a un indocumentado y tampoco menciona que el gobierno de Biden tiene una lista de prioridades de deportación, y que la presencia indocumentada, una falta de carácter civil no criminal, por si sola no es motivo para deportar a un extranjero.

“El expresidente (Trump) intentó hacer tantas cosas revolucionarias negativas, que causó mas conflicto y mas personas llegando a las fronteras. Llenó la Corte y para fines migratorios provocó un caos. Sus catos fueron comprobados en los tribunales como discriminatorios, adoptados con el fin de complacer a su base”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).

Reforma migratoria

La propuesta de los 10 estados encabezados por Texas no considera un plan de legalización para indocumentados. Biden, en cambio, ha propuesto una vía de legalización para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.

El 18 de marzo la Cámara de Representantes aprobó con apoyo bipartidista dos proyectos de ley que incluyen la residencia para unos 8 millones de dreamsrs, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores esenciales y trabajadores agrícolas indocumentados.

Ambos proyectos fueron enviados al Senado donde se requieren 60 votos para ser aprobados y los demócratas solo tienen 50. Ante el rechazo republicano, el partido del presidente optó por un plan B para incluir ambas iniciativas en el denominado paquete de reconciliación del presupuesto de gastos para el 2022.

Esta instancia, sin embargo, depende del visto bueno de la asesora principal del Senado (Parlamentarian), la abogada Elizabeth MacDonough, quien en dos ocasiones la desestimado el pedido de los demócratas para incluir ambos planes en el proyecto de ley presupuestario.

Los demócratas barajan en estos momentos un plan C que deja fuera el camino hacia la legalización permanente y lo sustituirían por acciones diferidas de deportación, algo similar a DACA, pero que cuente con el respaldo del Congreso.

Gobernadores en campaña

Para algunos dirigentes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Texas, la propuesta de Abbott y los otros nueve gobernadores se trata de “campaña” política con miras a los comicios de medio término de 2022.

“Es la misma gata, pero pintada diferente”, dice Rogelio Núñez, director ejecutivo de Proyecto Libertad, en Harlingen.

El dirigente dijo además que “algunos políticos emplean la retórica para hablar del tema, pero las cosas no están pasando como ellos las dicen. Están arrestando a extranjeros no porque sean criminales sino porque son inmigrantes”.

A su vez, Teodoro Aguiluz, director del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Houston, dijo que la propuesta republicana “es lamentable sobre todo después de haber tenido un avance en los últimos meses con este gobierno (de Biden)”.

Además de Texas, el grupo está integrado por los gobernadores republicanos de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma y Wyoming.