Biden pone fin a la guerra legal de Trump para declarar a algunos inmigrantes una carga pública
El Departamento de Justicia le informó a la Corte Suprema que el Ejecutivo ya no defenderá la regla de carga pública que Donald Trump aprobó el año pasado bajo el amparo de su política de 'tolerancia cero' y que puso trabas para que los inmigrantes tuvieran acceso a la residencia legal permanente. Horas después el máximo tribunal aceptó el pedido y desestimó la revisión.
Por:
Jorge Cancino.
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El Departamento de Justicia (DOJ) le dijo este martes a la Corte Suprema de Justicia que abandonaba su defensa de la nueva regla de carga púbica que el anterior gobierno implementó el año pasado en el marco de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Horas después de entregada la nota, el tribunal anunció que desestimaba el caso (dismissed), dándole al gobierno de Joe Biden libertad para decidir anularla, modificarla o recuperar la antigua versión de la regla.
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La petición le solicita al máximo tribunal de justicia que desestime un próximo caso que desafía la norma, que limita beneficios migratorios a inmigrantes legales, entre ellos el acceso a las tarjetas de residencia permanente (Green Card o tarjetas verdes).
En febrero la Corte Suprema anunció que escucharía los argumentos tanto del gobierno como de quienes se oponen a la nueva regla, la que fue impugnada por varios estados y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, quienes alegan que equivale a una prueba de riqueza para los extranjeros que buscan vivir en Estados Unidos.
La regla de carga pública de Trump entró en vigor el 24 de febrero del 2020, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.
El gobierno apeló el fallo y el 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar la implementación de la regla final de Inadmisibilidad por Carga Pública en todo el país.
La medida modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determina si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
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La norma establece que el término 'carga pública' incluye a cualquier extranjero que haya recibido uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en total dentro de un período de 36 meses.
La regla final de carga pública “no establece ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos. “Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad”.
Tampoco afecta a “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública”, indica la norma. En esta lista se incluyen asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, quienes quedan exentas de esta regla final, indica.
También incluye una serie de disposiciones especiales sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerará el recibo de beneficios públicos de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, hijos adoptivos y recepción de Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas y mujeres hasta 60 días después de dar a luz, se lee en las descripciones del reglamento.
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