Pocos días después de que ordenara cancelar el acceso a servicios legales para las decenas de miles niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás este viernes y dijo a los grupos que los asisten que pueden reanudar sus trabajos con esta población.
Gobierno de Trump da marcha atrás y cancela la orden que suspendía el acceso a servicio legal para niños migrantes no acompañados
El ejecutivo no explicó el motivo por el que ahora decide revertir la polémica orden que, según criticaron numerosas organizaciones, dejaría a decenas de miles de niños en riesgo.
El Centro Acacia para la Justicia, uno de ellos, confirmó que recibió un aviso del gobierno sobre la revocación de la anterior medida.
El gobierno había suspendido el pasado martes el programa que ofrece representación legal a los niños que llegan a EEUU a través de la frontera con México sin padres o tutores legales.
Organizaciones que ofrecen asistencia a los niños migrantes habían criticado duramente la decisión del gobierno que, aseguraron, dejaba a menores en una situación de riesgo.
Un contrato de $200 millones firmado con el gobierno permite a Acacia y sus subcontratistas brindar representación legal a unos 26,000 niños y educación legal a otros 100,000 más.
El nuevo aviso de este viernes del Departamento del Interior de EEUU obtenido por la agencia AP no explica el motivo por el que el gobierno decidió ahora restablecer el programa. Simplemente, afirma que “cancela” la orden de suspender los servicios legales a los niños migrantes.
“El Centro Acacia para la Justicia puede reanudar todas las actividades”, dice el breve aviso enviado a este grupo.
Miles de personas pidieron al Congreso reanudar el programa legal para niños migrantes no acompañados
Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, dijo que seguirán trabajando con el gobierno “para garantizar que estos servicios críticos que defienden los derechos básicos del debido proceso de los niños vulnerables se restablezcan por completo” y sus socios puedan reanudar su trabajo.
Advirtió, sin embargo, que este es un “momento crítico para garantizar que ningún niño se vea obligado a navegar” solo por el sistema de inmigración.
Acacia dijo que, en menos de 48 horas, más de 15.000 cartas fueron enviadas por ciudadanos al Congreso exigiendo la reanudación del programa.
El programa está financiado por un contrato de cinco años, pero el gobierno puede decidir al final de cada año si lo renueva o no. La fecha límite para la decisión de este año es en marzo.
Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes (uno de los subcontratistas) dijo que aún está preocupado pese a la revocación de la orden.
“Estoy muy preocupado porque el ataque a los niños no tiene precedentes”, aseguró Lukens. Dijo que si la orden de suspensión de los trabajos legales hubiera permanecido en vigor, habría dejado a los niños de todo el país sin el debido proceso ni protección.
Leyes vigentes garantizan protección a los niños que llegan solos a EEUU
La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 creó protecciones especiales para los niños que llegan solos a los EEUU. La ley decía que el gobierno debería facilitar la representación legal de los niños sometidos a procesos de deportación, aunque no obligaba a que todos los niños tuvieran un abogado.
Los niños no acompañados menores de 18 años pueden solicitar asilo, estatus migratorio juvenil o visas para víctimas de explotación sexual.
El plan inicial del gobierno constituía además un duro golpe al Acuerdo Judicial Flores de 1997, que regula la manera en que deben ser tratados los niños bajo el cuidado del gobierno federal.
El acuerdo, cuestionado por los gobiernos de Barack Obama, Trump (en sus dos gobiernos) y Joe Biden, incluye una serie de protocolos y ordenanzas dirigidas a respetar la seguridad, integridad y seguridad de cualquier menor que cruza la frontera de manera indocumentada y es hallado por las autoridades federales de inmigración.
Una de las regulaciones, protegidas por los tribunales de justicia, establece que los niños deben recibir servicios legales para que puedan navegar dentro del marco del debido proceso migratorio y defender sus derechos de permanencia en EEUU.
Las asesorías son proporcionadas por organizaciones civiles sin fines de lucro que reciben fondos del gobierno para realizar este importante trabajo y darles a los niños migrantes el trato estipulado en el Acuerdo Flores.
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