Juez determina que el gobierno de Trump "privó claramente" del debido proceso a venezolanos expulsados a El Salvador

Un juez federal determinó este miércoles que el gobierno de Donald Trump "privó claramente" del debido proceso a los cientos de venezolanos que envió en marzo a la conocida "megacárcel" de El Salvador.

El magistrado James Boasberg dictaminó que los inmigrantes, expulsados en el marco de una ley de guerra del siglo XVIII, deben tener la oportunidad de impugnar sus detenciones y las autoridades federales deben facilitar este proceso, por lo que dio al gobierno una semana para que detalle cómo piensa ofrecerles la oportunidad de hacerlo.

El juez remarcó en su fallo que el grupo fue expulsado sin la debida notificación ni el derecho a impugnar, que "ahora debe serles otorgado", escribió, incluso mientras se encuentran formalmente bajo custodia de El Salvador.

La Casa Blanca debe manejar los casos de los inmigrantes ahora como "lo habría hecho si el gobierno no hubiera llevado a cabo un proceso constitucionalmente inadecuado", se lee en el texto. Sin embargo, no ordena al gobierno que los regrese a EEUU.

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La Corte Suprema ya dictaminó que se debe permitir a los inmigrantes que impugnen sus deportaciones realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que fue invocada por Trump para deportar de manera expedita a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que calificó en una orden ejecutiva de "fuerza invasora".

El juez, que aseguró que con su fallo solo estaba aplicando la decisión del alto tribunal a quienes ya fueron deportados, dijo este miércoles que ha surgido "evidencia significativa" que indica que muchos de los inmigrantes no tienen vínculos con la pandilla "y, por lo tanto, se consumen en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles, incluso frívolas".

Familiares y abogados de muchos de los venezolanos expulsados han negado reiteradamente tener vínculo alguno con este grupo criminal, de lo que no existe ninguna acusación formal o condena, y han criticado que no se les diera la oportunidad de defenderse de dicha acusación ante un juez.

Aunque la Casa Blanca ha asegurado siempre que todos los expulsados eran personas indocumentadas y criminales, un estudio publicado por el Instituto Cato concluyó que, tras analizar los casos de los únicos 90 inmigrantes de los que tenían suficiente información, al menos 50 de ellos habían entrado legalmente a EEUU y no habían violado ninguna ley migratoria.

El juez califica de "preocupante" la actitud del gobierno respecto a la deportación de venezolanos

Boasberg, quien calificó de "preocupante" la conducta del gobierno en torno a este caso, destacó en su fallo el hecho de que la Corte Suprema tuviera que actuar de nuevo en mayo para detener un aparente intento de eludir las órdenes judiciales que bloquearon las deportaciones con la preparación de un vuelo nocturno con inmigrantes a bordo desde Texas en abril.

"¡No podemos darles un juicio a todos!", llegó a escribir entonces Trump en redes sociales, pese a que la Constitución recoge ese derecho.

Desde el pronunciamiento de la Corte Suprema, varios jueces han suspendido temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en partes de Texas, Nueva York, California, Pensilvania y otros lugares, al considerar que el plazo de 24 horas que el gobierno otorgó a los detenidos para impugnar no cumplía con el requisito de la Corte Suprema de brindar una oportunidad "razonable" para hacerlo.

Boasberg también señaló este miércoles paralelismos con el caso de Kilmar Ábrego García, en el que el gobierno de Trump dijo haber cometido un error al deportarlo y un juez, jueces de apelación y la Corte Suprema le ordenaran después "facilitar" su regreso. Dos meses después, sin embargo, el joven continúa detenido en El Salvador.

Después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo y se preparara para enviar aviones llenos de presuntos pandilleros a El Salvador, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, el juez Boasberg les ordenó que regresaran. Su instrucción, sin embargo, fue ignorada

Boasberg dijo que existe una "causa probable" de que el gobierno cometiera desacato judicial al llevar a cabo aquellos vuelos.

El gobierno y sus seguidores criticaron duramente a Boasberg por su orden inicial de detener las deportaciones y su investigación por desacato, como parte de su creciente batalla con el Poder Judicial.

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