ICE lo arrestó al salir de corte. La jueza reabrió su caso porque el gobierno le dio información "potencialmente engañosa" sobre su deportación

Una jueza de inmigración de Nueva York aceptó reabrir el caso de asilo de un estudiante de secundaria detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a su salida de una cita de corte, luego de que el gobierno de Donald Trump pidiera a la magistrada cerrar su caso.

El joven, llamado Dylan, es un venezolano de 20 años que estudiaba en una escuela secundaria en el Bronx, en Nueva York. La jueza Olivia L. Cassin, que analiza su petición, decidió "aceptar la moción del demandado para reconsiderar la desestimación del procedimiento", que condujo a su detención por ICE desde el 21 de mayo de 2025.

Según un documento de la corte, la jueza Cassin aceptó el pedido de reconsideración de la desestimación el pasado 12 de junio debido a que la audiencia de Dylan " tenía fallos de procedimiento y perjudicaba mucho al demandado con una solicitud pendiente de asilo y protección relacionada".

"El tribunal considera que al demandado no se le brindó una oportunidad significativa para tomar una decisión informada sobre si se oponía a la moción del Departamento (de Seguridad Nacional, DHS) para desestimar su proceso", indica la orden de la jueza Cassin.

"Su falta de objeción a la moción del Departamento se debe al hecho de que carecía de la información necesaria para tomar una decisión consciente e informada", subraya la jueza, que también destaca que Dylan debió "haber estado en el expediente de menores del tribunal con un juez de inmigración que entienda los matices de la ley que se aplica a los jóvenes".

Una importante observación de la jueza Cassin es que, en su opinión, "las respuestas que el tribunal y el Departamento de Seguridad Nacional dieron a las preguntas del demandado y de su madre sobre la posible desestimación del asilo, fueron imprecisas y potencialmente engañosas".

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El DHS "no informó al demandado ni a este tribunal de que, si se desestimaban estos procedimientos de expulsión, tenía la intención de iniciar procedimientos de deportación acelerada contra el demandado y detenerlo inmediatamente. En cambio, el Departamento aseguró a este tribunal que, si se desestimaban los procedimientos, el demandado podría seguir solicitando el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil como recurso 'colateral' y podría presentar una solicitud de asilo afirmativa ante el USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración)", asegura la jueza de inmigración.

Paso para "restaurar el derecho al debido proceso", afirman abogados

El Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG, por sus siglas en inglés) considera que la medida de la jueza Cassin "marca un importante paso adelante en restaurar el derecho al debido proceso de Dylan, al reinstaurar su pedido de asilo y la búsqueda de protecciones adicionales bajo el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil".

El apellido de Dylan se mantiene en reserva por pedido de privacidad de su familia.

Melissa Chua, codirectora de la Unidad de Protección de Inmigrantes de NYLAG, manifestó en un comunicado que "estamos satisfechos con esta decisión, que le permite a Dylan seguir adelante con su solicitud de asilo, como debió ser permitido desde el principio sin haber sido arrancado jamás de su vida, su familia y su comunidad".

Añadió que Dylan tampoco debió ser " puesto bajo custodia, donde permanece inconcebiblemente hasta el día de hoy". Según el tribunal, el joven está detenido en el Centro de Procesamiento del Valle Moshannon en Philipsburg, Pensilvania, tras "haber sido trasladado alrededor del país múltiples veces" por el DHS.

Dylan fue admitido en Estados Unidos por la frontera en Laredo, Texas, el 1 de mayo de 2024, luego de una cita con un oficial en la frontera a través de la aplicación CBP One. Este mecanismo fue eliminado por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo gobierno.

Tras la audiencia judicial de mayo pasado en la que su caso de asilo fue desestimado, y estando aún en el edificio del tribunal, dos hombres vestidos de civil y con sus rostros tapados interceptaron a Dylan, se identificaron como agentes de ICE y, sin una orden, lo esposaron y arrestaron.

Su madre intentó grabar la detención, pero "la amenazaron con detenerla si lo intentaba. Ella les explicó que él estaba enfermo y que estaba aplicando por un SIJS, pero los oficiales ignoraron sus pedidos", se lee en la petición de habeas redactada por sus abogados y en la que cuestionaron la detención.

Dylan y su condición médica

Desde el día de su detención a su salida de la corte, a Dylan lo han movido por cuatro centros de ICE entre Louisiana y Texas, hasta su traslado a Pensilvania. En ese tiempo, su familia supo que los malestares recurrentes del venezolano antes de la detención eran consecuencia de una condición grastrointestinal severa que requería "pronta atención médica y en persona".

Pese a la recomendación de una experta médica de que Dylan debía ser tratado por sus médicos en Nueva York, hace un par de semanas la jueza negó a sus abogados que pudiera continuar el proceso migratorio en libertad para recibir tratamiento. Dijo que no veía una razón por la que ICE no pudiera brindar a Dylan la atención médica requerida. Sus abogados tampoco han podido comunicarse con Dylan con regularidad para verificar su salud.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras tres organizaciones introdujeron en julio de 2024 una queja federal contra el centro de detención Moshannon, en el que se encuentra Dylan. Incluía a ocho demandantes que reclamaban atención médica inadecuada, falta de acceso a servicios de traducción, abusos y un ambiente de discriminación por parte del personal. Uno de los casos que sustentaba la queja era el de un inmigrante que no recibió atención médica mientras sufría tumores que le causaban dolores.

Vic Walczak, director legal de ACLU y uno de los abogados de Dylan, dijo a Univision Noticias que el caso de este venezolano muestra la "crueldad" con la que actúa el gobierno de Trump.

Las redadas de ICE en tribunales, lugares de trabajo, campos agrícolas, fábricas o restaurantes han provocado intensas protestas, varias con violencia, en ciudades de todo el país, principalmente en Los Ángeles, que han dejado cientos de detenidos y comercios afectados por el vandalismo.

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