Los niños que emigraron para ser explotados: 6,000 casos de esclavitud infantil en EEUU

Las denuncias de explotación de menores siguen ocurriendo en un país que en los últimos 10 años ha recibido a más de 460,000 niños que viajaron solos hasta la frontera. La mayoría fueron víctimas de trata sexual o los obligaron a trabajar en el campo, fábricas y en restaurantes.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
Hastiados de la violencia y la pobreza que se vive en sus países, miles de menores centroamericanos no acompañados llegaron a Estados Unidos en la última década. Alexandra, Edwin y Emmanuel son parte de una nueva generación que lucha por hacerse un espacio en un entorno difícil que se ha convertido a la fuerza en su nuevo hogar.
Video Menores no acompañados: el destino incierto de un grupo invisible

A principios de 2019, cuando un creciente flujo de familias y niños no acompañados en la frontera con México ponía en jaque a la administración Trump, un matrimonio de Guatemala pensó sacar ventaja del que era un punto débil de la política de ‘tolerancia cero’: cruzar con un menor de la mano.

Olga Choc Laj, de 30 años, falsificó documentos para hacerse pasar como familiar de una adolescente. Su esposo, Santos Teodoro Ac Salazar, de 23 años, consiguió un acta de nacimiento apócrifa que lo identificaba como el padre biológico de una niña que un coyote le había presentado unos días antes.

PUBLICIDAD

Ellos viajaron hacia la frontera acompañados de las menores en distintos momentos, en febrero y mayo de 2019. Aunque los detuvieron agentes de la Patrulla Fronteriza, fueron liberados mientras avanzaban sus procesos migratorios. Les funcionó su ‘pasaporte’: las menores que estaban bajo su cuidado.

Pero una vez que cruzaron hacia EEUU, esas niñas guatemaltecas jamás vieron el ‘sueño americano’ que tanto les prometieron. La adolescente de 17 años que emigró con Choc Laj fue obligada a trabajar en una empresa de construcción y en una fábrica de Florida, así como para una compañía de limpieza en el norte de Illinois.

Durante al menos tres meses, la adolescente fue el único sustento en el hogar donde ya vivía la pareja, la otra niña que cruzó con Ac Salazar y un bebé que el matrimonio tuvo a finales de 2019. Jamás le dieron un centavo, alegando que debía “mucho dinero” por el coyote que la llevó hasta la frontera.

Tampoco la dejaron estudiar, solo le permitían salir a trabajar, retuvieron su pasaporte y documentos personales para evitar que escapara, y le impidieron comunicarse con sus familiares en Guatemala.

A ella y a la otra menor, de 11 años, las forzaban a limpiar la casa, lavar ropa, cocinar y encargarse por completo del bebé (alimentarlo, cuidarlo y cambiarle el pañal). Cumplían por temor a que les pegaran. A los demás les decían que la adolescente era una “sobrina” y que la niña era hija “adoptiva” de Ac Salazar.

Casos como estos siguen ocurriendo en un país que en los últimos diez años ha recibido a más de 460,000 menores no acompañados provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. El año pasado, el éxodo de niños que viajan solos alcanzó su máximo histórico: 76,038 casos en la frontera.

PUBLICIDAD

Del 1 de octubre de 2019 al 31 de agosto pasado, más de 26,700 niños fueron detenidos tratando de cruzar a EEUU, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este flujo migratorio ha vuelto a subir tras una caída en los registros por la pandemia. Los números están creciendo paulatinamente, pasando de 712 casos en abril a 2,982 en agosto.

“En nuestra experiencia, muchos niños indocumentados son víctimas de servidumbre y se ven obligados a trabajar para pagar las deudas impuestas por traficantes de personas (coyotes), pero no los identifican como sobrevivientes de la trata de trabajo infantil, sino simplemente como niños cruzados ilegalmente o menores no acompañados”, advierte un informe de la organización Freedom Network USA.

“Es importante recordar que los casos de tráfico sexual infantil y tráfico laboral infantil a menudo se cruzan”, advierte el grupo con sede en Washington DC. “Muchos niños sobrevivientes de la trata laboral sufren agresión sexual, contacto sexual abusivo o incluso violación por parte de sus traficantes”.

En bares, campos y prostíbulos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 152 millones de niños de entre 5 y 17 años fueron obligados a trabajar en 2017 en todo el mundo. No está claro cuándo incidentes ocurren en este país, pues el Departamento del Trabajo de EEUU no tiene estadísticas relacionadas con este problema.

La única cifra disponible la obtuvo la organización Polaris, que ayuda a sobrevivientes de trata laboral y sexual, a través de más de 50,000 casos que atendió en los últimos 13 años. En un reporte reciente afirma que detectó casi 6,000 casos de menores que fueron explotados en EEUU y advierte que los inmigrantes hispanos son particularmente vulnerables.

PUBLICIDAD

“La promesa de una ‘vida mejor’ impulsa y atrae especialmente a todos aquellos que en sus propios países no tienen las condiciones para salir de la pobreza o que se ven obligados a huir por la violencia”, menciona Polaris. “Muchas personas aceptan trabajos en condiciones infrahumanas, con sueldos bajos, y son propensas a los abusos y susceptibles a maltratos por parte de los empleadores”, subraya.

Esta organización detectó 3,074 incidentes (38.6% del total, incluyendo víctimas adultas) en los que niños trabajaban en “servicios de acompañante”, como identifica los casos en los cuales los obligan a prostituirse en “fiesta privadas” o en cuartos de hotel. También descubrió 1,051 casos de “trata sexual residencial” (43% del total), refiriéndose a la explotación sexual que ocurre en burdeles clandestinos.

Las cifras de Polaris señalan que entre diciembre de 2007 y abril pasado registró miles de denuncias de menores que eran forzados a laborar en distintos sectores, como negocios ilícitos de masajes (579 casos), bares y cantinas (395), trabajo doméstico (161), actividades ilícitas (136), restaurantes (120), la agricultura (57), construcción (53), jardinería (22), servicios comerciales de limpieza (22) y fábricas (17).

Incluyendo niños y adultos, la organización lamenta que los inmigrantes de México y de países del Triángulo Norte de Centroamérica predominan “en este trágico conteo de víctimas”.

“Hay circunstancias en las que los niños son introducidos ilegalmente a Estados Unidos; posteriormente, los contrabandistas les cobran el pago de la deuda por su viaje y a menudo agregan tarifas e intereses exorbitantes”, expone el reporte de Freedom Network USA.

PUBLICIDAD

Después de ser explotados en los hogares a los que llegan, “estos niños son obligados a trabajar para pagar estas deudas o sus familias en sus países de origen probablemente enfrentarán las consecuencias”, señala el grupo.

Advierte que los niños explotados son menos propensos que los adultos a denunciar lo que les está pasando y, a menudo, quienes abusan de ellos les advierten que si se acercan a las autoridades los deportarán. Por si fuera poco, ellos experimentan un traumatismo psicológico a un nivel más profundo.

“Los niños indocumentados, en particular, pueden desconfiar de las figuras de autoridad debido a sus experiencias en sus países de origen con figuras de autoridad corruptas y violentas, o pueden temer a las autoridades de Estados Unidos debido a su estatus migratorio”, expone la organización.

Freedom Network USA recomienda a las autoridades estadounidenses apoyar políticas, proyectos de ley y servicios que protejan a los niños víctimas de trata; ampliar el acceso a los servicios y la protección para los menores sobrevivientes de estos delitos; procurar la reunificación con sus familiares; y evaluar los casos de trabajo infantil forzado entre quienes están en los albergues migratorios.

Cómo se descubrió el abuso en Illinois

El caso de las menores guatemaltecas explotadas en el norte de Illinois se descubrió en febrero pasado, cuando la Policía de Aurora investigó una denuncia de abuso infantil.

Una mujer que un tiempo cuidó a la bebé de la pareja acusada marcó al 911 porque la niña de 11 años que vivía con ellos se refugió en su casa después de que le pegó Ac Salazar, quien decía la había adoptado en Guatemala. Ella tenía marcas en el brazo y la pierna. El hombre terminó confesándole a los detectives que sí la había golpeado con un cinturón y con el cable de un cargador de teléfono.

PUBLICIDAD

Ac Salazar y su esposa fueron arrestados por cargos de asalto agravado. Las dos niñas que trajeron de Centroamérica y el bebé de la pareja quedaron bajo el resguardo de las autoridades.

Una vez que los investigadores hablaron con las menores, descubrieron que habían pasado un infierno durante casi un año y que prácticamente eran esclavas del matrimonio.

La adolescente, identificada como ‘Víctima A’, reveló que Ac Salazar le consiguió tarjetas de residencia permanente y de seguro social falsas para forzarla a trabajar en este país. Contó que haciendo trabajos de limpieza le pagaban 360 dólares semanales, pero ellos le quitaban sus cheques para comprar comida y pagar los gastos de la casa.

Ella relató que también le advertían constantemente que si salía de la casa la “agarraría la Policía” en la calle porque era indocumentada. Una vez trató de estudiar, pero “la hicieron trabajar”.

La niña de 11 años, por su parte, denunció que le pegaban además con una antena y dijo que conoció a Ac Salazar pocos días antes de emigrar a EEUU. Ambos fueron detenidos por agentes fronterizos en El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2019, y los liberaron poco después gracias a la menor.

Los oficiales aduanales le creyeron que era su hija adoptiva, aunque presentó un acta de nacimiento que falsamente lo identificaba como el padre biológico y que tenía fecha del 30 de abril de ese año, es decir, fue elaborada solo diez días antes de que llegaran a la frontera.

La otra acusada, Choc Laj, sigue detenida desde febrero, mientras que Ac Salazar cumplió ya una condena de siete meses de cárcel por golpear a la menor. Al ser liberado el 14 de septiembre, agentes federales tomaron su custodia por el caso relacionado con la adolescente que forzaron a trabajar. La acusación también cita a su esposa. Ellos enfrentan una condena de hasta 20 años de prisión.

<b>María, una guatemalteca de 27 años,</b> fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que 
<b>actualmente no tiene ningún caso de MPP,</b> aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México 
<b>deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos.</b> Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: 
<b>"Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento",</b> se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, 
<b>"la gente no quiere intentarlo más".</b>
Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. 
<b>"El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado",</b> dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
<br>
"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero 
<b>ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". </b>Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero 
<b>en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".</b>
Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
1 / 11
María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Imagen Almudena Toral/Univision
En alianza con
civicScienceLogo