Los 100 niños que limpiaban la sangre de animales de los pisos: la explotación laboral infantil que nadie vio

La investigación enfocada en una empresa que contrató a menores migrantes para limpiar procesadoras de carne es solo la punta del iceberg de un problema que ha crecido en años recientes. Casi 4,000 niños extranjeros realizaron trabajos peligrosos y en jornadas extenuantes en 2022, esto es 69% más que hace cinco años, según un informe del gobierno federal.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
Desde 2015, han aumentado los menores y las empresas como procesadoras de carne, fábricas de piezas de autos o hasta McDonald’s, que violan las leyes de trabajo juvenil, especialmente permisivas con trabajos agrícolas. Te explicamos qué pueden y qué no pueden hacer los niños que trabajan en EEUU. Sigue las últimas noticias en Univision.
Video Trabajo infantil en EEUU: las irregularidades a las que son sometidos muchos niños inmigrantes

El caso de explotación laboral de adolescentes migrantes que ha puesto en jaque a la administración de Joe Biden, al exponer que este problema incluso ha resultado en la muerte de doce menores desde 2017, se inició por una denuncia que apuntaba a una procesadora de carne en Grand Island, Nebraska.

Funcionarios del Departamento del Trabajo abrieron el caso el 24 de agosto de 2022 y una semana más tarde vigilaron esa instalación para observar a los trabajadores que llegaban cada noche a limpiar los pisos empapados de sangre y recoger restos de animales que quedaban debajo de las máquinas.

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Su primer reporte advertía que habían visto a empleados que “parecían ser menores de edad, debido a su estatura y apariencia”.

Para verificarlo, volvieron a esa planta con órdenes judiciales y cámaras fotográficas. Fue una inspección sorpresa que incomodó a los supervisores de la empresa Packers Sanitation Services Inc (PSSI).

“No tengo nada que ocultar, lo que sea que sucedió antes de comenzar a trabajar con la empresa, no lo sé”, dijo uno de ellos durante el recorrido de los oficiales federales, según se lee en un reporte que se incluye en una demanda que el Departamento del Trabajo interpuso contra PSSI.

El caso fue sometido en el Distrito de Nebraska de la Fiscalía federal y se resolvió a mediados de febrero, cuando la contratista aceptó pagar una multa de 1.5 millones de dólares por haber empleado a 102 menores, de 13 a 17 años, para limpiar 13 procesadoras de carne en ocho estados.

Un menor migrante fue fotografiado por inspectores laborales mientras limpiaba el piso de una procesadora de carne en Grand Island, Nebraska.
Un menor migrante fue fotografiado por inspectores laborales mientras limpiaba el piso de una procesadora de carne en Grand Island, Nebraska.
Imagen Departamento del Trabajo


El caso de PSSI es solo la punta del iceberg. El Departamento del Trabajo informó que casi 4,000 niños migrantes han sido explotados laboralmente en este país el año pasado, lo que significa un aumento del 69% desde 2018. El problema creció durante los gobiernos de Trump y de Biden, cuando miles de menores cruzaron solos la frontera y se integraron a la fuerza laboral para pagar las cuotas de los coyotes que los trajeron desde Centroamérica, mantenerse aquí y enviar dinero a sus familias.

Más de 800 empresas aprovecharon esa mano de obra barata e incluso pusieron a esos adolescentes a realizar trabajos muy peligrosos, según el gobierno federal.

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Una investigación del periódico The New York Times fue más explícita y puso los reflectores sobre más de 100 niños migrantes que se dedicaban a lavar platos, repartir comida, hornear pan, construir casas, lavar sábanas de hoteles, confeccionar prendas de vestir y fabricar autopartes.

Estos menores usaban permisos de trabajo falsos que ocultaban sus verdaderas edades y nombres. En tanto, quienes los recibían en EEUU les exigían trabajar, el gobierno no tomó el problema con seriedad y las empresas evitaron sanciones culpando a sus contratistas, según el reportaje del Times.

El diario neoyorquino afirma que algunas compañías cuyos productos fueron hechos con trabajo infantil son Ben & Jerry's, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, Walmart, Whole Foods y Target.

En respuesta a la investigación del Times, la administración Biden anunció que implementará acciones más agresivas para combatir este tipo de explotación laboral y advirtió que se enfocará en las empresas que se están beneficiando del problema.

Su iniciativa incluye realizar nuevas investigaciones en zonas del país donde se registran más casos y plantea solicitarle al Congreso que aumente las multas. Actualmente, si se verifica la infracción, deben pagar 15,000 dólares por cada menor que hayan contratado indebidamente.

“Todos los niños de este país, independientemente de sus circunstancias, merecen la protección y el cuidado que esperaríamos para nuestros propios hijos”, dijo en un comunicado Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, una dependencia que el año pasado recibió a más de 130,000 menores no acompañados, tres veces más que hace cinco años.

Del trabajo nocturno a la escuela

Pero el trato que recibieron esos 102 adolescentes que estaban en la nómina de la empresa PSSI no era precisamente el más digno. A pesar de sus rostros y cuerpos infantiles, sus supervisores les exigían trabajar tan duro como sus compañeros adultos y enfrentar los mismos riesgos.

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Algunos menores dijeron en las entrevistas con los inspectores que limpiaban las procesadoras de carne de 11:00 pm a 7:00 am, sin tener un solo día de descanso. Otros revelaron que se habían quemado las manos con los químicos o que dejaron de estudiar por cansancio.

“Debes estar preparado para soportar temperaturas extremas y cambiantes de caliente a frío, resistir la humedad y trabajar con químicos”, advertía un video de PSSI que veía el nuevo personal.

“Tienes que trabajar alrededor de peligrosas máquinas, usar químicos potentes, trabajar en las alturas y mantenerte alerta todo el tiempo”, agrega la grabación, que esta semana seguía en YouTube.

Un adolescente empuja restos de animales en una planta en Worthington, Minnesota.
Un adolescente empuja restos de animales en una planta en Worthington, Minnesota.
Imagen Departamento del Trabajo


Además de las entrevistas, los oficiales del Departamento del Trabajo verificaron las edades de estos menores solicitando registros en las escuelas a las cuales acudían. Varios estaban inscritos en la preparatoria Grand Island Senior y en la secundaria Walnut, en Nebraska, que están a pocas millas de la planta. Marcaban su salida laboral y se iban directo al instituto. Por eso se dormían en clase.

Uno de ellos, identificado como ‘Niño B’, confesó que lo contrataron cuando tenía 14 años, que su jornada era de 11:00 pm a 5:00 am y afirmó que trabajaba hasta seis días de la semana. Su labor era limpiar máquinas “usadas para cortar carne”. Lo hizo desde diciembre de 2021 y hasta abril de 2022, mientras estuvo matriculado en la escuela Walnut.

El reporte del inspector indica que este adolescente le dijo que “se queda dormido en clase o falta a la escuela” por los desvelos, y que además “sufrió lesiones por quemaduras con químicos”. Un escaneo facial que comparó las fotos de sus credenciales de empleado y de estudiante, verificó su verdadera fecha de nacimiento.

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Otro menor dijo que también se había lastimado con los químicos. Él tomó el trabajo cuando solo tenía 13 años. En su momento fue el más pequeño de todos. Su tarea, describió, consistía en limpiar un piso que solía estar teñido de sangre. Su horario era de 11:00 pm a 7:00 am, aunque a veces salía a las 5:00 am y podía dormir unas horas más. También revisaron sus credenciales del trabajo y la escuela. En ambos sitios puso a la misma persona como contacto de emergencia.

La preparatoria Grand Island Senior, en Nebraska.
La preparatoria Grand Island Senior, en Nebraska.
Imagen Google Earth


Cuando los inspectores recorrían la planta de Grand Island escuchaban con dificultad lo que les decían estos adolescentes, debido al ruido de la maquinaria. A pesar del vapor por el agua caliente que limitaba su visibilidad, pudieron identificar a los empleados con rostros infantiles y los fotografiaron.

‘Niño I’, como lo registraron en el informe, dijo que hacía poco había dejado de asistir a la preparatoria porque “estaba cansado y estaba trabajando”. Con base a los reportes laborales y los de su escuela se determinó que había tomado el empleo en PSSI desde que tenía 17 años.

Cuando estaba a punto de concluir la jornada laboral, ya por la mañana, los inspectores se acercaron a un empleado “que parecía ser menor de edad”, indica el reporte del Departamento del Trabajo.

Fue evasivo: solo les dio un número de teléfono y un correo electrónico. “Negó estar inscrito en la escuela y se fue de la entrevista alegando que su transporte lo estaba esperando”. Más tarde confirmaron que también era alumno de la preparatoria Grand Island Senior High y que tenía 17 años cuando comenzó a trabajar en el tercer turno, el 13 de octubre de 2022.

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Otro menor explotado, ‘Niño M’, fue entrevistado en la planta y afuera de la preparatoria Grand Island Senior, donde confesó que tenía 17 años y que desde hacía varias semanas limpiaba el matadero. “También admitió que ‘muchos otros’ estudiantes también trabajan para PSSI”, señala el reporte.

Hasta la publicación de esta nota, funcionarios de las Escuelas Públicas Grand Island no respondieron a las preguntas enviadas por Univision Noticias sobre qué medidas estaba implementando para identificar y ayudar a estos estudiantes. Por error, una empleada del distrito envió un correo electrónico interno a este medio, en el cual indicaba que no estaban respondiendo los cuestionamientos de la prensa.

“Amablemente decimos que no y (el apellido de un empleado) usará el mismo lenguaje que ha usado con otras solicitudes similares”, se leía en el email.

Otro empleado con aspecto de adolescente trabaja en la planta de Grand Island.
Otro empleado con aspecto de adolescente trabaja en la planta de Grand Island.
Imagen Departamento del Trabajo

Los alumnos de la Marshall Senior

Los inspectores del Departamento del Trabajo también fueron a la procesadora de carne Turkey Valley Farms de Minnesota y descubrieron que algunos trabajadores eran alumnos de la preparatoria Marshall Senior, que está a solo 2.9 millas de dicha instalación.

El ‘Niño S’, como lo identifica el gobierno federal, reveló que llevaba ocho meses limpiando la planta y que había comenzado desde que tenía 16 años. Durante el período escolar su jornada era de 10:00 pm a 4:00 am y se extendía dos horas más en las vacaciones de verano.

Por su parte, el ‘Niño T’, fue entrevistado en la Marshall Senior, dio su fecha de nacimiento real y admitió que le habían dado trabajo cuando tenía 17 años. Dijo que en “todos sabían” que era menor.

Preparatoria Marshall Senior en Minnesota.
Preparatoria Marshall Senior en Minnesota.
Imagen Google Earth


El superintendente Jeremy Williams, a cargo de la Marshall Senior y otras escuelas, aseguró que estaban apoyando a estos alumnos migrantes, pero no especificó qué tipo de ayuda les han ofrecido.

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“Las Escuelas Públicas Marshall se toman en serio la seguridad, la protección y el bienestar de nuestros estudiantes y nuestro personal trabaja en estrecha colaboración con los alumnos y las familias para garantizar que tengan todo el apoyo que podamos brindar”, dijo Williams en una breve declaración enviada a este medio.

DHS investiga tráfico laboral, según reporte

El hecho que varios menores migrantes de una misma escuela trabajaran limpiando estas procesadoras de carne, ha despertado sospechas de las autoridades migratorias.

De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga si al menos 50 de estos adolescentes fueron víctimas de tráfico laboral, es decir, que los trajeron específicamente a trabajar a esos sitios, informó NBC News a mediados de enero citando fuentes anónimas.

Algunos niños de Grand Island, Nebraska, han sido entrevistados por agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), según el mismo medio.

Pero hasta ahora la contratista PSSI, que tiene más de 17,000 empleados en 700 sitios del país, no enfrenta ninguna acusación criminal y se ha deslindado de cualquier otra irregularidad.

Su vocera Gina Swenson dijo a NBC News que HSI no se había comunicado con la empresa.

“Siempre hemos tomado medidas rigurosas para cumplir con la ley, incluido el uso del sistema E-Verify (que revisa la legitimidad de los documentos que presenta un solicitante de empleo) del gobierno para las nuevas contrataciones, una amplia capacitación para todos los gerentes de contratación, múltiples auditorías y el uso de datos biométricos”, señaló la portavoz.

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Lo que dice Swenson contrasta con lo que describen los oficiales del Departamento del Trabajo que visitaron la planta de Grand Island. En su informe aseguran que los gerentes y supervisores de PSSI “intentaron frustrar o manipular la recopilación de evidencia de múltiples maneras”.

Señalan que les pidieron varias veces que no tomaran fotos y trataron de “obstruir” las entrevistas. Citaban como ejemplo que un encargado habló con empleados que “parecían ser adolescentes” y cuando el inspector se acercó ellos le dijeron “que ya habían sido entrevistados y se negaron a dar sus nombres”.

En otras ocasiones, los representantes de PSSI escucharon entrevistas que debían ser privadas o se acercaron lo más posible tratando de oír qué decían los menores. Su esfuerzo fue en vano.

Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Imagen Departamento de Justicia (DOJ)
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