Gobierno de Trump busca endurecer su máquina de deportaciones con un registro de indocumentados

El gobierno de Donald Trump anunció este martes que quiere crear un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados. En su anuncio, advierte que de no compartir los datos podrían enfrentar penas de prisión o multas, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

La secretaria del departamento, Kristi Noem, dijo que el registro le permitirá al gobierno “rastrear a los extranjeros indocumentados y obligarlos a abandonar el país voluntariamente”.

Noem aseguró que esta ley proviene de 1940 y que es reimplementada para cumplir con la promesa de deportaciones masivas del presidente Trump.

“El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si se van ahora, podrán tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, dijo un portavoz del DHS en el comunicado.

El DHS no ha publicado el formulario online. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) asegura que el departamento lo hará público “pronto”.

Este registro suma una herramienta más a la campaña que ha puesto en marcha el gobierno de Trump para detener y deportar a inmigrantes indocumentados a gran escala. A todos los ha puesto en su mira, incluyendo a aquellos sin antecedentes criminales graves.

Su administración revivió recientemente un modelo dentro del programa 287(g) frenado hace más de una década en medio de casos de discriminación; abrió la puerta a la detención de indocumentados en lugares sensibles como escuelas e iglesias; rastreará a los menores que entraron al país solos para potencialmente deportarlos y planea revivir el Título 42 que permitió la expulsión acelerada de migrantes, entre otras medidas que suele publicitar en sus redes sociales.

¿Quiénes espera el gobierno que se registren?

El sitio web de USCIS pide en su anuncio que se registren los extranjeros con 14 años o más, a quienes no se les tomaron huellas dactilares cuando aplicaron a una visa y tienen 30 días o más en Estados Unidos. El gobierno asegura que una vez que se hayan registrado y se le hayan tomado las huellas, el DHS emitirá una prueba o certificado.

Sin embargo, USCIS aclara que este registro no otorgará en ningún caso un estatus migratorio. Tampoco servirá para conseguir un permiso de trabajo ni ningún otro derecho o beneficio bajo las leyes estadounidenses.

El origen

La Ley de Registro de Extranjeros de 1940, también conocida como la Ley Smith, marcó la primera vez en que Estados Unidos exigió a los no ciudadanos registrarse en la oficina de correo postal que tenían más cercana. Fue aprobada poco antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y los únicos excluidos de esta provisión fueron los diplomáticos. El objetivo principal fue el de identificar a potenciales amenazas a la seguridad nacional.

En la página de los archivos del gobierno se cuenta que el fiscal general Robert Jackson la justificó por los "críticos momentos de nuestra historia" y por considerarlo un "momento esencial para nuestra defensa nacional". La ley fue catalogada como inconstitucional por varias de sus provisiones, entre ellas, que convirtió en un delito promover el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos con el uso de la violencia.

La medida está basada en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la 262, que no había sido implementada desde hace décadas.

El Centro Legal Nacional para la Inmigración aseguró en su página web que las provisiones de la orden ejecutiva anunciada por el gobierno de Trump este martes están basadas en "históricos ejemplos vergonzosos que requirieron registrarse basados en la raza y la nacionalidad". Reclaman que "es confusa" porque actualmente no existe ningún proceso universal y separado para el registro de no ciudadanos en Estados Unidos.

"La administración Trump quiere utilizar leyes obsoletas como una puerta trasera para criminalizar a las personas por ser indocumentadas. Además, podrían usar el registro para detener y deportar a personas con estatus temporal, incluidas personas que ingresaron con paroles de la era Biden", condenan.