Coalición presenta moción para defender la constitucionalidad del 'Dream Act' de Texas

Una coalición integrada por tres organizaciones civiles presentó una moción para defender la constitucionalidad del Dream Act en el estado de Texas, afectada por una reciente decisión del fiscal general de ese estado, Ken Paxton, quien firmó un acuerdo de consentimiento con el Departamento de Justicia (DOJ).

El pasado 4 de junio el Departamento de Justicia (DOJ) demandó al Estado de Texas para bloquear la Ley Dream Act de Texas, una ley de matrícula universitaria estatal vigente desde hace 24 años. Inmediatamente después de que el DOJ presentara el recurso, “y sin tiempo para que las personas afectadas expresaran sus preocupaciones sobre la acción, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, firmó un acuerdo de consentimiento con el gobierno federal”, explica un informe del National Immigration Law Center (NILC).

El grupo, integrado por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Democracy Forward, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el bufete Lynn Pinker Hurst & Schwegmann, con sede en Dallas, presentó la moción el martes para intervenir en el litigio federal en curso.

La demanda fue interpuesta en nombre de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Austin (ACC) y el estudiante de posgrado Oscar Silva.

Antecedentes del caso

NILC explica que en 2001 el gobernador Rick Perry firmó la Ley Dream de Texas, una iniciativa aprobada con apoyo bipartidista que garantiza el acceso a la matrícula estatal y a la ayuda financiera para las personas (incluidos los no ciudadanos, los residentes permanentes y los titulares de visas) que se gradúen y completen al menos tres años de estudios en las escuelas preparatorias de Texas.

De acuerdo con el acta, los dreamers deben firmar una declaración jurada en la que declaran que solicitarán la residencia permanente tan pronto como tengan la vía legal para hacerlo. “La Ley Dream de Texas reconoce que los dreamers forman parte de nuestras comunidades, que invierten en Texas y que, cuando los estudiantes pueden cursar estudios superiores, el estado continúa prosperando”, precisa el informe de NILC.

Los dreamers o soñadores son inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular antes de cumplir los 16 años. En 2012 el entonces presidente, Barack Obama, en respuesta a la inacción del Congreso con el tema de la reforma migratoria, aprobó el programa DACA que otorgó a miles de dreamers un amparo de deportación y una autorización de empleo.

En la actualidad DACA ampara del arresto y la expulsión a unos 530,000 dreamers, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Miles en la incertidumbre

A principios de junio un juez federal de Texas derogó una ley que favoreció durante dos décadas a jóvenes extranjeros. El fallo fue en respuesta a una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia. La sentencia dejó ca miles de estudiantes indocumentados sin acceso a precios reducidos en la matrícula de las universidades públicas de Texas, como tienen los estudiantes que residen legalmente en ese estado fronterizo con México.

La Texas Dream Act permitía que estudiantes indocumentados tuvieran acceso a ayudas financieras, siempre que demostraran haber vivido en el estado durante al menos un período de tres años y haberse graduado en una escuela secundaria local.

El juez de distrito, Reed O’Connor, quien firmó la sentencia, dijo que la citada cláusula era inconstitucional. “Las disposiciones impugnadas, en su aplicación a extranjeros que no se encuentran legalmente en Estados Unidos, violan la Cláusula de Supremacía y son inconstitucionales e inválidas”, precisó en la sentencia.

NILC dijo que los poco más de 21,000 estudiantes que habían firmado declaraciones juradas de matrícula estatal representaban el 1.5% de los estudiantes matriculados en colegios y universidades públicas de Texas e instituciones relacionadas. Y que estos estudiantes “contribuyen significativamente a los ingresos fiscales generales del estado y a la financiación que reciben las instituciones”.

Beneficios perdidos

Las organizaciones que firmaron la moción resaltan que los inmigrantes con título universitario ganan más del doble del salario que los inmigrantes sin título universitario, “lo que equivale a $2,151 dólares adicionales en impuestos por persona afectada”. También señalan que la ley ha beneficiado económicamente a Texas. Y que, sin la ley, “se estima que la economía estatal perdería más de $461 millones anuales”.

Ante esto, advierten, la orden judicial, “aprobada sin el debido proceso, genera una gran incertidumbre tanto para los estudiantes afectados como para las universidades”. Y mencionan que “mientras los estudiantes se preparan para asistir a la escuela en otoño, la incapacidad del DOJ y del fiscal general para defender la Ley Dream de Texas pone en peligro su capacidad para pagar la matrícula y, de repente, sus sueños de obtener una educación superior”.

"La Ley Dream de Texas lo es todo para mí", dijo Oscar Silva, un dreamer texano que busca defender la vigencia de la legislación. "Esta ley ha hecho posible mi educación. Sin ella, la universidad habría estado fuera de mi alcance como estudiante universitario de primera generación”.

Por su parte, Efrén C. Olivares, director legal del Centro Nacional de Derecho Migratorio, dijo que “el aparente abuso del proceso judicial debería alarmarnos a todos. Si la administración Trump y los funcionarios estatales pueden usar este proceso judicial para anular una ley de décadas de antigüedad, adoptada democráticamente, nada les impedirá usar tácticas similares para atacar otras políticas y protecciones civiles”.

A su vez, Tania Chávez, directora ejecutiva de LUPE, dijo que "eliminar la matrícula estatal en Texas no es solo un cambio de política, sino un ataque directo a los jóvenes indocumentados. Esta decisión no solo perjudica a los estudiantes, destruye a las familias, alimenta la ansiedad, obliga a los adolescentes a elegir entre la escuela y la supervivencia y nadie debería ser castigado por intentar construir un futuro mejor".