Proyecto 2025 propone prohibir recurso legal clave para inmigrantes, tal como lo hizo Trump
El denominado Proyecto 2025, (Project 2025), un documento de casi 900 páginas creado e impulsado por la Fundación Heritage de corte conservador, propone cancelar la herramienta discrecional conocida como 'cierre administrativo', restituida por Biden en 2021 que permite a indocumentados que no constituyen una amenaza para la seguridad pública y nacional quedarse en Estados Unidos.
Por:
Jorge Cancino.
El candidato republicano Donald Trump promete llegar más lejos en materia migratoria de lo que logró en su primer gobierno. En su discurso se repite la oferta inconclusa de un muro fronterizo y la restitución de políticas en la frontera que fueron duramente criticadas durante su mandato.
Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables
Los esfuerzos que lleva a cabo la campaña de reelección del expresidente Donald Trump por tomar distancia del denominado Proyecto 2025 chocan con varios de los contenidos del programa conservador, sobre todo en materia de inmigración.
La oficina de prensa del candidato republicano dijo el pasado 30 de julio que, “ha sido muy claro, a lo largo de más de un año en cuanto a que el Proyecto 2025 no tenía nada que ver con la campaña, no hablaba en nombre de la campaña y no debería estar asociado con la campaña ni con el presidente de ninguna manera”.
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Sin embargo, el Proyecto 2025, que el diario The New York Times define “como un conjunto de propuestas políticas conservadoras para un futuro gobierno republicano”, incluye en uno de sus capítulos relacionados con inmigración, cómo debería ser reformado el sistema vigente. E incluso detalla el rol que deberían desempeñar algunas de las agencias que hoy operan bajo el mando del Departamento de seguridad Nacional (DHS), en particular la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El plan sugiere que ICE debe recuperar “su misión principal” para restaurar el estado de derecho, sugiriendo que el ejecutivo, en este caso uno conservador, debe promulgar políticas encaminadas a:
Ordenar que ICE que deje de cerrar casos de inmigración pendientes; y
Aplicar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) tal y como fue redactada por el Congreso.
Para justificar esta recomendación, el Proyecto 2025 asegura que el gobierno de Joe Biden “cerró decenas de miles de casos de inmigración que ya habían sido preparados y estaban programados para un procesamiento de expulsión acelerada o audiencias ante la Corte de Inmigración (EOIR). Pero el documento no explica que más de 350,000 de casos de inmigración que habían sido cerrados por la autoridad discrecional concedida a los jueces de inmigración durante al menos cuatro décadas antes de 2018, ese año los dictámenes favorables fueron revertidos por el gobierno de Trump.
En noviembre del año pasado, el diario The New York Times reportó que la gran cantidad de planes para 2025 de Trump “equivale a un ataque a la migración a una escala nunca vista en la historia moderna de Estados Unidos”. Y que millones de migrantes que viven sin un permiso legal de estadía “serían desarraigados después de años o incluso décadas de haberse establecido aquí”.
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El plan del expresidente incluye redadas masivas, arrestos, grandes centros de detención similares a campos de concentración, revisión ideológica de los solicitantes de visa, cancelaciones de programas como TPS y DACA, parole humanitario, restricciones al asilo, cierre de fronteras, restricciones de viaje y poner fin a la ciudadanía automática a los hijos de padres indocumentados, entre otras medidas antiinmigrantes.
El periódico neoyorquino indicó, citando a Stephen Miller, uno de los principales asesores políticos del expresidente Trump cuando estuvo en la Casa Blanca, que, aunque es posible que el equipo del exmandatario intente renovar las leyes de inmigración, “el plan (para un segundo mandato) fue elaborado para no necesitar nueva legislación sustantiva”.
“Cualquier activista que dude en lo más mínimo de la determinación del presidente Trump está cometiendo un error drástico: Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar la represión migratoria más espectacular”, dijo Miller, quien agregó: “Los activistas legales de la inmigración no entenderán lo que estará pasando”.
En enero de 2018, el entonces secretario de justicia, Jeff Sessions, anunció un plan para, según dijo, descongestionar la Corte de Inmigración (EOIR). Y dentro de ese esquema quitarles a los jueces la discrecionalidad para cerrar casos de inmigración administrativamente.
Tres meses después, en mayo, Sessions firmó un memorando que prohibió a los jueces de inmigración la práctica de cerrar casos de deportación, un beneficio que involucró a miles de inmigrantes sin antecedentes criminales, que no representan una amenaza para la seguridad nacional y tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplicaba desde la década de 1980.
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A esa fecha, el llamado "cierre administrativo" o "cancelación de deportación" había permitido a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), reaccionó en ese momento diciendo que estaba “muy decepcionada con la decisión de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes".
“Hemos aconsejado sobre ese asunto y dado a conocer el punto de vista de las cortes explicando que el cierre administrativo es un método útil para nosotros y poder arreglar nuestros expedientes en una manera más eficaz, especialmente en la época de tantos casos atrasados", dijo la jueza Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.
En ese momento la EOIR tenía acumulados unos 720,000 casos. En abril de este año la cantidad de casos pendientes de resolución sobrepasaba los 3.6 millones.
La herramienta, que en algunos casos frena indefinidamente una deportación, se encontraba desde hacía meses en la mira del gobierno de Trump. "Básicamente (los jueces) legalizaron a la persona que acudía a los tribunales porque se encontraban ilegalmente en el país", había señalado poco antes Sessions. Se estimó en ese momento que unos 350,000 casos habían sido cerrados. Pero con la orden del fiscal general fueron reabiertos y vueltos a programar en la EOIR para seguir adelante con los procesos de deportación.
A mediados de julio del 2021, el gobierno de Joe Biden, como parte de sus compromisos de campaña, restableció la valiosa herramienta discrecional. El fiscal general, Merrick Garland, devolvió a los jueces de inmigración la autoridad para ordenar el ‘cierre administrativo’ en ciertos casos de deportación que había sido eliminada por Sessions en 2018 bajo el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
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“Mientras avanza la reglamentación y excepto cuando un tribunal de apelaciones haya dictaminado lo contrario, los jueces de inmigración y la Junta (de apelaciones de Inmigración -BIA-) deben aplicar el estándar para el cierre administrativo establecido en Matter of Avetisyan”, señaló un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ).
Garland indicó en esa oportunidad que había anulado la decisión de la Junta del 31 de julio de 2018 y devuelto el caso a la Junta para que “proceda de acuerdo con esta opinión”. En la opinión, Garland también dijo que anulaba un segundo fallo emitido por Sessions el 27 de diciembre de 2018, donde concluyó que “el uso de la herramienta de cierre administrativo por parte de los tribunales de inmigración no estaba autorizado”.
La orden de cancelación emitida por Sessions en 2018 señalaba que “el estándar de causa justificada requiere consideración y equilibrio de múltiples factores cuando un extranjero demandado solicita más tiempo para buscar alivio colateral de otra autoridad, por ejemplo, una visa” para permanecer de manera legal en el país. Según Sessions, “en el alivio colateral de inmigración el juez debe considerar, principalmente, la probabilidad de que se otorgue este beneficio y si este afectará materialmente el resultado del procedimiento de deportación”.
Es decir, si el fin del juicio es la deportación de individuo, cualquier procedimiento que afecte ese propósito no debe ser considerado para alterar la causa, dejando no solo a los jueces sin la capacidad para decidir, sino a los inmigrantes en proceso de deportación sin la posibilidad de utilizar esta avenida legal para evitar la deportación de Estados Unidos.
Las transformaciones sugeridas por el Proyecto 2025, de modificar estructuras y funcionamiento del gobierno federal para adecuarlos a un gobierno de línea conservadora, incluyen la eliminación del cierre administrativo de inmigración, tal como lo hizo Trump en 2018, y la aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) tal y como fue redactada por el Congreso.
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“Ya vinos en 2018 que el gobierno de Trump reabrió miles de casos que habían sido cerrados administrativamente. Los fiscales tomaron estos casos para procesar las deportaciones”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“Si el Proyecto 2025 se implementa, los fiscales y los jueces de inmigración tendrán menos discrecionalidad, quizás ninguna, para usar esta herramienta y seguir adelante con la deportación de un extranjero, aunque el precedente jurídico diga que puede quedarse por no ser una prioridad de deportación”, agregó.
De volver a implementarse la prohibición del uso de la herramienta, el número de afectados provocaría una crisis aún mayor que la vista en la Corte de Inmigración y en el sistema migratorio vigente, advierten abogados consultados por Univision Noticias.
“El cierre administrativo es un mecanismo de procedimiento que detiene temporalmente el proceso de deportación ante el tribunal de inmigración. Al cerrar administrativamente el caso, el juez elimina el caso del calendario judicial o del Board of Immigration Appeals”, ha explicado la abogada Rebeca Sánchez Roig, quien durante 15 años fungió como fiscal de inmigración.
Los cierres administrativos, agrega, “han sido supremamente importante para aquellos inmigrantes que están solicitando residencia permanente legal, ciudadanía, visas U o T, u otros visados, y se encuentran en proceso de deportación ante el tribunal de inmigración”.
Sánchez Roig advierte que “al cerrar un caso, la corte le está dando una oportunidad a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a que procese las solicitudes presentadas, y el solicitante está protegido de la deportación”. Si por el contrario el caso es reabierto, como nuevamente se pretende en el Proyecto 2025, esa oportunidad “se elimina”.
