Qué pasó con el pacto entre ICE y el IRS para compartir datos de indocumentados que el gobierno busca deportar

Organizaciones de trabajadores inmigrantes apelaron la decisión de una jueza que rechazó en mayo bloquear un acuerdo entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Rentas Internas (IRS) para compartir información de inmigrantes indocumentados que el gobierno de Donald Trump busca deportar.

La jueza federal de distrito Dabney Friedrich les denegó el 12 de mayo poner un freno judicial para, en la práctica, evitar que el IRS compartiera con ICE datos de inmigrantes indocumentados que presentan sus declaraciones de impuestos con un número de identificación personal de contribuyente (ITIN).

Aunque la jueza dio luz verde a que continuara el proceso para que el IRS ayudara a ICE a corroborar la dirección o diera la dirección más reciente de algunos inmigrantes, se desconoce públicamente si ambas agencias ya están compartiendo esa información. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió de forma concreta a una consulta de Univision Noticias sobre el tema. El IRS tampoco contestó.

En medio del caso judicial, el gobierno había revelado hace unos meses un memorándum sin precedente con un marco inicial sobre cómo ICE y el IRS compartirían la información. En el centro del debate estuvo cuál era el objetivo del pacto.

Las organizaciones demandantes argumentaron que el acuerdo representaba una herramienta más dentro de los cada vez más agresivos esfuerzos del gobierno de Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes a gran escala, incluyendo a algunos sin antecedentes criminales y con casos en curso en las cortes de inmigración.

El gobierno aseguró que pediría los datos de inmigrantes bajo una investigación criminal, sobre todo bajo la Sección 1253 del Título 8 del Código de Estados Unidos, que criminaliza algunas instancias en las que un no ciudadano incumple con salir de Estados Unidos en los 90 días siguientes de haber recibido una orden final de remoción.

La jueza determinó que el memorándum de entendimiento entre esas agencias no viola el estricto Código de Rentas Internas que protege la información personal de los contribuyentes, incluyendo la de quienes que pagan impuestos con un número ITIN. Consideró, además, que "los demandantes no establecieron que es posible que la información del IRS sea usada para 'facilitar el cumplimiento civil de la ley de inmigración'", se lee en su decisión.

Una línea "difusa" entre hacer cumplir normas de inmigración e investigaciones criminales

Más allá de la corte, expertos en Derecho Tributario y organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes advirtieron que el pacto pone potencialmente en riesgo información sensible que los contribuyentes dieron al IRS pensando que jamás sería compartida con otras agencias del gobierno. A los inmigrantes indocumentados en específico se les ha recomendado por años cumplir con el pago de impuestos porque, más adelante, ello puede ayudarles a demostrar buena conducta en procesos para regularizar su estatus migratorio en el país.

"Este acuerdo representa un patrón persistente que difumina la línea entre el cumplimiento de las reglas civiles de inmigración e investigaciones criminales", consideró en un análisis el American Immigration Council.

"Si bien ICE cita una excepción a la confidencialidad cuya intención es que sea usada en asuntos criminales, el inicio del memorándum deja claro que se entró en este acuerdo como parte de la orden ejecutiva del 20 de enero del presidente Trump, que pide a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado tomar 'pasos inmediatos' para identificar, excluir y remover a no ciudadanos presentes de forma ilegal en Estados Unidos. ICE ha estado recuriendo cada vez más a estatutos para avanzar sus metas migratorias", agregó.

A petición de la jueza, el gobierno presentó a la corte este memorándum en su totalidad, sin tapar algunas partes en negro como había hecho en dos ocasiones previas. El objetivo de ese memorándum, se lee, es "establecer los procedimientos y requerimientos para que ICE haga pedidos válidos (...) de las direcciones de personas sujetas a una investigación criminal bajo la Sección 1253 del Título 8 del Código de Estados Unidos u otro estatuto criminal federal".

ICE dará al IRS el nombre y dirección del contribuyente; los años de las declaraciones de impuestos que deben ser revisadas; el estatuto criminal federal por el que se investiga al contribuyente (que no esté relacionado con asuntos tributarios); la fecha de la orden final de remoción y el caso asignado a esa orden; la razón de por qué entregar la información (en este caso la dirección) es pertinente a la investigación; y cualquier otra información que ayude a identificar al contribuyente, como su número de Seguro Social o ITIN.

El IRS recibirá el pedido y revisará que cumpla con la ley; buscará la última dirección conocida de la persona por la que se realizó el pedido de información; y, si la encuentra, se la enviará a ICE.

El memorándum también refleja que, antes de compartir información, ICE y el IRS debían finalizar otro "acuerdo de implementación por separado". Hasta el 9 de julio se desconocía públicamente el estatus de ese segundo acuerdo.

Univision Noticias consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si había sido finalizado este segundo acuerdo de implementación y si estaba siendo ejecutado. También preguntamos si, en caso esté siendo ejecutado, cómo lo está siendo, si de forma amplia o sobre una base caso a caso.

No obtuvimos respuestas concretas a nuestras consultas. Esta fue la respuesta de DHS en un correo electrónico: "El memorándum de entendimiento entre DHS y el IRS fue considerado legal por una corte federal. Llamarlo un sistema de vigilancia es absurdo. El memorándum establece un proceso para garantizar que se proteja la información sensible del contribuyente mientras se permite que las autoridades persigan de forma efectiva violaciones criminales".

Enviamos las mismas preguntas al IRS y, hasta la publicación de esta nota, esperábamos una respuesta.

Qué dicen las organizaciones y qué dice el gobierno

Las organizaciones que habían demandado al gobierno para frenar el acuerdo —Centro de Trabajadores Unidos, Immigrant Solidarity DuPage, Somos Un Pueblo Unidos e Inclusive Action for the City— otra vez están intentando bloquearlo. Pidieron a una corte de apelaciones en Washington DC que revierta la decisión de la jueza Friedrich.

"Al denegar la moción de los apelantes para un mandato preliminar, la corte de distrito determinó que ICE no necesita una orden judicial para obtener las direcciones de los contribuyentes y que el IRS actuó de forma razonable al entrar en un memorándum de entendimiento que interrumpe décadas de prácticas por parte del IRS", se lee en el documento de la apelación.

"Si bien la decisión de la corte de distrito resultará en un daño inmediato para los contribuyentes inmigrantes y sus familias, sus implicaciones se extienden también a todos los contribuyentes, incluyendo ciudadanos, que han confiado en las garantías federales de confidencialidad" de la información personal que proveen a agencias como el IRS, agregó.

El gobierno tiene hasta el 4 de agosto para responder a esta apelación.

En documentos judiciales previos, los abogados del gobierno dijeron que los demandantes "no pudieron presentar alguna acción específica del gobierno que les vaya a dañar". También que las organizaciones "especularon" al considerar que el acuerdo abriría la puerta a que ICE busque los datos de personas pese a que no hayan cometido un crimen.

Millones de inmigrantes indocumentados han pagado por años impuestos al IRS usando un número ITIN, con la confianza de que sus datos personales, como el lugar donde viven, serán confidenciales. No contar con esa salvaguarda haría que muchos de ellos dejen de presentar sus declaraciones de impuestos, lo que a su vez generaría un hueco de $25,000 millones en impuestos sobre la nómina en 2026, de acuerdo con un análisis del Budget Lab de la Universidad de Yale.

Y, más allá de lo económico, expertos han dicho que habría posiblemente errores cuando se analicen conjuntamente los datos del IRS y ICE. "Llevarán a conclusiones incorrectas y sumarán errores administrativos en los esfuerzos de deportación" del gobierno. "No queda claro quién proveerá la supervisión y transparencia necesarias para garantizar que ICE y el IRS están siguiendo prácticas de manejo de información rigurosas", advirtió The Tax Policy Center.

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