1.4 millones de casos: robo de identidad registra máximo histórico y migrantes siguen comprando papeles falsos

Griselda Genchi García llegó a la garita de San Ysidro, California, y solicitó asilo al gobierno de Estados Unidos el 22 de octubre de 2017. Venía de Guerrero, uno de los estados de México más golpeados por la inseguridad. Pasó la entrevista de miedo creíble y le permitieron seguir su viaje hacia Nebraska mientras su trámite migratorio seguía avanzando.

Recién instalada en Nebraska buscó la manera de trabajar, pero supo que en ese momento no podía hacerlo legalmente. Le dieron un mal consejo: pagar para que le hicieran una licencia de manejo y una tarjeta de residente permanente falsas. Algo que se conoce como ‘comprar papeles chuecos’.

La llevaron a un lugar donde producían documentos apócrifos, le tomaron una foto y la colocaron en la imitación de una licencia de manejo de Minnesota, que incluía el nombre y la fecha de nacimiento de otra mujer. También le entregaron una tarjeta con el número de seguro social de la misma persona. Genchi García se enteraría tres años después que estaba cometiendo un robo de identidad.

El 13 de noviembre de 2017, la guerrerense pidió empleo usando los documentos falsos en la empresa Glenn Valley Foods en Omaha. Ahí le entregaron la forma I-9 para verificar que tenía autorización para trabajar en el país. Marcó la casilla que decía era ciudadana estadounidense y aceptó que si mentía vendrían consecuencias judiciales serias.

La mujer renunció el 5 de mayo de 2018 a Glenn Valle Foods y más tarde solicitó trabajo en Job Source USA en Omaha. Esa vez presentó una licencia de conducir de Kansas falsa, que tenía los datos de la misma mujer. En la forma 1-9 volvió a indicar que era ciudadana de este país. En su página de Facebook ella publicó una fotografía en la cual posa con el uniforme de una productora de alimentos.

Genchi García, de 27 años, continuó su engaño hasta que reportaron el delito. La mujer afectada se enteró que habían robado su identidad al presentar sus impuestos y cuando le advirtieran que perdería una beca escolar por los ingresos que alguien más había obtenido en Nebraska.

“La víctima informó que su identidad había sido comprometida después de que su universidad le notificó que había problemas con la ayuda financiera para su colegiatura debido a los ingresos que se obtenían a su nombre y que ella no estaba haciendo”, dijo el fiscal federal Sean Lynch, en una audiencia que se realizó en una corte de Omaha el pasado 14 de enero. Genchi García estuvo presente.

Su caso por robo de identidad y perjurio se presentó en junio de 2020, cuando finalizaba el gobierno de Donald Trump, y fue sentenciada el pasado 28 de abril, ya durante la administración de Joe Biden. Ese día, el juez Michael Nelson le impuso a ella un castigo a dos años de prisión.

- “Si usted no es ciudadana de Estados Unidos, la condena por este delito puede resultar en su expulsión de Estados Unidos… ¿Lo entiende?”, le preguntó el juez en la audiencia en la que se declaró culpable.

“Sí”, respondió en español Genchi García, según la transcripción de la vista.

Un vocero del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo a este medio que esta mexicana aún no estaba bajo su custodia para iniciar su proceso de expulsión a México.

Récord en el robo de identidad

Casos como el de Genchi García siguen llegando a las cortes federales. Este martes se anunció una nueva acusación, la de Ángel Manuel Germán Familia, un dominicano que fue arrestado por utilizar el número social de alguien más y usarlo para tratar de obtener una licencia de manejo de Massachussets.

Otro proceso penal es el de Andrés Jácome Rodríguez, quien durante 20 años usó varios nombres y fechas de nacimiento, así como dos tarjetas de seguro social falsas. A eso se le suman un par de convicciones. Lo deportaron a México dos veces y volvió, hasta que lo arresto la Policía en enero de 2019 por otro delito. Lo turnaron a una corte federal por haber reingresado al país sin autorización y en febrero de 2020 lo sentenciaron a 22 meses de prisión, seguido de tres años bajo libertad supervisada.

Las denuncias por robo de identidad registraron un récord en 2020, con 1.4 millones de quejas, el doble que un año anterior y 16 veces más que en 2001, informa la Comisión Federal del Comercio (FTC).

Fue ese, de hecho, el delito que más observó la dependencia federal. Dentro de esa categoría, hubo 6,161 casos por emisión y falsificación de licencias de manejo, y 9,508 por obtener y fabricar ilegalmente otros documentos gubernamentales (tarjetas de seguro social, green cards, identificaciones). Eso significó un incremento del 23% y 42% respectivamente, comparado con las denuncias de 2019.

El mayor aumento se vio en el trámite y elaboración de pasaportes: 1,395 quejas, 85% más que en 2019.

‘Papeles’ hechos en Asia

Las autoridades han descubierto una nueva modalidad para elaborar documentos apócrifos: los interesados hacen pedidos a bandas de falsificadores de Asia, que las envían a través de paquetería. En 2002, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Cincinnati incautaron 14,504 identificaciones fraudulentas, tales como licencias de manejo, tarjetas de seguro social, pasaportes y visas. Más del 97% de esos documentos provenían de China y Hong Kong.

Esos paquetes iban dirigidos a domicilios en varios estados de EEUU y la mayoría tenían las fotos de menores de edad, que posiblemente usarían las credenciales hechizas para comprar alcohol.

“Sin embargo, la historia puede volverse aún más oscura. Los documentos falsos están asociados con el robo de identidad, el fraude a la beneficencia pública y la trata de personas; y los terroristas los utilizan para evadir las medidas de control de viajes”, advirtió Richard Gillespie, director de la CBP en el puerto de Cincinnati, en un comunicado.

En noviembre de 2019 y marzo de 2020, oficiales aduanales confiscaron más de 2,300 identificaciones apócrifas en Kentucky. Mientras que sus compañeros en el aeropuerto de Dallas, Texas, detectaron más de 2,000 documentos falsos en un período de 18 meses, entre 2019 y 2020. En Memphis, a mediados de marzo de 2020, descubrieron casi 2,000 licencias de manejo y pasaportes que fabricaron en China.

Las autoridades federales advierten que este tipo de credenciales y documentos se venden en el mercado negro por entre 250 dólares y $500. En ciudades con alta población hispana es común que haya al menos una zona donde operan grupos de falsificadores, como el corredor Alvarado, en el oeste de Los Ángeles, California. A pesar de varios operativos que la Policía ha realizado, todavía es común que al caminar cerca del parque MacArthur alguien se acerque para decir en voz baja: “micas”.

Si bien en 16 estados y el Distrito de Columbia se permite que los indocumentados tramiten licencias de manejo, ellos aún necesitan un permiso de trabajo para entrar a la nómina de una empresa. Por eso engrosan industrias que pagan en efectivo, como la construcción y la limpieza de casas. Otros, sin embargo, incurren en el robo de identidad para lograr el objetivo que los trajo a este país: tener un empleo mejor remunerado.

El abogado Alex Gálvez explica que en las cortes de inmigración ocurre algo singular que está relacionado con este asunto. Por un lado, los jueces les preguntan a los solicitantes de trámites migratorios si trabajaron ilegalmente en este país, pero si estos responden que no (aunque sea una mentira) podrían ser considerados una “carga pública”, lo cual termina por afectar sus procesos.

"Las leyes migratorias de Estados Unidos son muy contradictorias", dijo Gálvez, quien advierte que los indocumentados se enfrentan a una larga lista de consensecuencias si usan la información de otra persona para obtener un empleo, que van del fraude hasta perder cualquier posibilidad de legalización.

"Si la persona miente diciendo que es un ciudadano cometió un false claim (hizo una declaración falsa), no hay perdón para eso", subrayó Gálvez.

Un 'laboratorio' en Los Ángeles

Un apartamento de Van Nuys, un barrio en el norte de Los Ángeles, fue transformado en lo que las autoridades describen como un "sofisticado laboratorio" para producir cualquier copia ilegítima. El encargado era Néstor Pérez, de 32 años, quien trabajaba haciendo las imitaciones unas 40 horas a la semana. Sus socios le mandaban por mensaje de texto las fotografías y los datos de los clientes, según una acusación.

El pasado 7 de enero, cuando las autoridades entraron a esa vivienda en la calle Friar, confiscaron 243 identificaciones falsas terminadas, unos 1,000 sellos de autenticación fraudulentos, 14 impresoras, 2 computadoras de escritorio, 3 cortadoras de hojas grandes, una máquina laminadora, un escáner y hasta una luz ultravioleta para verificar las imitaciones de los sellos de seguridad.

Habían copiado 21 pasaportes estadounidenses, 68 tarjetas de seguro social, así como 135 licencias de Puerto Rico, Texas, Georgia, California, Colorado, Nevada, Pennsylvania, Arizona, Mississippi y Nueva Jersey. También elaboraron 11 credenciales de México, Argentina, Perú y Chile.

Los cómplices de Pérez eran Carlos Ayala Hernández, de 45 años, y Miguel Juárez Guerrero, de 24. El segundo fue sentenciado este lunes en una corte federal de Los Ángeles a 30 meses de prisión y el tercero a 20 meses tras las rejas. Pérez se declaró culpable el 12 de abril y su sentencia condenatoria se programó para el próximo 19 de julio.

Esta red criminal operó desde enero de 2016 y hasta el operativo que arrestó a los tres delincuentes en enero. Las autoridades señalan que sus clientes eran de los condados de Los Ángeles y Ventura. Los citaban en los estacionamientos de negocios y restaurantes para entregarles las ‘micas chuecas’.

La prueba de que ganaban bien es que la Policía también les confiscó poco más de 40,000 dólares en efectivo y dos pistolas calibre .9 milímetros y balas, que tenían para defender su lucrativa empresa.