Sin abogados y en México: el muro invisible que enfrentan los centroamericanos que buscan asilo en EEUU

TIJUANA, México.- Diana Vidal y Brenda Ruiz duermen en el mismo albergue de migrantes en Tijuana luego de que el gobierno de Estados Unidos las enviara al otro lado de la frontera bajo el programa 'Remain in Mexico'. Ninguna de estas dos salvadoreñas ha podido encontrar un abogado en San Diego, California, que las represente sin costo alguno en sus peticiones de asilo.

Aunque las autoridades de migración les dan una lista de organizaciones a las que llamar, cuando les contestan el teléfono —si es que les contestan y no caen directo a una operadora en inglés— las respuestas suelen ser las mismas: que no están tomando casos de migrantes en México, porque cruzar la frontera toma mucho tiempo; que están saturados de trabajo, su personal es escaso y deben priorizar; o que pueden remitirlos a privados que les cobrarían.

"Cuando yo fui a mi tercera corte el juez me preguntó por mi abogado y le dije: ‘No tengo, me voy a representar sola’. '¿Estás segura?', me preguntó. Y le dije: 'Sí, segura'", cuenta Vidal, de 32 años y quien huyó por el acoso de las pandillas y la policía de su país a sus dos hijos. Ella llegó a la decisión de no tener abogado luego de hablar por teléfono con cinco defensores legales, y en todos los casos sin una respuesta positiva. "El juez me dijo que tenía 87% de posibilidades de entrar a Estados Unidos con un abogado. El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".

Brenda Ruiz, de 36, cuenta que logró hablar con uno de los que trabaja en una de las organizaciones de la lista. Se ilusionó. Dice que por teléfono le hicieron preguntas, ella habló de su caso y concluyeron que sí aplicaba para el asilo: "Me dijo que si no me representaba él me recomendaba a alguien. Luego me dijeron que buscara a otro abogado que me representara en mi audiencia. Me preguntaron si tenía dinero y les dije que no. Uno se decepciona".

Univision Noticias conversó con más de una veintena de migrantes en albergues en Tijuana y en casi la totalidad de los casos no tenían abogado. Solo fue hallada una persona cuya familia en Estados Unidos contactó a uno por teléfono y corrieron completamente con los gastos para que le ayudaran a resolver el caso de asilo. Él es uno entre 9,000 centroamericanos que han sido retornados por Estados Unidos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) a Baja California, según datos del gobierno mexicano.

"Yo no recibo dinero de nadie", dice Brenda Ruiz, que no puede contratar los servicios de un abogado privado. "En Los Ángeles está mi hermana, pero ella solo me va a recibir, nunca le he pedido nada porque ella no trabaja. Suficiente con la carga de que me tenga en su casa mientras corre mi proceso".

Un informe del Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reveló que entre los 1,155 casos resueltos bajo el programa MPP desde enero a junio de 2019, solo 1.2% (14) se plantaron ante el juez con un abogado. "Sin una representación", concluye el estudio, "las probabilidades de ganar un asilo son pésimas. A lo largo de los años son pocos los solicitantes que han ganado sus casos sin un abogado experimentado que los ayude a preparar y presentar sus casos".

"A veces no es posible hacer tanto"

En ese punto de la frontera en el que están Diana y Brenda, son escasos los abogados que reciben casos de MPP sin cobrar a los migrantes. Sin tener quién los represente, pueden pasar meses en México con fechas de corte pospuestas, una y otra vez en Estados Unidos.

Luis González, abogado supervisor de la organización Jewish Family Services, es uno de los defensores que está representando a migrantes bajo MPP sin costo alguno. Trabaja junto a dos personas acreditadas por el Departamento de Justicia, que pueden acompañar a los migrantes y presentar argumentos ante los jueces de migración aún cuando no son abogados. Pero ese es todo su equipo.

Cuenta que pueden recibir hasta 20 llamadas al día de personas que piden apoyo legal: "Al final, si solo podemos tomar tres o cuatro casos (a la semana) porque eso es lo que puede absorber mi equipo, tenemos que ver cuántos casos tenemos (en proceso). Como a veces llegan muchísimos, tenemos que tomar la decisión de decir quién necesita más la ayuda y en eso nos basamos", explica. "Queremos representar al mayor número de personas, pero a veces no es posible hacer tanto porque mi equipo no es grande".

Por lo general, la llamada con los migrantes dura una hora. En ese tiempo, tratan de explicarles sus derechos, les aconsejan sobre sus casos y responden sus dudas. Entre todas las peticiones escogen a quiénes podrán apoyar sin costo alguno. Y llegar a esa determinación les puede tomar hasta tres semanas. a Procuran dar prioridad a personas que fueron víctimas de crímenes, a quienes tienen problemas médicos o mujeres embarazadas. Entre los casos que definitivamente no toman están los de migrantes económicos: "Se les dice que no creemos que califiquen para ningún beneficio migratorio".

González asegura que no conoce a otra organización en la frontera estadounidense que esté representando probono a los migrantes.

La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que actualmente no tiene ningún caso por MPP, aunque asegura que —según el nivel de éxito— podría tomar unos cinco probono. Son varias las razones por las que no abre más sus listados de servicios gratuitos. Entre ellas, explica, los pocos abogados de su escritorio jurídico están saturados resolviendo procesos de migrantes indocumentados que están en Estados Unidos y sí pueden pagar por los servicios. Habla de los detenidos por redadas, de quienes piden perdones, de quienes quieren regularizar su situación en el país.

Luego asegura que tener que ir a Tijuana puede tomarle un día entero; que el cruce de regreso puede llevar hasta tres horas; y habla de las dificultades para hallar al posible cliente en un albergue e incluso en la calle: "Tenemos que bloquear todo un día para representar a una persona", dice. Asegura que entre sus conocidos, hay algunos voluntarios que no están representando a migrantes bajo MPP sino solo ayudándolos a llenar sus aplicaciones de asilo.

Sin embargo, según la frontera, los abogados se niegan a cruzar por otras razones, como el miedo.

Una ayuda bajo el sol

En la frontera con México, desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, hay ciudades controladas por carteles de la droga. Y esa representa una razón de peso para que los abogados no quieran viajar a México a reunirse con los migrantes que fueron obligados a esperar de ese lado aunque buscan asilo en Estados Unidos.

A inicios de agosto, por ejemplo, fue secuestrado al sacerdote Aarón Méndez, director de la Casa del Migrante AMAR en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por negarse a entregarle a criminales a un grupo de cubanos por el que los delincuentes pedirían rescate. Erbin Ortiz, colaborador del albergue y mano derecha de Méndez, dijo entonces a la agencia EFE que desde el rapto "todos sienten temor y miedo de que los criminales puedan regresar y llevarse a más gente".

"No se trata de violencia callejera. En Nuevo Laredo, en Matamoros, en Juárez los cárteles están vigilando, saben muy bien qué pasa en sus territorios", explica Sara Ramey, directora ejecutiva del Migrant Center for Human Rights. Por eso y porque no tienen la capacidad de tomar un día entero para cruzar es que sus abogados no están asumiendo casos de MPP.

Ramey solo conoce una persona que lo hace en el área de Matamoros, la abogada Jodi Goodwin, que cruza cada fin de semana a pie acompañada por voluntarios y orienta a los migrantes en una plaza pública a 50 pies (15 metros) del cruce fronterizo. "Parece como una manifestación porque hay mucha gente que necesita ayuda, están desesperados", dice.

Goodwin tiene actualmente 13 casos de MPP. Hace una semana eran 16, pero logró que algunos cruzaran por condiciones médicas. Otras familias bajo este programa a las que representa incluyen a personas que huyen por motivos políticos.

Cuando mira los números totales de quienes están bajo el MPP, unas 30,000 personas, ella asegura que se trata de una "tragedia humanitaria". Y como sabe que no puede representar a más inmigrantes ni persuadir a más abogados a que lo hagan, dice que en las visitas de fin de semana procuran dar talleres en los que les enseñan a responder las peticiones del juez y a llenar sus solicitudes de asilo. "Son muy pocos los abogados que están dispuestos a ir a otro país".