Un freno judicial a las deportaciones exprés lleva la pelea de Trump con los jueces a un punto nunca antes visto

Una batalla del gobierno de Donald Trump con jueces que frenan sus deportaciones expeditas se libra actualmente en las cortes de Maryland. Y este 25 de junio se abrió un nuevo capítulo en ella cuando el Departamento de Justicia demandó a cada uno de los jueces federales de ese distrito y a la propia corte.

Esta medida "extraordinaria" del gobierno —así lo han considerado expertos en Derecho— se suma a una pelea en la que el gobierno ha arremetido en contra y desafiado decisiones judiciales en los pasados meses. Y en la que Trump ha cuestionado la verticalidad de algunos jueces y hasta hecho un llamado para que se les destituya, provocando hace unos meses una inusual respuesta del juez presidente de la Corte Suprema.

Muy central en el enojo del mandatario y su gobierno han estado las decisiones judiciales que han frenado temporalmente parte de su agresiva agenda a nivel nacional, a través de lo que se conoce como universal injunctions o mandatos universales. En medio de la molestia con esos mandatos, el gobierno obtuvo el viernes pasado una victoria cuando la Corte Suprema limitó su uso.

En lo que respecta a su demanda contra los jueces federales y la corte de Maryland, el gobierno criticó una inusual orden en la que el juez principal de ese tribunal, George Russell III, frenó de forma automática y por al menos un día la deportación de cualquier inmigrante que rete su expulsión en esa corte.

"A la fecha, las cortes de distrito han colocado más mandatos universales en los primeros 100 días de la administración que en más de 100 años", dijo la fiscal general, Pam Bondi, en el comunicado sobre la demanda contra el tribunal de Maryland.

Los jueces han hecho más uso de estos mandatos universales en los últimos gobiernos, como quedó recogido en un amplio análisis sobre esto en The Harvard Law Review. En el segundo gobierno de Trump se han utilizado varias veces en medio de una acelerada agenda que ha generado dudas entre los jueces a si su gobierno está irrespetando en ocasiones el debido proceso.

"La orden con un mandato automático en la corte de distrito de Maryland es otro ejemplo de una extralimitación judicial ilegal en la capacidad del Poder Ejecutivo de hacer cumplir y administrar la ley federal", continuó Bondi en su comunicado.

En específico, la orden prohíbe que se remueva de Estados Unidos o altere el estatus legal de cualquier inmigrante que presente una petición de habeas corpus y esté localizado en el distrito de Maryland. Debe ser así hasta las 4:00 de la tarde del segundo día laboral desde que se presentó la petición, se lee en el documento judicial.

"El reciente flujo de peticiones de habeas relacionadas con extranjeros detenidos sujetos a una remoción impropia e inminente de Estados Unidos, que han sido presentadas después del horario normal de la corte y en fines de semana y festivos, ha creado dificultades para programar (audiencias) y resultado en audiencias apresuradas y frustrantes en las que ha sido difícil obtener información clara y concreta sobre la ubicación y estatus de los solicitantes", esgrimió el juez Russell III en la justificación de su orden.

El caso de Kilmar Ábrego García en la corte de Maryland

La corte federal de Maryland ha visto uno de los casos migratorios más cuestionados en este segundo mandato de Trump: la deportación por un supuesto "error administrativo" de Kilmar Ábrego García a El Salvador. Su expulsión dio paso a una saga que involucró al presidente Nayib Bukele y su cárcel para terroristas, el Cecot, y a legisladores estadounidenses que fueron al país centroamerica a ver a Ábrego García, y cuyo capítulo más reciente ha sido una acusación por supuesto transporte de indocumentados que se ve actualmente en una corte de Tennessee después de que fuese retornado por el gobierno a Estados Unidos.

En Maryland, la jueza Paula Xinis evalúa posibles sanciones contra el gobierno por no brindar información sustancial sobre qué pasos dio para cumplir con varias órdenes para que "facilitara" el retorno a Ábrego García a suelo estadounidense, una de ellas desde lo alto de la Corte Suprema.

Hacia adelante, los pasos que se den en la demanda del gobierno contra los jueces de Maryland posiblemente sean sin precedente pues, como el gobierno demandó a todos los jueces de esa corte, pidió entonces que el tribunal de apelaciones designe a un juez fuera de ella para que lleve el caso.

Usualmente, cuando una de las partes quiere retar un mandato judicial o un bloqueo a sus acciones lo que hace es apelar ese mandato, no demandar a los jueces y al tribunal, consideró James Sample, profesor de Derecho Constitucional en Hofstra University.

Sample resaltó dos cuestiones. Una es el hecho de que el Departamento de Justicia tiene un punto en el sentido de que un mandato judicial debe ser usado como un alivio extraordinario y no ser concedido de forma automática a una clase de casos. La otra es que fue el propio gobierno el que alentó la orden del juez Russell III en Maryland al mover a los detenidos para evitar que reten judicialmente sus detenciones.

"Los jueces no pidieron ser puestos en esta posición inviable. Teniendo opciones imperfectas ante ellos, tomaron una alternativa razonable y cautelosa de ponerle un freno modesto a un Poder Ejecutivo que está determinado a esquivar cualquier parecido con un proceso imparcial", analizó.

Esta nota contiene información de la agencia AP.

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