¿Veto migratorio parte dos? Cerrar la frontera sur "solo agravará los problemas"

La medida, de ser tomada, posiblemente detonará demandas como las interpuestas durante el veto migratorio de 2017 a varios países de mayoría musulmana. El impacto se sentirá con mayor fuerza en los que huyen y buscan asilo.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Varias familias en Centroamérica manifestaron que hay un rumor de que si viajan con niños será "más fácil" conseguir asilo político en EEUU. Las autoridades aseguran que de los cerca de 90,000 migrantes detenidos durante este año, 50,000 de ellos son adultos que pertenecen a una familia y 40,000 son niños.
Video ¿A qué se debe el creciente número de niños migrantes en la frontera sur de EEUU?

La amenaza lanzada por el presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México para detener la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países y buscan de asilo en Estados Unidos podría ser retada en las cortes tal y como ocurrió en febrero de 2017 con el veto a la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes.

En aquella ocasión y tras una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al menos tres jueces federales bloquearon el polémico veto por lo que denominaron "daño irreparable” causado por la medida, principalmente a refugiados con estatus concedido, así como a titulares de visas vigentes o residentes legales permanentes en Estadios Unidos de los países afectados.

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Algo similar puede ocurrir esta vez, si Trump cumple la amenaza y decide cerrar la frontera con México, un hecho inédito pero que el mandatario viene prometiendo desde hace varios meses en su esfuerzo por imponer su política migratoria de 'tolerancia cero'.

"Las amenazas de Trump en la frontera y el corte de la ayuda a los países centroamericanos (como castigo por no detener las oleadas de inmigrantes en busca de asilo) pueden ser ilegales y, desde luego, una tontería", dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York y coautor de un tratado de 21 leyes de inmigración

Yale-Loehr añade que el mandatario “ha amenazado con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México y cortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras”, pero advierte que “cerrar la frontera puede ser ilegal”, y la suspensión o corte de la ayuda puede ser “una tontería”.

La advertencia

El viernes Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump está reteniendo cientos de millones de dólares de ayuda que el Congreso aprobó para Centroamérica, lo cual podría poner en peligro los esfuerzos para desarrollar una mayor cooperación con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala para detener el flujo de migrantes, según diplomáticos y expertos en ayuda extranjera.

La falta de fondos ya está provocando el recorte de varios programas y el despido de los empleados en la región. La retención de fondos se produce después de repetidas amenazas por parte de Trump de recortar las ayudas para Centroamérica debido a su frustración por el creciente número de migrantes que llegan a la frontera sur.

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Desde mediados de 2013, durante el gobierno de Barack Obama, miles de inmigrantes procedentes del denominado Triángulo del Norte huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y buscan asilo en Estados Unidos. Pero en los últimos meses el número de refugiados es tal que ha puesto en jaque al gobierno de Trump.

Desafío legal

Para Yale-Loehr, “los desafíos legales a una declaración sobre la frontera dependerán de lo que haga el presidente”. Y agrega que, si Trump cierra la frontera y prohíbe el paso a los titulares de tarjetas verdes (greeen card) y ciudadanos estadounidenses, podría generar el mismo tipo de demanda entablada en febrero de 2017, cuando afectó a extranjeros de países de mayoría musulmana.

“La primera versión de la prohibición de viaje del presidente, que prohibía la entrada a Estados Unidos a los titulares de la tarjeta verde y los no inmigrantes de ciertos países, planteó esas preocupaciones”, agregó. “Sobre la base de la crítica pública y los recursos judiciales, el gobierno rápidamente revirtió el curso y eximió a los titulares de la tarjeta verde de la prohibición de viajar”, apuntó.

Yale-Loehr dijo además que "si el presidente Trump emitiera una declaración fronteriza más estrecha, que diga que nadie puede solicitar asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, podría decirse que violaría la Ley de Inmigración que permite a cualquier persona que llega al país solicitar asilo”.

Demandas en proceso

El viernes de la semana pasada Trump amenazó a través de su cuenta de la red social Twitter que “si México no detiene de inmediato TODA la inmigración ilegal que ingresa a Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, la CERRARÉ”.

La amenaza se suma a la orden emitida el 20 de diciembre cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un programa que obliga a solicitantes de asilo esperar en México hasta que sus audiencias estén siendo vistas en las cortes de inmigración.

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Según Yale-Loehr, si Trump ordena cerrar la frontera “no podría detener a todos los solicitantes de asilo, ya que aún podrían intentar ingresar a Estados Unidos ilegalmente o por fuera de los puertos de entrada autorizados”, situación que no detendría la crisis denunciada por el gobierno.

“Cualquier esfuerzo por cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, o cortar la ayuda (a los países centroamericanos) está condenado al fracaso”, dice el profesor de leyes de la Universidad de Cornell. “Es como dejar de financiar la investigación del cáncer con la teoría de que se producirán menos cánceres. Se necesita más ayuda extranjera en Centroamérica para que menos personas de esos países huyan a Estados Unidos”, apuntó.

Yale-Loehr señala además que “Trump ha heredado un problema complejo” y advierte que si el presidente cumple sus amenazas “solo agravará los problemas".

Preparativos en curso

Este lunes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, envió un memorando al Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, indicándole los pasos que la agencia debe tomar para enfrentar la “creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur”.

"El DHS hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin" a la crisis, dijo Nielsen. "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Congreso no actúe, por lo que todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió.

La semana pasada McAlleenan dijo que la crisis humanitaria en la frontera había llevado a la agencia a un punto de quiebre, y urgió al Congreso a tomar medidas inmediatas para permitir la detención y deportación acelerada de migrantes, entre ellos menores de edad.

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Una ley sobre protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA) impide la deportación acelerada de menores que no sean de países fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos. Y un Acuerdo Judicial (Flores) de 1997 prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad. Ambas protecciones legales tienen a Trump con las manos atadas en la frontera.

“Inmediatamente redistribuiremos cientos de agentes del CBP en la frontera para responder a esta emergencia. Buscaremos urgentemente refuerzos adicionales dentro del DHS para aprehender a aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos”, agregó.

Nielsen también instruyó al CBP para que expanda el Protocolo de Protección al Migrante (MPP), programa activado en diciembre que regresa a México a solicitantes de asilo para que esperen al otro lado de la frontera que sus casos sean resueltos por las cortes de inmigración estadounidenses.

Tres meses y medio después de ser separada de su padre en la frontera sur de Estados Unidos tras ingresar ilegalmente al país, Adayanci Pérez Chávez, de 6 años, llegó a Ciudad de Guatemala el 30 de agosto. En la capital la esperaban sus padres, su hermano Dimaria Leonel, de 3 años, y algunas tías y primos.
Las autoridades entregaron a Adayanci a sus padres tras un vuelo desde Michigan, donde la niña estaba bajo custodia de Bethany Christian Services, una agencia contratada por la Oficina de Reubicación de Refugiados estadounidense que la asignó a dos familias de acogida. Según su padre, Hugo Leonel Pérez Mazariegos, lo primero que la niña le dijo al verle fue: "¿Por qué me dejaste?".
Adayanci es abrazada por su tío Edgar Chavez. Tras un viaje de más de seis horas entre la capital y Santa Ana, la localidad natal de la familia Pérez Chávez en el departamento de San Marcos, a la niña le esperaba una cena familiar para celebrar su regreso. Entre lágrimas de emoción por el reencuentro y abrazos a la pequeña, el abuelo encendió fuegos artificiales.
A la mañana siguiente de su llegada, a Adayanci le esperaba la que debía ser una jornada de celebración: sus profesoras y compañeras le habían preparado una fiesta de bienvenida en el colegio. Su madre, Alma Lucerito Chávez, baña a la niña antes de llevarla a la escuela.
Al llegar a su colegio y ver a sus antiguos compañeros esperándola, Adayanci se escondió detrás de su madre y no quería entrar a la escuela. Una de sus profesoras, Corina, la cargó para meterla en la clase. La niña no quería hablar con sus los otros estudiantes y, aunque había compartido las aulas con ellos hacía unos meses, decía que no los conocía.
Dentro de la escuela, la niña se quedó con la mirada perdida y sin hablar, mientras el resto de niños y profesoras trataban de animarla y expresarle palabras de aliento. "Ya no es la niña que dejé de ver hace cinco meses", lamentaba su maestra Claudia al recordar que antes era mucho más activa.
Adayanci es una de las más de 2,500 menores que fueron separados de sus padres en la frontera como parte de la 'política de tolerancia cero' de Donald Trump. La reunificación de la niña con su familia se aceleró después de que una psicóloga le diagnosticara con "estrés postraumático agudo" como consecuencia de la separación.
Alma Lucerito Chávez sostiene en brazos a su hija que se ha quedado dormida en medio de su fiesta de bienvenida en el colegio. "Yo siento mucho coraje porque cómo es posible que le hicieron esto", lamenta. "Lo que yo estoy viviendo con mi hija a los demás no les gustaría eso de sus hijos porque los niños ya no vienen igual. Vienen espantados".
En Michigan, Adayanci vivió con dos familias de acogida. A Guatemala llegó con una maleta y una mochila llena de ropa y juguetes que le regalaron, además fotos de su estancia en Estados Unidos, como esta en la que la pequeña aparece con sus padres de acogida que fue colocada junto al altar de la familia.
Además de no reconocer a algunos compañeros y miembros de su familia y de tener la mirada perdida en ocasiones, Adayanci llora más de lo habitual y se muestra más rebelde de antes de su partida. Sus padres aseguran que se despierta por la noche, a menudo en medio de pesadillas, y, aunque ha vuelto a la escuela, a veces sale antes de la hora. Los especialistas que vieron a la niña en Michigan atribuyen esos comportamientos al trauma de la separación. De no ser tratada adecuadamente, los psicólogos advierten que podría tener secuelas para toda la vida.
Adayanci posa con su abuelo delante de su casa en Santa Ana. Por sus bajos recursos de la familia y por vivir en un lugar alejado de la capital, a los Pérez Chávez les resulta casi imposible tener acceso a un tratamiento psicológico y terapia.
Por el momento, Alma y Hugo, los padres, solo cuentan con la ayuda de su familia y profesoras para que, con cariño y paciencia, Adayanci vuelva a ser la de antes. Ellos tratan de hacerla sentir cómoda preparándole la comida que más le gusta como los tamales.
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Tres meses y medio después de ser separada de su padre en la frontera sur de Estados Unidos tras ingresar ilegalmente al país, Adayanci Pérez Chávez, de 6 años, llegó a Ciudad de Guatemala el 30 de agosto. En la capital la esperaban sus padres, su hermano Dimaria Leonel, de 3 años, y algunas tías y primos.
Imagen Cindy Karp
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