La Corte Suprema escucha argumentos en el caso del reo que pide que un pastor lo toque mientras lo ejecutan
El caso de John Henry Ramírez, cuya ejecución el 9 de septiembre la detuvo la Corte Suprema tres horas antes, podría marcar el patrón de estos procesos en Texas, donde ahora no se permite que el pastor toque al reo mientras le es aplicada la pena capital.
Por:
Cristina García Casado.
La Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos del caso de John Ramírez, quien pide que su pastor le sujete la mano y rece con él mientras es ejecutado. La familia de Pablo Castro, a quien el hispano asesinó en 2004, no se opone a la solicitud, pero pide que la ejecución sea pronto. Una de las preocupaciones es que la decisión del máximo tribunal pueda desatar una ola de demandas con peticiones similares.
Video Un hispano condenado a muerte pide a la Corte Suprema que permita que un pastor le sujete la mano durante su ejecución
La Corte Suprema escucha este martes los argumentos del caso del reo hispano John Henry Ramirez, un caso emblemático que podría afectar a otros similares en Texas, el estado con más ejecuciones de la pena capital.
John Henry Ramírez, de 37 años, estaba a punto de ser ejecutado el 9 de septiembre por la noche cuando, solo tres horas antes, la Corte Suprema detuvo el proceso.
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Texas ha tenido que aceptar suspensiones y aplazamientos de ejecuciones porque los reos invocan su deseo de que un pastor les coja la mano mientras los ejecutan, algo que no permite el estado actualmente.
Esta decisión judicial es la quinta en los últimos dos años en la que la Corte Suprema frena una ejecución en Texas en base a las reglas del sistema de prisiones del estado sobre cómo puede ser el acompañamiento de los consejeros religiosos de los reos mientras mueren.
En los últimos dos meses se aplazaron las ejecuciones de los también hispanos Ramiro González y Rubén Gutiérrez, así como la de Kosoul Chanthakoummane.
El caso de Ramírez pone sobre la mesa el conflicto entre las peticiones de un condenado en base a sus derechos religiosos con la seguridad y el protocolo que los oficiales de prisiones consideran que deben haber durante una ejecución.
Sobre la legalidad de esa escena se pronunciará la Corte Suprema a partir del caso de Ramirez, condenado a pena de muerte por robo y luego asesinato del comerciante Pablo Castro en 2004.
Ramírez había pedido a la dirección de la prisión tener a su pastora junto a él y en contacto mientras lo mataran. Su solicitud fue rechazada y su abogado lo denuncia como un caso de violación del derecho a praticar libremente la religión propia amparado en la Primera Enmienda.
En una breve orden, la Corte Suprema suspendió la ejecución el 9 de septiembre y convocó a escuchar los argumentos orales.
Idas y venidas sobre los acompañantes religiosos en Texas
Durante años, religiosos empleados por el estado de Texas podían acompañar a los presos durante la ejecución. Sin embargo, esos clérigos eran solo cristianos y musulmanes.
El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDJC), tras ese caso, decidió cortar el problema de raíz: prohibió que los consejeros espirituales, de cualquier religión o creencia, acompañaran a los reos durante la ejecución, incluso sus empleados.
Podían, eso sí, estar en la habitación adyacente donde se congregan los familiares, amigos y medios de comunicación.
Pero de nuevo en junio de 2020, la Corte Suprema detuvo otra ejecución en Texas por el mismo motivo: el condenado alegaba que se habían violado sus derechos religiosos.
¿En qué afecta al proceso que el pastor toque al reo?
En esa orden de 2020, la corte pedía a las cortes inferiores que determinaran "si habría problemas de seguridad serios si a un preso se le permitiera tener a su consejero espiritual en su presencia inmediata durante la ejecución".
Este abril, el TDCJ volvió a revisar su política de ejecuciones y permitió de nuevo el acompañamiento del pastor o consejero espiritual en la sala donde se hace la ejecución, con una serie de requisitos: un proceso de verificación, una revisión de antecedentes y una orientación del estado.
Sin embargo, y este es el punto de conflicto en el caso de Ramírez, no permiten que los consejeros espirituales que no trabajan para el TDJC toquen a los prisioneros mientras son ejecutados. Tampoco está autorizado que se rece en voz alta durante el proceso.
El argumento de los funcionarios de prisiones en estos casos es que hay riesgos de seguridad y de que se interrumpa o perturbe el proceso.
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En el litigio, Texas también ha señalado que cree que la petición de Ramírez es una maniobra para tratar de aplazar su ejecución y dilatar el proceso todo lo posible.
El último caso: Ruben Gutiérrez
Lo que decida la Corte Suprema en el caso de Ramírez será clave para otros, como el de Ruben Gutiérrez, de 44 años, el último reo al que el Alto Tribunal ha salvado -por ahora- de la ejecución por el conflicto con el acompañamiento religioso en Texas.
Un juez falló a favor del pedido de Gutiérrez, que alegó que el estado de Texas estaba violando su libertad religiosa al rechazar una solicitud para que su sacerdote le tocara el hombro, orara en voz alta y le diera la extremaunción al momento de ser ejecutado.
Gutiérrez, condenado a la pena capital por matar en 1998 a una mujer hispana de 85 años en Brownsville, Texas, ya consiguió suspender su ejecución en junio de 2020 a una hora de morir también por una apelación para que un pastor estuviera junto a él durante el proceso.
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Ángel Díaz, ejecutado con inyección letal el 13 de diciembre de 2006 en Florida. Después de la primera inyección que se administró en la ejecución, Díaz se movía, entrecerraba los ojos y hacía muecas intentando hablar. Luego se administró una segunda dosis y pasaron 34 minutos antes de que fuera declarado muerto. Con la autopsia se descubrió que los catéteres intravenosos (que habían sido insertados en ambos brazos) estaban mal colocados, por los que los químicos letales se inyectaron en tejidos blandos en lugar venas. Dos días después de la ejecución el entonces gobernador Jeb Bush suspendió temporalmente todas las ejecuciones en el estado y nombró una comisión "para considerar la humanidad y la constitucionalidad de las inyecciones letales".
