Haber desechado el caso contra Trump por los documentos clasificados puede afectar otras investigaciones especiales
La decisión de desestimar el caso en torno al presunto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump, al señalar que el nombramiento del fiscal especial que indagó los hechos fue inconstitucional, podría impactar otras investigaciones al mando de este tipo de fiscales.
Por:
Joshua Holzer* - The Conversation.
La jueza Aileen Cannon desestimó el caso que enfrentaba Donald Trump por los documentos clasificados que fueron encontrados en su vivienda en Mar-a-Lago. Tras conocerse la noticia, el fiscal especial Jack Smith anunció que apelará la decisión. En Línea de Fuego analizamos el fallo de la jueza con ayuda del abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Puedes ver en ViX más contenido gratis.
Video Desestiman el caso de los documentos clasificados contra Donald Trump: analizamos la decisión y su impacto
Aquí te presento cómo el gobierno federal ha utilizado a fiscales especiales en investigaciones de alto perfil a lo largo de los años y cómo el fallo de Cannon, que Smith dijo que está apelando, afectaría los casos actuales y futuros.
Una breve historia de los fiscales independientes
Garantizar la imparcialidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede ser difícil, ya que el fiscal general es designado por un presidente que forma parte de un partido y responde ante él. Esto les da a los presidentes el poder de tratar de influir en el fiscal general para que persiga una agenda política.
El presidente Richard Nixon hizo esto durante la investigación del robo de Watergate, que amenazaba con implicarlo en actos criminales y terminar con su presidencia.
La noche del 20 de octubre de 1973, Nixon ordenó al fiscal general Elliot Richardson que despidiera a Archibald Cox, a quien Richardson había designado para dirigir la investigación de Watergate. Richardson se negó y dimitió.
Nixon ordenó entonces al vicefiscal general William Ruckelshaus que despidiera a Cox. Ruckelshaus también se negó y dimitió. Finalmente, Nixon ordenó al procurador general Robert Bork, el siguiente funcionario de mayor rango en el Departamento de Justicia, que despidiera a Cox. Bork obedeció.
Esta dramática serie de acontecimientos, a menudo denominada la 'Masacre del sábado por la noche', demostró cómo los presidentes podían ejercer poder político sobre las investigaciones criminales federales.
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Después del escándalo de Watergate, el Congreso consideró una legislación para convertir al Departamento de Justicia en una agencia independiente para aislarlo mejor de la influencia presidencial.
Esto habría estado en línea con lo que muchos de los fundadores pretendían originalmente, pero el Congreso decidió hacer una reforma más modesta y aprobó la Ley de Ética en el Gobierno de 1978, promulgada por el presidente Jimmy Carter y que creó la Oficina del Asesor Independiente.
Esto permitió investigaciones sobre mala conducta que podían operar fuera del control presidencial, porque el fiscal general podía pedir a un panel especial de tres jueces que designara un fiscal independiente para investigar.
La Ley de Ética en el Gobierno también descalificó a los empleados del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general, de participar en cualquier investigación o procesamiento que pudiera “resultar en un conflicto de intereses personal, financiero o político o la apariencia del mismo” para el investigador.
La Corte Suprema de Estados Unidos ya ha respaldado a fiscales especiales
Unos años después, la administración Reagan argumentó que los fiscales independientes eran inconstitucionales. Su razonamiento fue que la ley violaba la cláusula de nombramientos del Artículo II, Sección 2, Cláusula 2 de la Constitución, que establece que los “funcionarios de los Estados Unidos” son “designados por el presidente” y “están sujetos al consejo y consentimiento del Senado”.
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En 1988, la Corte Suprema dictaminó que los fiscales independientes eran constitucionales, ya que la cláusula de nombramiento también establece que “el Congreso puede confiar el nombramiento de funcionarios inferiores únicamente al presidente a los tribunales de justicia o a los jefes de departamento”.
En esencia, la Corte Suprema determinó que los designados pueden ser considerados “principales” y deben ser designados por el presidente y confirmados por el Senado, o “inferiores”, que pueden ser designados por un jefe de departamento, como el fiscal general, o los jueces.
La Corte Suprema dictaminó que “un fiscal independiente debe ser considerado un funcionario inferior y no principal”.
Creación de los fiscales especiales
En 1999, fue necesario renovar la Ley de Ética en el Gobierno, que tenía una cláusula de caducidad.
A esa altura, ambos partidos políticos y sus presidentes habían sido humillados por investigaciones previas del fiscal independiente. Los republicanos estaban conmocionados por el escándalo Irán-Contra, mientras que los demócratas estaban avergonzados por el escándalo de Monica Lewinsky.
Tampoco estaba claro qué partido ganaría la Casa Blanca en las próximas elecciones de 2000, y ninguno de los dos quería que el otro tuviera ninguna ventaja en el futuro. Durante este impasse, ambos partidos decidieron simplemente dejar que caducara la Ley de Ética en el Gobierno, poniendo fin así a la posibilidad de nombrar futuros fiscales independientes.
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Más tarde ese año, la entonces fiscal general Janet Reno autorizó el nombramiento de lo que ella llamó fiscales especiales, que podrían investigar ciertos asuntos delicados, de manera similar a la forma en que operaban los fiscales independientes.
También en 2023, Garland nombró a David Weiss como fiscal especial para investigar la compra ilegal de un arma de fuego por parte de Hunter Biden, así como problemas relacionados con los impuestos.
Si bien la legalidad de los fiscales especiales no estaba en cuestión en este caso, el juez Clarence Thomas utilizó su opinión concurrente para cuestionar la legalidad del nombramiento de Smith. Thomas argumentó que el Congreso no ha aprobado ninguna legislación que otorgue al fiscal general el poder de nombrar a un fiscal especial.
Thomas señaló que la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 “había caducado y desde entonces el Congreso no había vuelto a autorizar el nombramiento de un fiscal independiente”. Por ello, Thomas cuestionó el poder de los fiscales generales para nombrar fiscales especiales.
En su orden de 93 páginas desestimando el caso contra Trump, la jueza Cannon se hizo eco del argumento de Thomas. Cannon preguntó si había “un estatuto en el Código de los Estados Unidos que autoriza el nombramiento del fiscal especial Smith para llevar a cabo este proceso”.
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Luego ella misma respondió su pregunta. “Después de estudiar cuidadosamente esta cuestión fundamental, la respuesta es no”, escribió.
La decisión de Cannon puede ser apelada ante la Corte Suprema. Si eso sucede, el resultado podría afectar a más que solo el caso de los documentos clasificados de Trump. Según el fallo de Cannon, todos y cada uno de los fiscales especiales, incluidos aquellos que investigaron a Joe y Hunter Biden, también podrían ser considerados inconstitucionales.
*Joshua Holzer, es profesor adjunto en Westminster College
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original aquí.
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La decisión de la jueza Aileen Cannon de desestimar el caso contra Donald Trump por el manejo de documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, supone una victoria para el exmandatario de cara a las elecciones presidenciales, de acuerdo con la analista republicana María Mellado. Además, la abogada señala que esto le permitirá al exmandatario usar el argumento de "persecución política". No dejes de ver: Te explicamos por qué fue desestimado el caso de los documentos clasificados contra el expresidente Trump.
Video ¿Cómo impacta a la campaña de Trump que se haya desestimado el caso de documentos clasificados?
