Qué es el delito de "narcoterrorismo" y cómo EEUU utiliza la figura legal para perseguir a miembros de los carteles

El gobierno de Donald Trump mantiene abiertos varios procesos penales contra presuntos integrantes de distintos carteles y grupos criminales latinoamericanos designados como organizaciones terroristas en febrero. La administración utiliza el término “narcoterrorismo” en sus acusaciones contra distintos individuos acusados de pertenencer a grupos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO en inglés).

Poco después de asumir el poder, el gobierno de Trump anunció la designación como FTO de ocho grupos criminales, seis de ellos mexicanos, uno venezolano y otro salvadoreño.

Los grupos mexicanos designados de esa forma fueron el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Golfo y los Carteles Unidos. También entraron a esa categoría el venezolano Tren de Aragua (TdA) y el salvadoreño Mara Salvatrucha (MS-13). Según el Departamento de Estado, la agencia que formalizó la designación en febrero, la medida provee “herramientas adicionales” a las agencias de seguridad federales para combatir a esas organizaciones criminales.

Hasta ahora, el gobierno ha utilizado en algunos casos el término “narcoterrorismo” en algunas de sus acusaciones contra presuntos integrantes de los grupos criminales incluidos en las designaciones de febrero.

Las acusaciones de “narcoterrorismo” de EEUU contra presuntos miembros de carteles

Aunque se desconoce el número total de acusaciones presentadas hasta ahora por “narcoterrorismo” y esa práctica no inició con el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia (DOJ) ha anunciado algunos casos en los que se ha utilizado el cargo contra presuntos criminales.

A finales de abril, luego de la designación del Cartel de Sinaloa como FTO, el DOJ anunció cargos contra un individuo vinculado al grupo identificado como Emmanuel Martimiano León-Soto. Acusó al hombre de operar para el cartel en Carolina del Norte.

El 13 de mayo, el DOJ anunció la acusación por “narcoterrorismo” contra presuntos miembros del Cartel de Sinaloa. Los individuos, identificados como Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, fueron acusados de pertenecer al Cartel de los Beltrán Leyva, una facción del Cartel de Sinaloa. El DOJ tituló el boletín con las acusaciones 'Líderes del Cártel de Sinaloa acusados de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico'.

El 16 de mayo, el DOJ anunció la primera acusación por “apoyo material al terrorismo” a una mujer vinculada al CJNG. Identificada como María del Rosario Navarro-Sánchez, fue acusada de haber intentado “proporcionar granadas al CJNG” y de conspiración para “contrabandear y transportar inmigrantes a Estados Unidos”.

“Como se alega, la acusada participó en múltiples actividades delictivas: tráfico de armas de fuego, narcotráfico, contrabando de personas y de grandes cantidades de dinero, e incluso el suministro de granadas al CJNG”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del DOJ, según el boletín anunciando los cargos.

Días más tarde, el DOJ presentó cargos contra dos individuos estadounidenses por presuntamente haber colaborado con el CJNG. En su comunicado el DOJ no mencionó cargos de “narcoterrorismo”, sino que acuasó a Maxwell Sterling Jensen y a su padre, James Lael Jensen, de haber “conspirado para llevar a cabo transacciones financieras” para ocultar activos del cartel.

El 19 de mayo, el gobierno anunció otros casos de “narcoterrorismo” contra dos individuos colombianos vinculados a la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), una facción disidente de las FARC. Pero la organización FARC-EP no fue designada como FTO por el gobierno de Trump: entró a esa categoría el 21 de diciembre de 2021, durante la administración del demócrata Joe Biden.

Entre los cargos contra los hombres, identificados como Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon Vásquez', y Juan Diego Palta Montero, alias 'Ñeque', están el de “narcoterrorismo”, conspiración para la producción y tráfico de cocaína y conspiración para poseer armas de distintos calibres.

Además de esas acusaciones, también el DOJ informó de la presentación de cargos, incluido el de “narcoterrorismo”, en contra de un individuo identificado como Geovany Andres Rojas, alias 'La Araña'. Aunque el comunicado del DOJ no lo menciona, el individuo ha sido señalado de ser cabecilla del grupo criminal Comando de la Frontera en Colombia.

Según registros públicos, el DOJ por años ha utilizado el cargo de “narcoterrorismo” en contra de integrantes de bandas criminales que no necesaramiente habían sido designadas como FTO.

Por ejemplo, un análisis difundido por la Universidad de Navarra en mayo de 2021, hace referencia a múltiples casos del DOJ presentados por “narcoterrorismo” contra individuos vinculados al grupo MS-13 en 2020, durante la primera gestión en Trump. Pero en su primera gestión, la MS-13 no fue designada como FTO, sino hasta ahora.

Cuándo apareció el término “narcoterrorismo” en el Código Penal de EEUU y cómo se define ahí

La tipificación de “narcoterrorismo” como delito fue integrada al Código Penal estadounidense en 2005 tras la aprobación de reformas incluidas en la Ley para Proporcionar Herramientas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (PATRIOT por su siglas en inglés).

La reforma incluyó la adición del delito en el Título 21, sección 960a, donde se menciona que incurre en ese crimen quien colabore con cualquier persona u organización que vinculada a las actividades terroristas.

"Para violar la subsección (a), una persona debe tener conocimiento de que la persona u organización ha participado o participa en una actividad terrorista (según se define en la sección 212(a)(3)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) o terrorismo (según se define en la sección 140(d)(2) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, años fiscales 1988 y 1989)", dice el código.

Robert Evan Ellis, profesor asociado investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del US War College, dijo a Univision Noticias que el “uso general” del término cobró fuerza en Estados Unidos tras el ataque contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

“Estábamos luchando contra el terrorismo, la guerra global contra el terrorismo”, dijo Ellis. “Gran parte de los fondos estadounidenses se destinaban a Afganistán y varios países alrededor del mundo comenzaron a recatalogar a los grupos que estaban utilizando tácticas de violencia e intimidación como terrorismo”.

Dijo que la catalogación de grupos como organizaciones terroristas inició principalmente con las agrupaciones guerrilleras de Colombia y luego la lista se fue expandiendo. Ahora, dijo Ellis, quien ha publicado numerosos análisis sobre el crimen transnacional, con la categorización de los carteles mexicanos y otros grupos criminales en Latinoamérica, podríamos esperar más personas acusadas de “narcoterrorismo” por sus vínculos con las organizaciones.

La “retórica política” de EEUU sobre posibles intervenciones militares, según experto

Ellis, quien formó parte del equipo de Planeación Política del Departamento de Estado en la primera gestión de Trump, agregó que las declaraciones del presidente sobre “bombardear” carteles en suelo mexicano corresponde a “retórica política”, más que a una amenaza real.

La designación de los carteles mexicanos como FTO desató un debate en México sobre si eso se trataba como la antesala de una posible acción militar unilateral estadounidense en territorio mexicano.

Además, Trump ha encendido ese debate con declaraciones sobre su insistencia a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que acepte ayuda militar en el combate mexicano a los carteles. La prensa en Estados Unidos además ha reportado, citando funcionarios del gobierno de Trump, que el presidente sí ha considerado acciones militares unilaterales contra los carteles en suelo mexicano.

Por ejemplo, a principios de mayo, Sheinbaum dijo que rechazó una oferta de Trump de enviar ayuda militar contra los carteles, porque “la soberanía no está a la venta”. En respuesta, Trump dijo que si Sheinbaum aceptaba la ayuda militar contra los carteles él estaría “honrado de ir y hacerlo”. Sin embargo, Trump luego acusó a la presidenta de tener “miedo” a los carteles.

“Cualquier declaración sobre ataques unilaterales con drones por parte de Estados Unidos es, en gran medida, sólo una cuestión de retórica política”, dijo Ellis sobre los dichos de Trump. “No quiero decir que no pueda pasar”.

Sin embargo, dijo que hasta ahora el gobierno de Sheinbaum ha dejado en claro su oposición a cualquier acción militar estadounidense en suelo mexicano. Además, en medio de las presiones por el debate sobre una posible acción militar unilateral estadounidense, el Congreso aprobó en marzo reformas a la Constitución que establecen que “bajo ninguna circunstancia” México podría aceptar una intervención de ese tipo.

“(Un ataque a los carteles) no sólo sería en gran medida ineficaz en términos de tener un efecto real sobre los carteles, sino también en términos de la relación de seguridad entre Estados Unidos y México”, declaró. “Cualquier acción de ese tipo sería sumamente contraproducente”.

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