Entre aborto, armas y religión, la Corte Suprema generó un terremoto que promete cambiar muchas cosas en EEUU

Esta semana terminó su período de sesiones la Corte Suprema de Justicia, y antes de entrar en sus vacaciones de verano, dejó una ristra de decisiones que sacudieron los cimientos de la política estadounidense.

La más impactante fue la derogación, después de 50 años, de la decisión de la corte conocida como de Roe vs. Wade, con la que se reconocía el derecho constitucional al aborto. Y mientras limitaba las libertades de las mujeres, cercenaba la habilidad de los estados para controlar la venta y tenencia de armas.

Además, la corte decidió dos casos que amenazan con difuminar el carácter laico que constitucionalmente tiene la sociedad y el Estado estadounidense, y en su último día de trabajo dio un golpe a la capacidad de las agencias del gobierno federal de establecer regulaciones y normas de acuerdo con la opinión de sus expertos.

Es la consecuencia del poder de la reforzada mayoría conservadora de seis magistrados, tres de los cuales los nombró el expresidente Donald Trump. Dos de ellos elegidos de manera muy polémica: el primero, Neil Gorsuch, porque ocupó el puesto que los senadores republicanos no le permitieron nombrar al presidente Barack Obama en 2016, y la última Amy Coney Barrett, porque se aprobó de manera expedita cuando faltaban pocas semanas para las elecciones que ganó Joe Biden.

Esa corte remodelada que dejó Trump, ha dado un giro a la derecha que, para algunos, erosiona su legitimidad porque está siendo vista por muchos desde el sector liberal, como un grupo politizado decidido a imponer pautas conservadoras al resto de la sociedad, como acaba de hacer en armas y aborto.

Solo el 25% de los ciudadanos tiene confianza en la institución, un mínimo histórico, según una encuesta del Instituto Gallup publicada el 23 de junio, incluso antes de que se dictaran sus decisiones más controvertidas.

La decisión sobre las armas de Nueva York

La mayoría conservadora del tribunal defendió el derecho a portar un arma en público, y anuló una ley de Nueva York que exigía que al ciudadano que explicara por qué consideraba necesario llevarlas.

Eso, cuando el país se está recuperaba de varios tiroteos mortales, uno de ellos en una escuela en Texas en el que murieron 19 niños y otro en Buffalo, poco más de una semana antes, donde murieron 11 personas que compraban en un supermercado.

Los críticos de la decisión de la corte destacan su divorcio respecto a la opinión pública, que en su mayoría favorece mayores controles a la venta de armas, siempre bajo la protección a su uso que garantiza la Segunda Enmienda de la Constitución.

El argumento de los magistrados fue que los estados no pueden crear leyes que limiten un derecho constitucional a portar armas, más allá de algunas zonas que se consideren “sensibles” como edificios públicos o centros educativos.

Adiós al derecho al aborto a nivel federal

En contraste, la corte decidió que sean los estados los que regulen el aborto porque, argumentaron los magistrados de la mayoría, al no ser un derecho expresamente consagrado en la Constitución es algo que debe ser regulado “por los legítimos representantes” de los votantes.

Eso implicó que en al menos 26 estados se estén adaptando al mundo posterior a Roe vs. Wade con mayores restricciones y, en algunos casos, prohibiciones totales al acceso de las mujeres a este procedimiento médico.

En este punto, las críticas a la corte radican en que haya desmontado un “precedente” de 50 años y que haya hecho una aplicación regresiva de un derecho que por casi medio siglo estuvo garantizado.

En ese sentido, la opinión del presidente de la corte, John Roberts, destacando que no habría llegado “tan lejos” como a anular la decisión de 1973 indica que la mayoría conservadora con una visión más radical del tema terminó imponiéndose.

Una idea de lo álgido del debate entre los togados es el que en mayo, por primera vez en la historia del máximo tribunal, se filtrara un borrador de sentencia. Desde entonces, ya se presagiaba que el juez Samuel Alito propondía la derogación de Roe vs Wade en el caso de la ley de aborto de Missispi.

Un pulso legal entre conservadores y liberales

La actual corte está dando "un lugar más importante a la religión en la vida pública", dijo a la agencia de noticias AFP Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois, quien afirma que " está desplegando a toda velocidad su programa político conservador".

En este término, falló a favor de un entrenador deportivo que fue despedido de la universidad en la que trabajaba porque insistía en organizar rezos antes o después de los partidos, y en contra del estado de Maine al determinar que se pueden usar becas estatales para pagar educación en centros religiosos. Ambos casos contravienen la separación iglesia y Estado que garantiza la Constitución, de acuerdo con quienes critican las decisiones.

Existe una división, más evidente que nunca, entre la bancada de magistrados considerados conservadores y los que son identificados como liberales. Esa distribución es de seis de los primeros, frente a tres de los últimos.

Tradicionalmente el término conservador o liberal de los jueces del alto tribunal era asignado según su filosofía legal, qué tan ceñidos estaban al texto de la Constitución y las leyes, o qué tan dispuestos estaban a hacer interpretaciones para modernízalas bajo una óptica más actual.

Pero en los últimos años, y particularmente con el nombramiento de los tres últimos magistrados que hizo Trump, algunos analistas aseguran que se nota como nunca una agenda política que vincula a los jueces conservadores con la visión del Partido Republicano y a los liberales con el Partido Demócrata.

El presidente Joe Biden cuestiona la "ideología extremista" del tribunal y su secretario de Justicia, Merrick Garland -el mismo al que los republicanos se negaron a considerar para magistrado en 2016, alguien que como exjuez de apelaciones es respetuoso de la independencia de la judicatura, ha manifestado su disconformidad con sus últimas decisiones.

El grado de las tensiones internas, queda reflejado en las formas, algo importantísimo dentro de la Corte Suprema.

En la opinión disidente en el fallo del aborto que escribieron Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, los tres integrantes de la bancada liberal omitieron el acostumbrado “respetuosamente” cuando escribieron al final del texto que disentían de la opinión de la mayoría.

La relación de la Corte con la mentira del “fraude” de Trump

Un vínculo directo mete más a la corte en el polarizado debate partidista: el juez Clarence Thomas, el más veterano de la bancada y también el más conservador de todos.

Su esposa, Ginni Thomas, es una activista conservadora que ha sido vinculada a los esfuerzos del expresidente Trump de mantenerse en la Casa Blanca propagando la falacia de que se le hizo un fraude en las elecciones de 2022, la llamada “gran mentira”.

La revelación de que la esposa del juez estuvo en comunicación con algunos de los actores de los eventos en torno al asalto al Capitolio del 6 de enero y que envió al entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, un texto conminándolo a “no ceder” en el afán por mantener a Trump en el poder ha generado dudas sobre el grado de imparcialidad de Thomas en temas relacionados con las elecciones.

Algunos han planteado que existe un conflicto de intereses para Thomas y afirman que debería recusarse de los casos que puedan llegar a la Corte Suprema relacionados con las elecciones presidenciales de 2020.

Durante el mandato de Trump, el magistrado jefe Roberts tuvo que salir a hacer la inusual aclaratoria de que no hay jueces “de Barack Obama o de George Bush, en referencia a las acusaciones que hacía el expresidente cada vez que una corte (incluyendo la suprema) tomaba decisiones que contrariaban sus políticas.

Para seguro disgusto de Roberts, la corte está metida hoy en el debate político partidista, no solo porque ha inclinado la balanza hacia posiciones que favorece el Partido Republicano, sino porque sus fallos enardecen a los demócratas, quienes usan esos reveses para aupar la participación en las elecciones para, eventualmente, alterar la composición ideológica del tribunal.