El decreto sobre ciudadanía por nacimiento de Trump tiene nuevo bloqueo en un tribunal federal y con alcance nacional

Apenas 10 días después de que la Corte Suprema de Justicia levantara el bloqueo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados, un tribunal federal lo restableció al aceptar una demanda colectiva contra la política (que era la única manera que el alto tribunal había dejado como recurso para que jueces inferiores emitan órdenes de alcance nacional).

El juez Joseph LaPlante anunció su decisión este jueves tras una audiencia de una hora y anunció que emitiría una orden escrita, que incluirá una suspensión de siete días para permitir la apelación.

La demanda se presentó en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés, y es parte de los numerosos casos que impugnan la orden de Trump de enero que niega la ciudadanía a los nacidos de padres que viven en Estados Unidos de forma ilegal o temporal.

Los demandantes de New Hampshire, mencionados solo por seudónimos, incluyen a una mujer hondureña con una solicitud de asilo pendiente y que dará a luz a su cuarto hijo en octubre. Declaró ante el tribunal que la familia llegó a Estados Unidos tras ser blanco de las pandillas. Otro demandante es un hombre brasileño que lleva cinco años viviendo con su esposa en Florida. Todos están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades.

"Decenas de miles de bebés y sus padres podrían verse expuestos a los innumerables perjuicios de la orden en tan solo unas semanas y necesitan una orden judicial ya", escribieron los abogados de los demandantes en documentos judiciales presentados el martes.

La puerta que dejó abierta la Corte Suprema para desafiar al gobierno en cortes

La decisión de la Corte Suprema de fines de junio no decidió el fondo del asunto de la ciudadanía, porque no era el tema sobre el que se le pidió opinión, pero sí limitó el alcance de las medidas cautelares dictadas por las cortes federales, limitándolas a la jurisdicción donde fueron tomadas.

"Los mandatos universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales", se lee en la decisión, la cual además indica el remedio, al señalar que los demandantes que quieran conseguir tales mandatos judiciales universales pueden recurrir a las demandas colectivas o 'class actions', en sus casos contra el gobierno federal.

En las demandas colectivas, un pequeño número de demandantes solicita a un juez que dicte una resolución que no solo se aplique a ellos, sino también a otras personas que han sufrido lesiones o daños similares a manos del mismo demandado.

Pero los abogados accionantes en las demandas colectivas deben demostrar al juez de la causa que el grupo cumple con requisitos específicos para poder ser certificado por parte del juez de la causa, un paso que las demandas individuales no requieren, como:

• Numerosidad: el grupo debe ser tan grande que las demandas individuales resultan imprácticas.

• Comunidad: las reclamaciones de los miembros del grupo deben tener cuestiones jurídicas o fácticas comunes.

• Tipicidad: los reclamos de los accionantes del grupo deben ser típicas de todo el colectivo.

• Adecuación de la representación: los representantes del grupo y sus abogados deben representar adecuadamente los intereses del grupo.

Las demandas colectivas han sido usadas para impedir que la administración traslade a ciertos detenidos del ICE fuera de sus distritos; que divulgue información sobre los agentes del FBI que investigaron el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 o que se deporte a inmigrantes indocumentados a países con los que no tienen ninguna conexión sin un debido proceso exhaustivo.

Ciudadanía por nacimiento y la Enmienda 14 de la Constitución

La cuestión es la 14.ª Enmienda de la Constitución, que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos".

El gobierno afirma que la frase "sujeto a su jurisdicción" significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que residen ilegalmente en el país, poniendo fin a lo que se ha considerado parte intrínseca de la legislación estadounidense durante más de un siglo.

"Las interpretaciones erróneas previas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha afectado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país", escribieron los abogados del gobierno en el caso de New Hampshire.

El juez LaPlante, quien había emitido una orden judicial restrictiva en un caso similar, afirmó que si bien no consideraba frívolos los argumentos del gobierno, los encontraba poco convincentes. Añadió que su decisión de emitir una orden judicial "no fue una decisión difícil" y que la privación de la ciudadanía estadounidense claramente constituía un daño irreparable.

Varios jueces federales habían emitido órdenes judiciales a nivel nacional que impedían la entrada en vigor de la orden de Trump, pero la Corte Suprema de Estados Unidos limitó dichas órdenes en un fallo del 27 de junio que otorgó a los tribunales inferiores 30 días para actuar.

En un caso del estado de Washington ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, los jueces solicitaron a las partes que redactaran escritos explicando el efecto del fallo de la Corte Suprema. Washington y los demás estados involucrados en esa demanda solicitaron al tribunal de apelaciones que devolviera el caso al juez de primera instancia.

Al igual que en New Hampshire, un demandante en Maryland busca organizar una demanda colectiva que incluya a todas las personas afectadas por la orden. La jueza fijó el miércoles como fecha límite para la presentación de argumentos legales por escrito, mientras considera la solicitud de otra orden judicial a nivel nacional presentada por CASA, una organización sin fines de lucro dedicada a los derechos de los inmigrantes.

Ama Frimpong, directora legal de CASA, afirmó que el grupo ha estado recalcando a sus miembros y clientes que no es momento de entrar en pánico y que "nadie tiene que mudarse de estado en este momento (...) Estamos luchando por diferentes vías, una vez más, para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca se apruebe".

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