Corte de apelaciones confirma que orden de Trump para eliminar ciudadanía por nacimiento es "inconstitucional" y mantiene su bloqueo nacional

Una corte federal de apelaciones dictaminó este miércoles que la orden ejecutiva de Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento es "inconstitucional", confirmando así la decisión de un tribunal inferior que bloqueó su aplicación en todo el país.

“El tribunal de distrito concluyó que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”, se lee en el fallo de un panel dividido por 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU.

Hace dos semanas, un tribunal federal de New Hampshire emitió un bloqueo nacional a la orden después de que los demandantes presentaran una demanda colectiva, el único recurso que la Corte Suprema había admitido en junio que podía usarse para detener acciones del gobierno federal en todo el territorio nacional.

Pero lo que mantiene vigente el fallo de este miércoles es la decisión del juez federal de distrito John C. Coughenour en Seattle de bloquear la orden, y quien condenó además lo que describió como un intento del gobierno de ignorar la Constitución para obtener rédito político.

Ahora, es probable que el caso regrese rápidamente a la Corte Suprema para su revisión. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a mensajes de la agencia AP solicitando comentarios.

El caso se ampara en una de las excepciones admitidas por la Corte Suprema, dice Corte de Apelaciones

En junio, la Corte Suprema restringió la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes que afectan a todo el país, conocidas como medidas cautelares de alcance nacional.

Sin embargo, la mayoría del Noveno Circuito determinó este miércoles que el caso se amparaba en una de las excepciones que dejaron abiertas los jueces.

El caso fue presentado por un grupo de estados que argumentaron la necesidad de una orden de alcance nacional para evitar los problemas que se causarían si la ciudadanía por nacimiento solo fuera legal en la mitad del país.

“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar de alcance universal para brindar a los estados un alivio completo”, escribieron los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton.

El juez Patrick Bumatay, designado por Trump, discrepó. Concluyó que los estados carecen de derecho legal o legitimidad para demandar.

"Debemos abordar cualquier solicitud de amparo universal con escepticismo de buena fe, conscientes de que la invocación de un 'amparo completo' no constituye una vía indirecta para los mandatos judiciales universales", escribió.

Bumatay, sin embargo, no se pronunció sobre si la eliminación de la ciudadanía por nacimiento sería o no inconstitucional.

¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?

La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción estadounidense, son ciudadanas.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la frase "sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos" en la enmienda significa que la ciudadanía no se otorga automáticamente a los niños basándose únicamente en su lugar de nacimiento.

Los estados demandantes —Washington, Arizona, Illinois y Oregón— argumentan que esto no corresponde con el lenguaje sencillo de la Cláusula de Ciudadanía, y que tampoco tiene en cuenta un caso emblemático de ciudadanía por nacimiento de 1898, en el que la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano por haber nacido en suelo estadounidense.

La orden ejecutiva de Trump afirma que un niño nacido en EEUU no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o si se encuentra en el país legalmente pero de manera temporal, y si el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.

Se han presentado al menos nueve demandas en todo EEUU impugnando esta orden.

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