Fallo de la Corte Suprema permite a estados cortar fondos de Medicaid a Planned Parenthood
La decisión marca un giro importante en la financiación de servicios de salud pública, y afecta no solo la provisión de abortos, sino también otros cuidados esenciales para pacientes de Medicaid.
Por:
Univision y AP
El gobierno del presidente Donald Trump entregó a las autoridades de Inmigración los datos personales de millones de inscritos en Medicaid, incluyendo su estatus migratorio, según un reporte de la agencia AP. El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que esta decisión "pone en peligro la salud y la seguridad" de los beneficiarios de este programa. También puedes ver: Fin del ‘parole’ humanitario: DHS anuncia a inmigrantes beneficiados que su estatus ha sido revocado.
Video Gobierno Trump entrega datos de inmigrantes inscritos en Medicaid a autoridades migratorias: reporte
La decisión, con un voto dividido 6-3, se centró en el financiamiento de otros servicios de salud que Planned Parenthood ofrece en Carolina del Sur, pero podría tener implicaciones más amplias para los pacientes de Medicaid a nivel nacional, informó AP.
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El caso giró en torno a si los beneficiarios de Medicaid tienen derecho a demandar para elegir a su proveedor de salud. Esta proteccción ha permitido que hasta ahora Planned Parenthood reciba fondos para servicios como anticonceptivos, pruebas de cáncer y pruebas de embarazo, especialmente en zonas donde es difícil encontrar médicos que acepten este seguro público.
El gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, sostiene que ningún dinero de los contribuyentes debe ir a la organización.
Antecedentes al recorte de fondos a Planned Parenthood
La disputa comenzó en 2018 cuando McMaster intentó cortar los fondos a Planned Parenthood, pero fue bloqueado por una demanda presentada por Julie Edwards, una paciente que necesitaba continuar recibiendo anticonceptivos debido a que su diabetes hace peligroso un embarazo.
Edwards basó su demanda en una disposición de la ley de Medicaid que permite a los pacientes elegir a su propio proveedor calificado.
El estado argumentó que los pacientes no deberían poder presentar esas demandas, apoyándose en fallos de tribunales inferiores que han permitido a estados como Texas bloquear fondos a la organización.
Grupos de salud pública, como la Sociedad Americana del Cáncer, advirtieron en documentos judiciales que eliminar esta vía judicial reduciría el acceso a atención médica para un cuarto de la población estadounidense, afectando especialmente a zonas rurales.
¿Qué significa la decisión de la Corte sobre el recorte de fondos de Medicaid a Planned Parenthood?
La decisión de la Corte Suprema significa que los estados tienen la potestad de excluir a Planned Parenthood de sus programas de Medicaid, incluso para servicios que no están relacionados con el aborto, como exámenes médicos preventivos y tratamientos de cáncer.
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Esto podría limitar el acceso a atención médica para personas de bajos recursos, quienes a menudo dependen de Planned Parenthood porque otros proveedores no aceptan Medicaid.
En Carolina del Sur la organización recibe unos 90 mil dólares anuales de Medicaid, una cifra pequeña en comparación con el gasto total del estado, pero vital para mantener sus clínicas abiertas.
El estado prohíbe el aborto después de aproximadamente seis semanas de gestación, tras la revocación del derecho federal en 2022.
El contexto político en el que se da la decisión de la Corte sobre los fondos a Planned Parenthood
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de legisladores republicanos para desfinanciar a Planned Parenthood, que ofrece servicios de salud reproductiva y aborto en los estados donde es legal.
El proyecto de ley presupuestario respaldado por Trump busca eliminar la financiación federal de Medicaid para la organización, lo que podría obligar al cierre de cerca de 200 clínicas, de acuerdo con AP.
Los defensores de Planned Parenthood argumentan que esta política pone en riesgo la salud de millones de personas que dependen de sus servicios, especialmente en comunidades rurales y vulnerables.
Por otro lado, los opositores sostienen que ningún contribuyente debería financiar a una organización que realiza abortos, aunque los fondos de Medicaid no se usen para ese fin directamente. El gobernador McMaster ha expresado que los contribuyentes no deben ser obligados a subsidiar a proveedores que contradicen sus creencias.
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