Cómo decisiones políticas y judiciales durante el gobierno de Trump están afectando desproporcionadamente a los más pobres

Numerosas acciones tomadas por los poderes del estado en las últimas semanas, ya sea a través de decretos presidenciales, fallos de la Corte Suprema o promulgación de nueva normativa federal como la inmensa ley fiscal, elevan los temores sobre cambios fundamentales en el sistema político de Estados Unidos. Aunque algunos analistas advierten sobre la pérdida de libertades y del riesgo que crean para democracia misma, y otros sobre daños inminentes a la economía del país, a todas estas decisiones las caracteriza la manera desproporcionada con la que pueden afectar negativamente a una porción sustancial de la población estadounidense: las personas más pobres.

Aunque no se dispone aún del número exacto para 2025, según los datos más recientes en 2023, la tasa de pobreza en Estados Unidos alcanzó el 11.1%, con 36.8 millones de personas pobres a nivel nacional. Según los expertos, las tendencias de años anteriores y acontecimientos recientes sugieren que esa tasa puede haber aumentado.

Estas son las decisiones políticas, legislativas y judiciales recientes que afectan a ese sector de la población.

Del Poder Ejecutivo

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump podrían perjudicar a los hogares estadounidenses mucho más pobres, según un estudio del Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP) publicado en abril.

Los aranceles son un impuesto que pagan los importadores sobre bienes traídos a Estados Unidos, explica el ITEP. El estudio prevé que los consumidores asumirán una parte importante de esa carga fiscal en forma de precios más altos, lo que para el 20% más pobre representará un aumento de impuestos cuatro veces mayor que el que significará para el 1% de los más ricos.

"Los aranceles son simplemente impuestos a los estadounidenses con otro nombre", admitió el centro de estudios conservador, Heritage Foundation en un artículo en su sitio web: "Aumentan el precio de los alimentos y la ropa, que representan una parte mayor del presupuesto de un hogar de bajos ingresos", explica el artículo.

Ya hay evidencia de que algunos minoristas están aumentando sus precios.

El Laboratorio de Presupuesto de Yale calificó los aranceles de Trump de “política regresiva", es decir que perjudican desproporcionadamente a los más desfavorecidos.

Otra medida del ejecutivo que afecta desproporcionadamente a los más pobres es la política de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Esta política no solo afecta a una de las poblaciones más vulnerables del país, sino que también se espera que tenga consecuencias negativas para los ciudadanos estadounidenses más pobres.

• Aumento del costo de los bienes y servicios: las deportaciones masivas causarán una escasez de mano de obra en industrias que dependen de la mano de obra indocumentada, como la agricultura, la construcción y la hostelería, provocando una reducción de la producción y un aumento de los precios de los bienes y servicios que prestan, afectando desproporcionadamente a las personas más pobres.

• Pérdida de empleos para los trabajadores estadounidenses: Múltiples investigaciones sugieren que las deportaciones masivas podrían provocar pérdida de empleos y la reducción de los salarios para los trabajadores estadounidenses en las industrias que dependen en gran medida de la mano de obra indocumentada. Esto se debe a que la pérdida de los trabajadores inmigrantes puede reducir la actividad económica general resultando en una menor demanda de mano de obra en general.

• Seguro Social y Medicare: Los inmigrantes indocumentados aportan miles de millones de dólares anuales al Seguro Social y Medicare a pesar de no poder acceder a sus beneficios. Las deportaciones masivas provocarán una pérdida significativa de estas contribuciones, lo que podría afectar negativamente a estos programas de los que dependen muchos estadounidenses de bajos recursos, en un momento en que los fondos fiduciarios de ambos se encuentran al borde de la insolvencia.

• Impacto en los costos de la vivienda: las deportaciones masivas podrían agravar la escasez de mano de obra existente en la construcción, que depende en gran medida de trabajadores indocumentados, provocando aumentos en el costo de la vivienda.

Del Poder Legislativo

Los republicanos en el Congreso aprobaron esta semana el proyecto de ley presupuestaria y fiscal de Trump.

Según el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el arzobispo Timothy Broglio, el paquete fiscal que es firmado este 4 de julio por Trump para convertirlo en ley "quita a los pobres para darle a los ricos".

El arzobispo coincide con múltiples análisis de grupos no partidistas, como el de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que prevén la ley afecte negativamente a los hogares estadounidenses de menores ingresos al reducir el apoyo que reciben mediante recortes a programas sociales vitales y de requisitos de elegibilidad más estrictos.

Según esos análisis, el impacto negativo de la ley fiscal de Trump en los más pobres se debe a varias medidas incluidas en él para poder financiar los recortes de impuestos promulgados en el primer gobierno de Trump, que esta ley hace permanentes.

Entre dichas medidas se encuentran:

• Realiza cambios drásticos en el financiamiento de programas esenciales como Medicaid y SNAP (cupones de alimentos) que según los estimados de la CBO harán que los hogares con menores ingresos podrían perder alrededor de $1,600 al año, principalmente debido a estos recortes.

• Según un análisis del Laboratorio de Presupuesto de Yale, los cambios resultarían en una disminución del 2.9%, alrededor de $700, en los ingresos para el 20% más pobre de la población, y un aumento del 1.9%, alrededor de $30,000, para el 1% superior.

• La ley prevé requisitos laborales más estrictos para las personas que reciben beneficios de Medicaid y SNAP. Se espera que el cambio provoque pérdidas de cobertura que, según la CBO, afectarán a millones alrededor de 20 millones de beneficiarios del Medicaid y a cientos de miles de beneficiarios del SNAP.

• Impacto en la atención médica: los recortes a la financiación de Medicaid, especialmente la eliminación del impuesto a los proveedores de servicios de salud, podrían perjudicar a alrededor de 300 hospitales rurales y afectar el acceso a la atención médica de los habitantes de esas áreas que son mayoritariamente pobres.

Del Poder Judicial

El viernes la Corte Suprema decidió un caso proveniente de tres demandas presentadas contra la orden ejecutiva de Trump que busca negar la ciudadanía a los hijos nacidos en EEUU de padres sin un estatus migratorio permanente o que sean indocumentados. El fallo de los jueces afecta las medidas cautelares a nivel nacional contra la orden por considerarla inconstitucional.

Si bien la decisión del máximo tribunal no tocó el fondo del asunto, si dictaminó que los jueces de los tribunales federales de primera instancia no pueden emitir medidas cautelares que afecten decretos presidenciales a nivel nacional y solo pueden conceder amparo a las personas o grupos que interpusieron una demanda específica.

Este cambio es histórico y significa la eliminación de un recurso legal que tradicionalmente controla acciones del Poder Ejecutivo potencialmente inconstitucionales. En términos prácticos, ahora solo el que tiene dinero para demandar puede defenderse contra medidas del gobierno federal y recibir amparo sin que el resto de los habitantes del país se beneficien de la jurisprudencia que su caso genera.

A raíz de la decisión de la corte, los jueces federales de primera instancia podrían verse obligados a permitir que políticas que dictaminen como inconstitucionales en un caso, entren en vigor en algunos lugares o contra algunas personas, mientras que las bloquean en otros, creando una confusión de normas difíciles de navegar para aquellas personas que no tienen los recursos para entablar un desafío legal.

Por ejemplo, en el caso del decreato sobre la ciudadanía por nacimiento, un niño de padres indocumentados es estadounidense si nace en California, un estado donde se presentó la demanda, pero no lo es si nace en otro estado como Florida, donde no se han presentado recursos contra el decreto de Trump.

La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson dijo en su opinión disidente que “la zona de anarquía que la mayoría (de la corte) ha autorizado afectará desproporcionadamente a los pobres, a los incultos y a los impopulares, es decir, a aquellos que quizá no tengan los recursos para contratar un abogado y quienes, con demasiada frecuencia, se verán sometidos a los caprichos del ejecutivo”.

La decisión dejó a las demandas colectivas como el único recurso para obtener un remedio legal a nivel federal contra una política potencialmente inconstitucional del ejecutivo, un tipo de demandas con umbrales importantes para su legitimación que pueden ser costosas y difíciles de llevar adelante.

Más allá de Estados Unidos

El gobierno de Trump a través del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que estuvo hasta no hace mucho a cargo de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, canceló abruptamente casi toda de la ayuda humanitaria que Estados Unidos presta a los países más pobres del planeta, lo que podría causar más de 14 millones de muertes prevenibles de aquí hasta 2030, según un estudio publicado en la reconocida revista médica The Lancet.

Los recortes en la ayuda humanitaria, a la que el gobierno de Trump califica de gasto dispendioso, ocurrieron en febrero en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Según el estudio, un tercio de las personas en riesgo de muerte por el retiro de la ayuda humanitaria son niños que viven en países donde se ha creado una conmoción "de escala comparable a la de una pandemia mundial o un gran conflicto armado", según afirmó el profesor de Investigación y jefe del Grupo de Trabajo sobre la Salud de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados ICREA, Davide Rasella, coautor del informe.

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