"No podrán esconderse": Biden declara la guerra a ladrones de fondos de alivio por la pandemia

El gobierno del presidente Joe Biden solicitó al Congreso la aprobación de más de $1,600 millones para combatir el fraude en programas gubernamentales de alivio económico por la pandemia de coronavirus.

En una estrategia anunciada el jueves, la Csa Blanca pidió dinero y más tiempo para enjuiciar casos, implementar nuevas formas de prevenir el robo de identidad y ayudar a las personas cuyas identidades fueron robadas.

Pueden correr pero no podrán esconderse

En una llamada con los periodistas, el coordinador del Plan de Rescate Estadounidense de la Casa Blanca, Gene Sperling, dijo que tenía la esperanza de que el Congreso, incluyendo la Cámara de Representantes actualmente controlada por el Partido Republicano, consideraría el gasto como una inversión.

“Es tan claro y la evidencia es tan fuerte que un dólar gastado inteligentemente aquí devolverá a los contribuyentes, o ahorrará, al menos $10”, dijo Sperling, señalando las recuperaciones que ya han ocurrido. El año pasado el Servicio Secreto de EEUU recuperó $286 millones que habían sido enviados como préstamos obtenidos de manera fraudulenta a través de la Administración de Pequeñas Empresas.

“No solo queremos capturarlos y recuperar los fondos, también queremos enviarles una señal de que pueden correr, pero no podrán esconderse”, dijo Sperling en referencia a las personas que obtuvieron fondos de alivio por Covid de manera fraudulenta.

Cuando sectores de la economía de EEUU fueron cerrados después de que el coronavirus azotara al país en 2020, el Congreso comenzó a autorizar medidas masivas de alivio para ayudar a los gobiernos, las empresas y las personas afectadas.

Estas medidas, algunas firmadas por Biden y otras por su predecesor, Donald Trump, totalizaron casi $6 billones (trillones en inglés), más de lo que el gobierno gastaba anualmente antes de la llegada de la pandemia.

El dinero se destinó a impulsar los programas de seguro de desempleo, ayudar a aquellos en la economía informal que perdieron sus trabajos, cubrir los costos del gobierno y mantener las empresas a flote.

“En general, esos programas hicieron un enorme bien”, dijo Sperling. “También hubo casos en los que se bajó la guardia innecesariamente, lo que condujo a un fraude masivo e innecesario”.

Un comité del Congreso descubrió que las empresas de tecnología financiera no evaluaron adecuadamente a los solicitantes del gigantesco Programa de Protección de Cheques de Pago. Las solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo abrumaron los sistemas informáticos estatales, que a veces tenían problemas para identificar las falsas y retrasaban muchas solicitudes legítimas. El Departamento de Trabajo estimó que hubo $164 mil millones solo en pagos inadecuados del seguro de desempleo, entregados en gran parte a estafadores.

Muchas de las estafas fueron llevadas a cabo en base a información personal falsa o robada.

Enjuiciar a los estafadores y prevenir futuros fraudes

Biden busca utilizar enjuiciamientos y prevención para conseguir sus metas. Para ello, está pidiendo $600 millones, que incluyen fondos para crear al menos 10 nuevas fuerzas de ataque del Departamento de Justicia además de las tres que ya existen para perseguir a los sindicatos criminales y otros estafadores. También pide aumentar el plazo de prescripción para tales delitos de los cinco actuales a 10 años, dando más tiempo para investigar y enjuiciar los casos.

El presidente está pidiendo también cambios de política para asegurar de que la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo tenga acceso continuo a los datos que muestran dónde se usó la misma identidad para solicitar beneficios en varios estados. Esa oficina y otras oficinas del inspector general compartirían al menos $300 millones para contratar investigadores.

Biden también planea eventualmente emitir una orden ejecutiva que instruya a las agencias federales sobre cómo tomar medidas contra el fraude de identidad, incluida la modernización de los sistemas gubernamentales para prevenir el robo de identidad.

Una parte del dinero se destinaría a mejorar un sitio web de la Comisión Federal de Comercio, IdentityTheft.gov, un lugar para que las personas denuncien el robo de identidad y obtengan ayuda.

La propuesta también incluye $1.6 mil millones del Plan de Rescate Estadounidense, la última de las grandes medidas de alivio económico adoptada en 2021, estarán disponibles en junio para ayudar a los estados a mejorar sus medidas locales contra el robo de identidad.