Dejar a algunos inmigrantes sin 'cupones para alimentos' y obligar a los estados a pagar una parte violaría las reglas del Senado

Una figura del Senado que actúa como 'árbitro' —al evaluar qué pueden y qué no incluir legislaciones que se quieran aprobar de forma más rápida— consideró que el cambio propuesto por los republicanos para traspasar a los estados parte de los costos del programa SNAP de ayuda alimenticia violaría las reglas de la Cámara Alta. Lo mismo ocurriría con la propuesta para prohibir que algunos inmigrantes reciban estos 'cupones para alimentos'.

Esto supone otro obstáculo para el enorme proyecto de ley con la agenda de Donald Trump, pues achacar a los estados parte del costo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés) es una de las formas que han encontrado los republicanos para compensar el gasto para las "deportaciones masivas" del presidente y el hueco que dejará extender los recortes tributarios de su primer gobierno.

Si bien lo que determina esa figura 'árbitro' —el nombre formal de su cargo es el de 'parliamentarian' del Senado— representa una recomendación, en la práctica se suelen acoger sus determinaciones.

Los republicanos tienen previsto que el proyecto de ley se vote en el Senado en los próximos días para cumplir porque Trump quiere tenerlo en su escritorio para el 4 de julio.

Con el asunto de los 'cupones' del programa SNAP, los republicanos esperaban generar miles de millones de dólares en ahorros que contrarrestaran parcialmente los $4.5 billones (trillion en inglés) que costaría el plan en su totalidad.

La 'árbitro' sí dio luz verde a otro cambio propuesto en el proyecto legislativo: el de endurecer los requerimientos de trabajo para que algunas personas accedan a esta ayuda. Si son aprobados, muchos beneficiarios del programa SNAP y Medicaid tendrían que trabajar 80 horas al mes o hacer servicio comunitario para recibir los 'cupones' para la compra de alimentos.

"Seguiremos luchando para proteger a las familias que lo necesitan", dijo la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, la demócrata con más peso en el comité de Agricultura y Nutrición que se encarga de los temas relacionados con el programa SNAP. "La 'parliamentarian' dejó claro que los senadores republicanos no pueden usar su paquete partidista para mover costos sustanciales de ayuda nutricional a los estados", agregó.

Qué está en juego en el enorme proyecto de ley de Trump

El líder de ese comité, el senador republicano por Arkansas John Boozman, dijo en un comunicado que su equipo evalúa opciones para cumplir con las reglas del Senado y "garantizar que (el programa) SNAP ayude a quienes realmente lo necesitan mientras velamos responsablemente el dinero de los contribuyentes".

La recomendación de la 'árbitra' del Senado es un nuevo revés para un proyecto de ley de unas 1,000 páginas que está siendo revisado hasta las noches y fines de semana. El plan legislativo ya fue aprobado en la Cámara de Representantes en medio del rechazo demócrata.

Un punto principal del proyecto es extender los recortes de impuestos aprobados durante el primer gobierno de Trump. Esos recortes fueron aprobados de forma temporal y vencerán este año si el Congreso no actúa.

Además de extender esos recortes, el proyecto de ley incluye otros como eximir del pago de impuestos lo ganado por las horas extra y propinas. Entonces, para compensar el impacto que todo eso tendrá en el fisco, los republicanos han propuesto, entre otros, recortes a Medicaid y a programas alimenticios.

El proyecto también contempla gastar cerca de $350,000 millones en seguridad nacional, incluyendo las detenciones y deportaciones a gran escala que se han topado con protestas en ciudades a través del país.

Trump ha urgido a los republicanos, que gozan de mayoría en las dos Cámaras, que aprueben el proyecto pronto. Pero a muchos detalles del mismo se les ha puesto la lupa por lo costosos que son. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que el plan, como fue aprobado en la Cámara de Representantes, sumará al menos $2.4 billones (trillion en inglés) a la deuda federal durante una década y que dejará a 10.9 millones de personas sin seguro de salud. Asimismo, reducirá o dejará sin beneficios del programa SNAP a 3 millones de personas.

¿Y por qué hay un 'árbitro' que evalúa si se cumplen las reglas del Senado?

La oficina de la 'parliamentarian' se encarga de evaluar el proyecto de ley para asegurarse de que cumpla con la 'regla Byrd'. Lleva el nombre del exsenador demócrata por West Virginia, ya fallecido, Robert C. Byrd. Esa regla busca evitar que dentro del proceso de 'reconciliación presupuestaria' (que se está utilizando con el proyecto de Trump para aprobarlo de forma más rápida con una mayoría simple) se cuelen algunas provisiones.

Fue en ese proceso de evaluación de la oficina de la 'parliamentarian' que se encontró la semana pasada que la propuesta para traspasar a los estados parte de los costos del programa SNAP violaría la 'regla Byrd'.

Algunos legisladores han dicho que los estados no podrán absorber el nuevo requerimiento y advirtieron que muchos perderían el acceso a los 'cupones de alimentos' usados por más de 40 millones de personas.

Inicialmente, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en $128,000 millones los ahorros que aprobó la Cámara Baja para responsabilizar a los estados por una parte de los costos del programa SNAP. Pero el Senado hizo cambios a esa propuesta y todavía no se han estimado los potenciales ahorros.

Para acoger la recomendación de la oficina de la 'parliamentarian', los republicanos pueden hacer varias cosas.

Pueden revisar la propuesta relacionada con los 'cupones de alimentos' y modificarla para cumplir con las reglas del Senado; pueden sacarla del proyecto de ley; o pueden arriesgarse y llevar el plan a votación como está para ver si logran más de 60 votos a favor. Eso último luce complicado si se toma en consideración que hay republicanos poco convencidos con partes del proyecto y que los demócratas lo rechazan de forma unánime.

La parte que toca a algunos inmigrantes que reciben 'cupones para alimentos'

En su análisis del proyecto, la 'parliamentarian' también encontró que la provisión para dejar sin los 'cupones para alimentos' a algunos inmigrantes también violaría la 'regla Byrd'.

El plan bautizado como la 'gran y hermosa ley' contiene varias disposiciones para cerrar la puerta a ciertos beneficios a algunos inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos. El programa SNAP es uno de ellos, como también lo son algunos créditos tributarios.

El programa nunca ha estado abierto para los inmigrantes indocumentados, pero sí permite en la actualidad que más inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos sean elegibles. "Por lo general, la ser elegibles al SNAP, los no ciudadanos deben cumplir con uno de los siguientes criterios: haber vivido en Estados Unidos por al menos cinco años, estar recibiendo ayuda por discapacidad y ser un menor de 18 años", precisa en su web el Departamento de Agricultura, la agencia a cargo del programa.

Esto significa que inmigrantes con asilo, por ejemplo, no serían elegibles si se aprueban los cambios en el Congreso.

Los hallazgos de la oficina de la 'parliamentarian' fueron más allá. También consideró que varias provisiones del comité de Comercio, Ciencia y Transporte, liderado por el senador por Texas Ted Cruz, violarían las reglas senatoriales. Incluyen, por ejemplo, fondos por $250 millones para estaciones de la Guardia Costera dañadas por incendios en 2025.

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