Estados demócratas buscan dar apoyo a inmigrantes mientras el Gobierno de Trump endurece políticas migratorias

Mientras el presidente Donald Trump endurece las políticas de inmigración del país, los legisladores de los estados liderados por los demócratas están proponiendo nuevas medidas que podrían hacer de obstáculos legales para los funcionarios federales de inmigración y ayudar a los inmigrantes que carecen de estatus legal a evitar la deportación.

Los esfuerzos de autoridades en California, Nueva York y otros estados son un contrapunto a los muchos estados liderados por los republicanos que promueven medidas para ayudar a la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal, lo que pone de relieve una división nacional.

En solo su primera semana en el cargo, la administración de Trump ha detenido la llegada de refugiados; ha acelerado las deportaciones; ha enviado tropas militares a la frontera sur; ha levantado las antiguas normas que restringían la aplicación de la ley de inmigración cerca de escuelas, iglesias y hospitales; ha intentado poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento; y ha ordenado a los fiscales federales que investiguen a los funcionarios estatales o locales que crean que están interfiriendo con su ofensiva contra la inmigración ilegal.

Ya se han presentado cientos de proyectos de ley sobre inmigración en los estados y se espera que la próxima semana se tomen más medidas. Los gobernadores republicanos Ron DeSantis de Florida y Bill Lee de Tennessee han convocado sesiones legislativas especiales que comenzarán el lunes para apoyar la agenda de inmigración de Trump.

Mientras tanto, los demócratas en estados como Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para ampliar la atención médica y la educación superior para los inmigrantes, restringir que los propietarios pregunten sobre el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de inmigrantes.

Muchos adultos estadounidenses apoyan una mayor seguridad en la frontera sur y la deportación de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y que han sido condenados por delitos violentos, según una encuesta de The Associated Press-NORC. Pero algunas acciones tienen menos consenso. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos estadounidenses apoyan la deportación de todos los inmigrantes que viven en el país ilegalmente, mientras que una proporción similar se opone.

Asistencia legal para luchar contra la deportación

A diferencia de lo que ocurre en los tribunales penales, no existe el derecho constitucional a un abogado financiado por el gobierno en los tribunales de inmigración. A medida que Trump intensifica los esfuerzos de deportación, algunas medidas estatales ayudarían a pagar a los abogados que defiendan a las personas que enfrentan procedimientos de inmigración.

Una de las líderes de este tipo de iniciativas es la asambleísta de Nueva York Catalina Cruz, que llegó a Estados Unidos a los 9 años procedente de Colombia y permaneció sin estatus legal durante más de una década antes de obtener la residencia permanente y convertirse en ciudadana estadounidense y abogada.

Cruz ha presentado más de media docena de proyectos de ley para ayudar a los inmigrantes. Uno de ellos afirmaría el derecho, en virtud de la ley estatal, a recibir asesoramiento legal en los procedimientos de inmigración en Nueva York. Otro autorizaría subvenciones estatales para que las organizaciones contraten, capaciten y equipen al personal para proporcionar asistencia legal a las personas que se enfrentan a la deportación.

“En un mundo en el que la amenaza de deportaciones masivas es inminente”, la legislación “da a las personas la oportunidad de luchar por su caso, de luchar por sus familias, de luchar por sus derechos”, dijo Cruz.

Cruz estima que el 60% de los residentes de su distrito legislativo de la ciudad de Nueva York son no ciudadanos, y añadió: “La gente está aterrorizada”.

Ayuda para inmigrantes que buscan estatus legal

Algunas propuestas legislativas también financiarían abogados que podrían ayudar a los inmigrantes a obtener la residencia legal. Un proyecto de ley de la senadora estatal de Oregon Lisa Reynolds requeriría que el Departamento de Servicios Humanos del estado ofrezca subvenciones a organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las personas que no son ciudadanas a cambiar su estatus migratorio o convertirse en residentes permanentes legales.

“Oregon ha tenido una tradición muy orgullosa de hacer todo lo posible para ayudar a quienes han inmigrado recientemente a nuestro estado desde “Otros países, y especialmente aquellos que han sido refugiados políticos”, dijo Reynolds. “Todos estamos sintiendo un poco más de urgencia en torno a esto”.

Desde 1987, la ley de Oregon ha prohibido a los agentes “detectar o detener a personas con el propósito de hacer cumplir las leyes federales de inmigración”. Los votantes en 2018 derrotaron una medida electoral que habría derogado la llamada ley santuario.

Un escudo para las escuelas con estudiantes inmigrantes

A principios de esta semana, la administración Trump revirtió la guía que durante más de una década había restringido a las agencias federales de llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles, como escuelas, iglesias y centros de atención médica. Algunos padres ahora temen redadas de inmigración en las escuelas.

En California, aproximadamente 1 de cada 5 niños vive en familias donde al menos una persona no tiene estatus legal, según The Children's Partnership, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles.

El asambleísta de California Al Muratsuchi, presidente del comité de educación de la cámara, está patrocinando una legislación que dificultaría a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ingresar a las escuelas y centros de cuidado infantil.

El proyecto de ley exigiría que los funcionarios federales tengan una orden judicial, una declaración escrita de propósito, una identificación válida y la aprobación de un administrador de la instalación. Si se cumplen esos criterios, los funcionarios federales de inmigración solo podrían acceder a las áreas donde no haya niños.

Muratsuchi dijo que comenzó a trabajar en la legislación tan pronto como Trump fue elegido. "Esta es una prioridad máxima para proteger a todos nuestros estudiantes, incluidos nuestros estudiantes inmigrantes", dijo Muratsuchi.

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