Qué le espera en los tribunales a la orden de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento

La lucha legal contra la orden del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados avanza en su camino hacia la Corte Suprema.

Un juez federal de New Hampshire emitió este jueves un fallo que suspende los efectos de la orden firmada en enero. La medida responde a una demanda colectiva e incluye una suspensión de siete días para permitir la apelación.

La decisión del juez del tribunal de distrito se produce menos de un mes después de que la Corte Suprema limitara a los tribunales inferiores la posibilidad de dictar medidas cautelares a escala nacional sin resolver la cuestión subyacente de la constitucionalidad de la orden del presidente.

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El alto tribunal también dejó abierta la posibilidad de que las impugnaciones de la ciudadanía por nacimiento siguieran bloqueadas en todo el país.

Esto es lo que hay que saber sobre la ciudadanía por nacimiento y lo que ocurrirá a continuación.

¿En qué consiste la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento supone que adquiere la nacionalidad del país, en este caso Estados Unidos, cualquier persona nacida en su territorio, sin importar si son hijos de madres y padres que se encuentran sin un estatus legal.

En EEUU, se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para garantizar que los negros, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran la ciudadanía.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos", dice la enmienda, con una redacción hecha para excluir a los hijos de diplomáticos, no sujetos a la jurisdicción, como es costumbre en el derecho internacional.

Treinta años después, a Wong Kim Ark, un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos, se le denegó la reentrada en Estados Unidos tras viajar al extranjero.

Su demanda llevó a la Corte Suprema a resolver explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente de la situación legal de sus padres.

Desde entonces, se considera parte intrínseca de la legislación estadounidense.

Trump lleva tiempo diciendo que quiere acabar con la ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, pretende denegar la ciudadanía a los hijos nacidos de personas que viven en Estados Unidos sin documentos o de manera temporal.

Es parte de la agenda de antiinmigración de línea dura del presidente, que ha llamado a la ciudadanía por nacimiento un "imán para la inmigración ilegal".

Trump y sus partidarios se centran en una frase de la enmienda: "sujetos a su jurisdicción", diciendo que significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que estén en el país sin documentos legales.

Una serie de jueces federales han dicho que eso no es cierto, y han emitido órdenes judiciales a nivel nacional que impiden que su orden entre en vigor.

"Llevo en el banquillo más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como lo es esta. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional", declaró el juez de distrito John Coughenour en una vista celebrada a principios de año en su juzgado de Seattle.

Los jueces de la Corte Suprema no dijeron si la orden de Trump es o no constitucional

El fallo del alto tribunal fue una gran victoria para el gobierno de Trump, ya que limitó la autoridad de un juez individual en la concesión de medidas cautelares a nivel nacional sobre la base de demandantes individuales.

El gobierno del republicano aclamó el fallo como un control monumental de los poderes de los jueces individuales de los tribunales de distrito, que los partidarios de Trump aseguran quieren usurpar la autoridad del presidente con fallos que bloquean sus prioridades en torno a la inmigración y otros asuntos.

Pero la Corte Suprema no abordó los méritos de la oferta de Trump para hacer cumplir su orden ejecutiva de ciudadanía por nacimiento, y dejó la puerta abierta a demandas colectivas que la desafían.

La Corte Suprema dijo que los jueces de distrito generalmente no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional, pero el tribunal no descartó si los jueces podrían lograr casi lo mismo por un medio legal diferente, una demanda colectiva.

Varias vías legales para desafiar la orden de Trump en contra de la ciudadanía por nacimiento

La decisión del juez Joseph Laplante del Tribunal de Distrito de New Hampshire se produce en medio de las impugnaciones legales a la orden del presidente en tribunales de distrito y de apelación de todo el país.

Entre los demás casos pendientes hay demandas presentadas por unas dos docenas de estados y ciudades, defensores de los derechos de los inmigrantes, madres y futuras madres.

Un juez de distrito de Maryland está estudiando los argumentos sobre cómo proceder a partir de la opinión de la Corte Suprema que limita las medidas cautelares a escala nacional.

Los fiscales generales de Nueva Jersey y de otros estados argumentan que la reciente opinión del alto tribunal justifica la suspensión de la orden en todo el país y que corresponde al gobierno federal proponer otras soluciones para que las consideren los tribunales.

El profesor de Derecho del Boston College Daniel Kanstroom, experto en leyes de inmigración, dijo a AP que cree que el caso está destinado a la Corte Suprema de EEUU.

"Lo que está en juego en este caso no podría ser mayor", dijo. "Afecta a millones de personas. Afecta a toda la naturaleza de nuestro sistema de inmigración. Y, en muchos sentidos, afecta a la cuestión permanente de cómo reaccionamos ante la esclavitud y ante la Guerra Civil y de qué trataba la 14ª Enmienda en primer lugar".

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