La batalla legal sobre la medida de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución y que el presidente quiere limitar en una orden ejecutiva está lejos de terminar, a pesar de la importante victoria que obtuvo el gobierno republicano el viernes en la Corte Suprema de Justicia que limita los mandatos judiciales a nivel nacional que mantenían bloqueada la aplicación del decreto.
Qué sigue en el caso de la ciudadanía por nacimiento que Trump quiere limitar
El fallo de la Corte Suprema en un caso relacionado con el derecho constitucional a la nacionalidad por nacimiento limita el poder de las cortes federales para bloquear políticas del Ejecutivo y los fuerza a adaptar sus decisiones antes de que entre en vogencia el decreto presidencial dentro de 30 días.
Los defensores de los inmigrantes se comprometen a luchar para garantizar que la ciudadanía por nacimiento siga vigente, mientras el presidente republicano intenta eliminar más de un siglo de precedentes.
El fallo del Tribunal Supremo devuelve a los tribunales inferiores los casos que impugnan la orden ejecutiva del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el destino final de la política presidencial sigue siendo incierto.
El efecto trasciende la ciudadanía por nacimiento. Con el poder de los jueces de distrito limitado a sus jurisdicciones por decisión del Supremo, el presidente Trump queda liberado para poner en marcha muchas de esas órdenes ejecutivas que han quedado en suspenso, al menos, en los distritos donde no llegan las decisiones de los jueces federales, como indica ahora al Corte Suprema.
¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento otorga ciudadanía estadounidense a toda persona nacida en Estados Unidos, incluidos los hijos de madres que residen sin autorización legal en el país, bajo el principio de 'jus soli' (derecho del suelo). Es una práctica que se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, en parte para garantizar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, obtuvieran la ciudadanía.
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos", establece la enmienda.
Fue treinta años después, cuando Wong Kim Ark, nacido en Estados Unidos de padres chinos, se le negó el reingreso al país tras viajar al extranjero que la Corte Suprema dictaminó explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, sin importar el estatus legal de sus padres.
Desde entonces, se ha considerado parte intrínseca de la legislación estadounidense, con solo unas pocas excepciones, como la de los hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros.
Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, viejo empeño de Trump
La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, busca negar la ciudadanía a los hijos de personas que residen en Estados Unidos de forma ilegal o temporal. Esto forma parte de la agenda inmigratoria de línea dura del presidente, quien ha calificado la ciudadanía por derecho de nacimiento como un "imán para la inmigración ilegal".
Trump y sus partidarios se centran en una frase de la enmienda —"sujeto a su jurisdicción"—, argumentando que significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que residen en el país sin documentos.
Varios jueces federales han declarado que esto no es cierto y han emitido órdenes judiciales a nivel nacional que impiden la entrada en vigor de la orden.
"Llevo más de cuatro décadas en el estrado. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara como en este. Se trata de una orden flagrantemente inconstitucional", declaró el juez federal de distrito John Coughenour en una audiencia celebrada a principios de este año en su tribunal de Seattle.
En Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington, la jueza federal de distrito Deborah Boardman escribió que "la Corte Suprema ha rechazado rotundamente, y ningún tribunal del país ha respaldado jamás", la interpretación de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.
El presidente Trump, la fiscal general Bondi y otros voceros del gobierno han acusado a los jueces de ser "activistas liberales" que quieren detener políticas que no son de su agrado, aunque los razonamientos de estos han estado basados en preocupaciones constitucionales como queda planteado en sus fallos.
¿Es constitucional la orden de Trump? Los jueces no lo dijeron.
El fallo del alto tribunal representó una importante victoria para la administración Trump, ya que limitó la autoridad de un juez individual para otorgar órdenes judiciales a nivel nacional. La administración elogió el fallo como un freno monumental a las facultades de los jueces de distrito individuales, quienes, según los partidarios de Trump, quieren usurpar la autoridad del presidente con fallos que bloquean sus prioridades en materia de inmigración y otros asuntos.
Sin embargo, la Corte Suprema no abordó los fundamentos de la iniciativa de Trump para hacer cumplir su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento, porque la solicitud de emergencia que había presentado el gobierno no buscaba solucionar el fondo del asunto, sino impedir que tribunales de distrito puedan paralizar políticas del Ejecutivo, cosa que logró.
Fue una decisión estratégica del gobierno que le "da más poder al Ejecutivo de llevar a cabo su política", explicó el abogado de inmigración de Univision Armando Olmedo, recordando los argumentos que se escucharon sobre el caso semanas atrás en la Corte Suprema.
“Los jueces le dijeron (a los abogados del gobierno): ‘¿Por qué ustedes no argumentan la Enmianda 14 y salen de eso?’. Y les dijeron: ‘Nos vamos a enfocar en estas órdenes de alcance nacional’. Porque esto le beneficia al gobierno en otros ámbitos”,
La fiscal general Pam Bondi declaró a la prensa en la Casa Blanca que la administración confía plenamente en que el alto tribunal finalmente se pondrá del lado de la administración sobre el fondo del caso.
La incertidumbre sobre lo que viene para la ciudadanía por nacimiento
Los jueces remitieron los casos que impugnan la política de ciudadanía por nacimiento a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus órdenes para cumplir con el nuevo fallo.
La orden ejecutiva permanece bloqueada durante al menos 30 días, lo que da tiempo a los tribunales inferiores y a las partes para definir los próximos pasos.
El fallo deja abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política aún puedan obtener una compensación a nivel nacional mediante demandas colectivas y solicitar la certificación como grupo a nivel nacional. A las pocas horas del fallo, se presentaron dos demandas colectivas en Maryland y New Hampshire buscando bloquear la orden de Trump.
Sin embargo, obtener una compensación a nivel nacional mediante una demanda colectiva es difícil, ya que los tribunales han puesto obstáculos a lo largo de los años, afirmó Suzette Malveaux, profesora de la facultad de derecho de la Universidad Washington and Lee.
"Una demanda colectiva no es una forma fácil y sencilla de sortear el problema de no tener una compensación a nivel nacional", declaró Malveaux, quien instó al tribunal superior a no eliminar las medidas cautelares a nivel nacional.
La jueza Sonia Sotomayor, en su opinión disidente, instó a los tribunales inferiores a "actuar con rapidez ante dichas solicitudes de compensación y a resolver los casos lo antes posible para permitir la pronta revisión de este Tribunal" en casos "que impugnen políticas tan manifiestamente ilegales y perjudiciales como la Orden de Ciudadanía".
Quienes se oponen a la orden de Trump advirtieron que habría una disparidad de políticas en los estados, lo que generaría caos y confusión sin un alivio nacional.