Las polémicas que persiguen a Emil Bove; el abogado de Trump que busca ser juez de una corte de apelaciones

Emil Bove, un abogado que defendió al presidente Donald Trump en el caso penal en que fue hallado culpable de alterar registros comerciales, se enfrenta este miércoles a los legisladores en una audiencia de confirmación para convertirse en juez de la corte federal de apelaciones.

Trump nominó a Bove el mes pasado para cubrir una vacante en la corte de apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, que lleva de casos de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania.

"Emil es INTELIGENTE, DURO y respetado por todos", dijo Trump en un post en redes sociales anunciando la nominación en mayo. “Pondrá fin a la politización de la justicia, restaurará el Estado de derecho y hará todo lo que sea necesario para que AMÉRICA VUELVA A SER GRANDE. Emil Bove nunca nos defraudará", escribió el presidente.

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Se espera que Bove se enfrente a un duro interrogatorio ante el Comité Judicial del Senado dado su papel en algunas de las acciones más criticadas del Departamento de Justicia desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año.

Te contamos más sobre Bove que busca convertirse en juez de una corte de apelaciones.

¿Quién es Emil Bove?

Bove manejó muchos argumentos clave en los casos legales de Trump, incluidos los esfuerzos pendientes para que se anule la condena por falsificación de documentos de sus empresas para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, quien afirma que mantuvo una relación sexual con el presidente hace varios años, algo que el mandatario niega.

Antes de ejercer como abogado defensor de Trump, Bove tenía una amplia experiencia como fiscal penal. Consiguió condenas de alto nivel por terrorismo y tráfico de drogas, y en una ocasión supervisó un caso en el que un error en las pruebas provocó la reprimenda de un juez.

Durante sus nueve años como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, Bove trabajó en múltiples casos de alto perfil, incluyendo uno de tráfico de drogas contra el hermano del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, también en el caso de un hombre que hizo explotar un dispositivo de olla a presión en Manhattan y el de un hombre que envió docenas de bombas por correo a objetivos prominentes en todo el país.

Cuando Todd Blanche, otro exabogado de defensa criminal de Trump fue juramentado como fiscal general adjunto de EEUU, Bove se convirtió en el principal asesor de Blanche, sirviendo como fiscal general adjunto en funciones.

En este puesto, Bove ha estado en el centro de algunas de las acciones más criticadas del Departamento de Justicia desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.

Las polémicas que persiguen a Emil Bove

Los demócratas han expresado su preocupación sobre varias actuaciones de Bove, como su orden de desestimar el caso de corrupción del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que provocó la dimisión de una fiscal federal neoyorquina y de otros altos funcionarios del Departamento de Justicia.

Adams fue acusado en septiembre de 2024 de aceptar más de $100,000 en contribuciones ilegales de campaña y beneficios de viaje de un funcionario turco y líderes empresariales que buscaban influir mientras él era presidente del condado de Brooklyn.

Bove justificó la desestimación de su caso diciendo que la próxima campaña de reelección a la alcaldía y el combate contra la inmigración ilegal y el crimen violento requieren la atención total de Adams.

La solicitud inicial de Bove para que retirara los cargos contra Adams llevó a renunciar a la entonces fiscal general interina Danielle Sassoon.

En total, siete fiscales, incluidos cinco de alto rango en el Departamento de Justicia en Washington renunciaron en febrero por esta petición.

Los despidos a fiscales “contrarios a la agenda de Trump” ordenados por Emil Bove

Otra de las polémicas que persigue a Bove es cuando acusó a funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de "insubordinación" por negarse a entregar los nombres de los agentes que investigaron los disturbios del Capitolio de Estados Unidos, y ordenó el despido de un grupo de fiscales implicados en las causas penales del 6 de enero.

Bove, ordenó los despidos de los fiscales días después de que Trump indultara a más de 1,500 personas procesadas por los disturbios tras su derrota electoral frente a Joe Biden.

La medida fue interpretada como la determinación de la Casa Blanca de ejercer control sobre la policía federal y purgar a las agencias de funcionarios de carrera que el nuevo presidente considera insuficientemente leales, sobre quienes ya anunció "represalias" durante su campaña.

Bove también se movió agresivamente para alinear el Departamento de Justicia con la agenda de Trump en torno a la inmigración y otros asuntos, ordenando a los fiscales federales que investiguen para un posible enjuiciamiento penal a funcionarios estatales o locales que se cree que están interfiriendo con la represión a la inmigración del gobierno republicano.

El caso de Kilmar Ábrego García que empeña la nominación de Emil Bove como juez

Un exabogado del Departamento de Justicia sugirió este martes que el gobierno de Trump podría haber ignorado las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas, entre ellos Kilmar Ábrego García.

En una denuncia pública este martes, el exabogado del gobierno, Erez Reuveni, lanzó una acusación explosiva. En una carta informó de una reunión del Departamento de Justicia en marzo sobre los planes del presidente Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros por lo que según el presidente afirmó que era una invasión de la banda venezolana Tren de Aragua.

Reuveni dijo que Bove planteó la posibilidad de que un tribunal bloqueara las deportaciones antes de que pudieran producirse. Reuveni afirma que Bove utilizó un insulto, diciendo que el departamento tendría que considerar la posibilidad de "ignorar cualquier orden de este tipo", según la denuncia.

“Reuveni se quedó estupefacto ante la declaración de Bove porque, por lo que sabe en la dirección del Departamento de Justicia, en ninguna administración se había sugerido nunca que el Departamento de Justicia pudiera ignorar descaradamente las órdenes judiciales, especialmente con un improperio", dice el escrito.

En las semanas siguientes a la reunión, Reuveni dice que planteó su preocupación en varios casos sobre los esfuerzos para violar las órdenes judiciales a través de "la falta de franqueza, el retraso deliberado y la desinformación".

El despido de Reuveni se produjo después de que admitiera en una vista judicial celebrada en abril que un salvadoreño, Kilmar Abrego García, no debería haber sido deportado a una prisión de El Salvador, y expresara su frustración por la falta de información sobre las actuaciones del gobierno de Trump.

Tras esa vista, Reuveni dice que se negó a firmar un escrito de apelación en el caso de Abrego García que incluía argumentos "contrarios a derecho, frívolos y falsos".

Reuveni solicitó este martes una investigación del Congreso y del Departamento de Justicia, ya que alega que fue expulsado y menospreciado públicamente tras resistirse a los intentos de desafiar a los jueces y presentar ante los tribunales argumentos falsos o carentes de base jurídica.

Las reacciones antes las acusaciones contra Bove

El fiscal general adjunto Todd Blanche calificó las acusaciones de Reuveni de "totalmente falsas", afirmando que él estuvo en la reunión de marzo y que "en ningún momento nadie sugirió que no se cumpliera una orden judicial."

"Plantar un falso artículo de ataque el día antes de una audiencia de confirmación es algo que hemos llegado a esperar de los medios de comunicación, pero eso no significa que deba ser tolerado", escribió Blanche en un post en X.

Por su parte, el principal demócrata en el comité, el senador Dick Durbin, dijo este martes que las acusaciones de Reuveni son parte de un "patrón más amplio del presidente Trump y sus aliados para socavar el compromiso del Departamento de Justicia con el Estado de derecho".

"Quiero dar las gracias al señor Reuveni por ejercer su derecho a hablar y exigir responsabilidades al señor Bove", dijo Durbin en un comunicado.

"E imploro a mis colegas republicanos del Senado: no hagan la vista gorda ante las nefastas consecuencias de confirmar al señor Bove en un puesto vitalicio como juez de un tribunal de circuito".

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