Acusado de varios delitos de fraude, renuncia el congresista que promovió la polémica ley 'No digas gay' de Florida
El representante estatal republicano Joseph Harding, promotor de la ley conocida como 'No digas gay' en Florida, envió una carta de renuncia para concentrarse en un juicio en el que se le acusa de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas.
Por:
Univision y EFE
La polémica ley, conocida por sus detractores como 'No digas gay', prohíbe la enseñanza de orientación sexual e identidad de género desde kindergarten hasta tercer grado. Compañías como Disney, defensores de derechos humanos y la Casa Blanca se oponen a la medida. Quienes la apoyan, como el senador estatal republicano Manny Díaz, dicen que se trata de una protección a los derechos de los padres de familia. Puedes ver más noticias gratis en Prende TV aquí.
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El congresista republicano de Florida, Joseph Harding, autor de una polémica ley conocida como 'No digas gay' y acusado de fraude electrónico, entre otros cargos, renunció este jueves a su escaño en la Camára de Representantes estatal para poder "concentrarse" en su próximo juicio.
Harding, de 35 años y oriundo de la ciudad de Williston, ubicada en el condado floridano de Levy, en la costa noroeste de Florida, envió una carta de renuncia al presidente de la Cámara de Representantes del estado, Paul Renner, señalando que debe "concentrarse" en el juicio en su contra programado para el 11 de enero de 2023.
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"Ahora es el momento de permitir que alguien más preste servicios a mi distrito", el número 24, dijo en un comunicado Harding, quien representó un área de dos condados en la parte norte-central del estado, incluyendo la ciudad de Ocala.
Según dan cuenta medios locales como NBC6, el gobernador estatal, Ron DeSantis, deberá convocar una elección especial para reemplazar a Harding.
El representante estatal de Florida, Joseph Harding.
El congresista republicano, autor de una polémica ley que prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual e identidad de género en las aulas de primaria, fue acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas, delitos en conjunto que podrían suponerle más de 30 años de cárcel, según informó el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un comunicado, la Fiscalía del Distrito Norte de Florida dijo que Harding "obtuvo e intentó obtener de manera fraudulenta" más de 150,000 dólares en fondos destinados a las pequeñas y medianas empresas "a los que no tenía derecho".
La acusación formal alega que, entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de marzo de 2021, Harding "cometió dos actos de fraude electrónico" al participar en un esquema para obtener préstamos para pequeñas empresas relacionados con el coronavirus "mediante representaciones y promesas falsas y fraudulentas".
En concreto, se trata de "solicitudes falsas y fraudulentas" al programa federal Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL), activado durante la pandemia para aliviar los daños a las pequeñas y medianas empresas.
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Harding también está acusado de dos cargos de participar en "transacciones monetarias con fondos derivados de actividades ilegales relacionadas con su transferencia de los ingresos de EIDL obtenidos de manera fraudulenta a dos cuentas bancarias", así como de dos cargos por hacer declaraciones falsas a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
El juicio de Harding está programado para el próximo 11 de enero en un tribunal de Gainesville (norte de Florida) ante el juez federal de distrito Allen Winsor.
Harding fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Florida en 2020 y es el impulsor de la polémica ley conocida como 'No digas gay', firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el pasado 28 de marzo.
Oficialmente nombrada como "Derechos de los padres en la educación", dicha ley impide que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual en el jardín de infancia y los dos primeros cursos y faculta a los padres a presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios si consideran que ha habido infracciones.
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