El plan del presidente Donald Trump para retirar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas inmigrantes indocumentadas continuará bloqueado.
El intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento seguirá bloqueado: el gobierno no apeló
Joseph LaPlante bloqueó la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento y, tras no recibir apelación en el plazo de una semana, su suspensión quedó vigente.
Este viernes, entró en vigor la orden de un juez federal en New Hampshire que impide su implementación a nivel nacional, mientras que otro juez en Boston también parece inclinado a mantener este freno judicial.
El juez Joseph LaPlante bloqueó la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento y, tras no recibir apelación en el plazo de una semana, su suspensión quedó vigente. Esto protege a los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal incluidos en una demanda colectiva.
La orden contra ciudadanía por nacimiento fue bloqueada porque "provocaría daños irreparables"
LaPlante en New Hampshire decidió bloquear la orden ejecutiva de Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento, tras certificar una demanda colectiva que representa a todos los niños alcanzados por la medida.
Luego de otorgar un plazo de siete días para que el gobierno pudiera apelar y no recibir respuesta, la suspensión pasó a ser efectiva, protegiendo legalmente a los menores afectados. Cody Wofsy, abogado de la ACLU, dijo a AP que la resolución ofrece una salvaguarda fundamental para los derechos de los niños cuestionados por la llamada "orden ejecutiva ilegal".
Esta acción judicial constituye un freno inmediato e indefinido a la propuesta de la administración de Trump.
Paralelamente, el juez Leo Sorokin, en Boston, escuchó a representantes de múltiples estados que denunciaron la inconstitucionalidad de la iniciativa federal y su potencial impacto negativo en servicios públicos. Aunque aún no emite un fallo definitivo, evidenció una inclinación a mantener la suspensión vigente contra la controversial orden.
La propuesta de Trump enfrenta no solo el rechazo de jueces federales, sino la oposición de estados y organizaciones por considerarla una violación al texto y espíritu de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos que indica “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen".
Human Rights Watch advierte que implementarla, “empujaría a numerosos niños a una condición de inseguridad y precariedad legal nunca antes experimentada en el país”, sin acceso garantizado a servicios esenciales ni documentos federales, y los expondría a la amenaza permanente de deportación.
A pesar de los fallos judiciales adversos, la batalla legal está lejos de concluir pues la administración de Trump podría todavía intentar restringir el alcance de la orden del juez o llevar el caso ante el Tribunal Supremo.
El máximo tribunal dictaminó recientemente que los tribunales inferiores, por lo general, no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes que podrían tener efectos nacionales, incluidas las demandas colectivas y las interpuestas por los estados.
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