Decisión de la Corte Suprema trasciende la ciudadanía por nacimiento y desbloquea otros decretos de Trump

El efecto de la decisión de la Corte Suprema no se limita a la orden ejecutiva con la que Donald Trump quiere condicionar el derecho a la ciudadanía por nacimiento consagrado en la Constitución, sino que potencialmente abre las compuertas para que se ponga en vigencia, parcial o total, otros decretos que han sido bloqueados con efecto nacional por cortes inferiores.

En la rueda de prensa en la Casa Blanca tras la decisión de la Corte Suprema, el presidente Trump aseguró que ahora "puede tramitar debidamente" esas políticas que fueron bloqueadas por órdenes judiciales a nivel nacional.

"Tenemos muchísimas. Tengo una lista completa", dijo Trump y mencionó la eliminación de la financiación para las "ciudades santuario", la suspensión del reasentamiento de refugiados, la congelación de "financiación innecesaria" y la limitación del uso de fondos federales para cirugías transgénero.

Ahora, con el poder de los jueces de distrito limitado a sus jurisdicciones por decisión del Supremo, el presidente Trump queda liberado para poner en marcha muchas de esas órdenes ejecutivas que han quedado en suspenso, al menos, en los distritos donde no llegan las decisiones de los jueces federales, como indica ahora al Corte Suprema.

El efecto final es que se le da a la Casa Blanca, independiente del signo del presidente que la ocupe, amplias facultades para gobernar por decreto y ejercer su poder sin cortapisas, al menos mientras se define si son legales o no sus acciones.

La drástica reducción del poder de las cortes federales

La Casa Blanca de Trump ha argumentado que los jueces de tribunales inferiores se basan en los mandatos judiciales a nivel nacional para interferir con la agenda del presidente de maneras que exceden la función constitucional de los tribunales.

Pero quienes defienden los mandatos judiciales a nivel nacional argumentan que se debe a lo que perciben como una frecuente disposición del gobierno a violar la ley para lograr sus objetivos políticos y que se trata de una herramienta necesaria para el balance de los poderes públicos.

Hasta este viernes, más de 1000 jueces tenían la facultad de emitir órdenes judiciales a nivel nacional que podían frenar al gobierno federal. Ahora, sus decisiones solo rigen para los demandantes en el caso.

Los jueces de distrito han utilizado repetidamente los mandatos judiciales a nivel nacional para bloquear las políticas de la administración Trump y anteriores gobiernos. Algunos de estos mandatos han sido revocados por tribunales superiores; los que siguen vigentes pueden estar a punto de cambiar en su alcance.

“Los jueces le dijeron (a los abogados del gobierno): ‘¿Por qué ustedes no argumentan la Enmianda 14 y salen de eso?’. Y les dijeron: ‘Nos vamos a enfocar en estas órdenes de alcance nacional’. Porque esto le beneficia al gobierno en otros ámbitos”, dijo el abogado de inmigración de Univision Armando Olmedo, recordando los argumentos que se escucharon sobre el caso semanas atrás en la Corte Suprema.

"Esto la da más poder al Ejecutivo de llevar a cabo su política".

A mediados de mayo, había más de dos docenas de mandatos judiciales a nivel nacional vigentes que bloqueaban las políticas de Trump, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.

Impacto en las políticas vigentes de Trump

El fallo de la Corte Suprema no significa que los bloqueos vigentes desaparecerán de inmediato. Se espera que como próximo paso, cada tribunal aplique el nuevo precedente en sus propios casos.

Estas son algunas de las políticas que la administración Trump ha intentado implementar, pero que han sido bloqueadas por órdenes judiciales a nivel nacional que, por ahora, siguen vigentes:

• Ayuda legal para niños indocumentados: El gobierno ordenó eliminar el contrato que existía para dar representación legal a menores de edad inmigrantes que no tienen acceso a abogados que los ayuden en sus procesos migratorios. Pero un juez de California bloqueó la orden que dejaba desamparados a unos 25,000 niños actualmente en el sistema de cortes de inmigración.

• Prueba de ciudadanía para ejercer el voto: En marzo, la Casa Blanca impuso nuevos requisitos para la identificación de los votantes en los centros de votación. La iniciativa fue bloqueada por jueces de Washington, D.C. y Massachusetts, con el argumento de que probablemente violaría las leyes que garantizan el derecho al voto. La demanda fue presentada por 19 estados y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, junto con otras dos organizaciones, lo que plantea la posibilidad de que los requisitos de votación propuestos por la administración se apliquen en algunos estados, pero no en otros.

• Condicionar fondos federales a los estados para que se plieguen a las políticas de Trump: la administración amenazó con congelar hasta $3 billones (trillions, en inglés) en fondos federales a los estados para que se ajusten a las políticas de la administración federal. La orden fue bloqueada por jueces de Washington y Rhode Island, tras recibir demandas que involucran a 23 estados y cuatro organizaciones sin fines de lucro.

• Eliminar programas DEI en escuelas públicas: el Departamento de Educación aspira que las escuelas públicas eliminen los programas que promueven la diversidad y la equidad, o que pierdan su parte de aproximadamente $75,000 millones en fondos federales. Jueces de New Hampshire, Maryland y Washington bloquearon una iniciativa

• Fondos de ayuda exterior de USAID: El gobierno congeló unos $2,000 millones en ayudas que autorizó el Congreso para ser distribuida por la desmanteladas USAID o el Departamento de Estado, pero un juez en Washington ordenó que los pagos continuaran.