“Ignorantes tomaron una decisión por mí“: el trauma de una mujer para acceder a un aborto en Texas con un feto sin latido

El 22 de junio pasado Carla tuvo que procesar varias noticias a la vez. En el ultrasonido de sus siete semanas de embarazo el médico le dijo que el corazón de su bebé ya no latía. El feto estaba muerto. Y aunque vive en una de las grandes ciudades de Texas, para ella la solución era tan clara como dolorosa: tenían que practicarle un aborto. Pero para el médico que la atendía los siguientes pasos no estaban tan claros como consecuencia de la dura ley antiaborto que rige en el estado desde septiembre de 2021, la SB8, y por la posibilidad de que la Corte Suprema acabara con ese derecho en Estados Unidos, algo que ocurrió dos días después.

—Tengo una diatriba. No sé si te voy a poder prescribir la medicina para que abortes. La puedo prescribir, pero hay farmacias que no nos están llenando la prescripción. Tengo que explicar bien tu situación para que la farmacia la apruebe — le dijo el médico a Carla, que prefirió usar otro nombre y no mencionar al hospital por miedo a las repercusiones legales contra su médico.
—Doctor, pero si no encontraron latido — replicó ella.
—Tranquila, voy a averiguar con el board del hospital y te aviso al final del día — le respondió. Le explicó que también iba a preguntar si podían hacerle el aborto en el hospital o si debía viajar a otro estado en el que el derecho estuviera protegido.

En esa misma consulta, el médico le contó que tenía otra paciente con 14 semanas de embarazo cuyo feto había sido diagnosticado con anencefalia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) lo definen como un "defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo". Precisan que "casi todos los bebés que nacen con anencefalia morirán poco después de nacer". A esa madre, le dijo el doctor, no pudieron practicarle un aborto en ese hospital.

Desanimada, con su bebé muerto en el vientre y sin que pudieran ayudarla inmediatamente, Carla salió de la consulta: "Me sentí súper limitada, con un estrés adicional que no deberías tener como mujer en ese momento. Ya es suficiente con escuchar que tu embarazo no progresó, como para que te digan que no te pueden ayudar 'porque la ley no permite que te ayudemos', así no haya latido".

Cuando en la tarde fue la farmacia a buscar la prescripción de la píldora abortiva, recuerda que la vendedora titubeó para vendérsela: "Si no quiere esta —le dijo, sin mencionar el misoprostol que iba dentro de la bolsa de papel— no se la doy". Carla insistió en que sí la quería, la necesitaba: "La cara de la señora era reflejo de toda la situación, de preocupación, como si tuviera miedo de que alguien la viera".

La ley antiaborto de Texas ha sido una de las más cuestionadas por las organizaciones de derechos civiles y las sociedades médicas. Antes de que la Corte Suprema acabara con la histórica sentencia Roe v. Wade, la SB8 imponía un límite de seis semanas para que las mujeres pudieran realizarse legalmente un aborto, un tiempo en el que muchas ni siquiera saben que están en estado. Pero una vez que el máximo tribunal falló, los legisladores locales y el fiscal general, Ken Paxton, aseguraron que el aborto es completamente ilegal en el estado. Un tribunal inferior desafió la decisión, y poco después la Corte Suprema estatal invalidó la orden. Texas es un desierto para las mujeres que buscan un aborto.

Como consecuencia, más clínicas han cerrado sus puertas y otras han decidido mover sus operaciones a estados vecinos, como Nuevo México, donde el aborto es legal.

Lo que ocurre en Texas, se replica —en distintas escalas— en el resto del país. Clínicas que ayudaban a mujeres como Carla y fondos que financiaban a las de menores recursos para que pudieran acceder a abortos seguros se replantean cómo y dónde podrán operar de forma segura nuevamente.

Así quedó el derecho al aborto en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema:

"Estas leyes no están diseñadas para tener sentido"

Al doctor Bhavik Kumar, quien estuvo al frente del Planned Parenthood Center for Choice en Houston, no le sorprende escuchar historias como la de Carla. "Cuando tenemos a los políticos legislando en la forma como debemos hacer medicina, especialmente cuando debes decidir si una mujer necesita un aborto o no, aumentas la complejidad en la forma como podemos ofrecer cuidados de salud", reclama.

Entre sus colegas ha escuchado historias similares a la del médico que atendió a Carla: que no saben lo que pueden hacer y lo que no o qué opciones pueden ofrecer a los pacientes, si pueden darles prescripciones o medicamentos, ni siquiera si pueden realizar abortos. "Estas leyes no están diseñadas para tener sentido, no están hechas sobre la base de la medicina ni pensando en lo qué es mejor para nuestros pacientes (...) Y quienes proveen este tipo de atención no están acostumbrados a interpretar leyes ilógicas como esta (...) Ahora están es preocupados por las consecuencias, como que puedan perder sus licencias, ser multados, ir a la cárcel, enfrentar demandas".

Kumar teme que después de la decisión de la Corte Suprema, que avaló "la intromisión de los políticos en los consultorios", vengan más restricciones sobre otros derechos. "Es muy desafortunado porque hay gente sufriendo en el medio de todo esto".

En redes sociales, otros médicos de Texas han reportado más efectos de la SB8. Amy Schutt, especialista en fertilidad, escribió en mayo en su cuenta de Twitter que conocía a doctores a quienes las farmacias del estado les negaban prescripciones para tratar embarazos ectópicos o abortos espontáneos: "Y ¿por qué? Porque los farmaceutas están aterrados de ser criminalizados. Esto no es un simulacro. Es el peligro de que los políticos hayan roto la relación privada entre un médico y su paciente. Déjenme ser clara: estos políticos no son provida", escribió. "Más mujeres sufrirán complicaciones y morirán por embarazos mal manejados y anormales por la obstrucción al acceso de la buena medicina".

Univision Noticias consultó al hospital donde es atendida Carla sobre el protocolo que siguen para aprobar un aborto, pero la respuesta fue: "No tenemos comentarios".

El temor es generalizado entre los especialistas, porque la SB8 establece que cualquiera puede denunciar a quien facilite o motive a una mujer a realizarse un aborto y si el reclamo sale victorioso, el demandado debe pagar no menos de 10,000 dólares por cada aborto que "lleve a cabo o induzca".

La decisión del aborto

Carla desea tener un segundo bebé. Durante nueve meses lo buscó sin protección. Creyó que le pasaría como a otras amigas, que después de tener el primero, el segundo llegaría sin mucho esfuerzo, y no. Volvió entonces al mismo método con el que concibió a su primogénita, que ya tiene dos años y medio. Tras la primera ronda de inseminación intrauterina (IUI) tuvo un aborto involuntario. Siguió intentando esperanzada. Pero tras la experiencia que vivió recientemente luego de su tercera ronda de IUI, tiene miedo de seguir buscando, que el embarazo no progrese y deba enfrentar otra pérdida. Con su esposo, ya pusieron sobre la mesa —y en el presupuesto familiar— la posibilidad de que tengan que buscar la atención médica en otro estado.

"Cuando uno está abortando el dolor es fuerte, con calambres, como si estuvieras en proceso de parto. Hay dolor de cabeza, sangramiento profuso", recuerda Carla. "Es una decisión dura para cualquier madre, un proceso que involucra decisiones y en el que necesitas a alguien que tome tu salud y tu vida en sus manos, no estás pidiendo otra cosa".

Por eso, para ella, los políticos decidieron sobre ella sin entender el trauma que vive una mujer que llega hasta un aborto, desde madres como ella, que desean tener más hijos y los pierden en el camino, hasta aquellas que quedaron embarazadas tras una violación o sencillamente porque su método anticonceptivo falló: "La percepción de estas leyes es que la mujer está como loca y no puede estar así, abortando. Como si las mujeres que abortan están tomando esa decisión a la ligera. Nadie que pasa por un aborto está paseando y sintiendo una fiesta".

Para ella, los legisladores y los magistrados no revisaron los datos científicos ni escucharon a los médicos: "Personas ignorantes tomaron la decisión por mí y por todas las mujeres. No entienden nada. Dicen: 'Esta es mi creencia religiosa, la traigo a mi trabajo y tomo esta decisión'. Yo no llevo mis creencias religiosas al trabajo, pero ellos sí y las usan para decidir el futuro de otras personas".