PHILADELPHIA, Pensilvania.- El enfrentamiento entre el estado de Pensilvania y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) escaló hoy con la presentación formal de una demanda federal contra la administración Trump por cancelar de manera “arbitraria” un programa de ayuda alimentaria esencial para granjas y comunidades vulnerables.
Gobernador de Pensilvania demanda a la administración Trump por retiro “arbitrario” de fondos
Diecinueve estados y Washington DC se sumaron a la demanda que busca defender varios millones de presupuesto.
Por:
Univision
shapiro se une a otros gobernadores en demanda contra administración Trump.
Imagen Mark Makela / Getty Images.
El gobernador Josh Shapiro, junto a otros 19 gobernadores presentaron la demanda contra el gobierno federal, pues desde que comenzó esta administración se han hecho recortes a muchos programas y fondos en todo el país.
La demanda, presentada en Boston, solicita a un juez que impida a la administración Trump ampararse en una cláusula oscura de la regulación federal para recortar subvenciones que no se ajustan a sus prioridades. Desde enero, la demanda argumenta que la administración ha utilizado dicha cláusula para cancelar programas completos y miles de subvenciones previamente otorgadas a estados y beneficiarios, informa AP.
Antecedente en Pensilvania
Desde su creación en 2020 bajo el nombre Local Food Purchasing Assistance (LFPA), el programa había destinado hasta 1,000 millones de dólares para la compra directa de productos agrícolas locales. Pensilvania había asegurado 13 millones a lo largo de tres años para abastecer cocinas escolares, centros de cuidado infantil y bancos de alimentos, beneficiando a decenas de granjas familiares y distribuyendo más de 4 millones de comidas en su primer año.
Al mediodía, en un almacén de alimentos en Filadelfia, el gobernador Josh Shapiro afirmó que el USDA “rompió el acuerdo” al terminar el LFPA sin justificación clara. Junto al Secretario de Agricultura estatal, Russell Redding, y varios productores locales, Shapiro describió la cancelación como una acción “caprichosa” que viola el Administrative Procedure Act al no ofrecer una motivación adecuada ni un mecanismo contractual para poner fin al programa.
“Nuestras granjas invirtieron tiempo y esfuerzo con la promesa federal de apoyo. No podemos permitir que se nos quite a última hora sin una razón válida”, declaró Shapiro.
Fundamentos legales
La demanda, interpuesta en el Tribunal del Distrito Medio de Pensilvania en Harrisburg, sostiene que el USDA abusó de su autoridad al rescindir el contrato. El texto refuerza que, en los últimos seis meses, Pensilvania ha ganado todas las disputas judiciales contra recortes federales en fondos para preparativos ante desastres, conectividad para veteranos y asistencia a desempleados, lo que fortalece la confianza de la administración estatal en un fallo favorable.
Consecuencias para granjas y bancos de alimentos
La suspensión de los fondos amenaza la viabilidad de al menos 189 granjas familiares y pone en riesgo la distribución de leche, queso, carne, frutas y verduras a miles de personas. Organizaciones como Food Dignity advierten que sin estos recursos podría caer hasta un 13 % la donación de alimentos en despensas comunitarias, aumentando la inseguridad alimentaria en zonas rurales y urbanas de bajo ingreso.
Llamado al Congreso
El USDA aún no ha emitido comentarios oficiales, aunque fuentes del Departamento de Justicia analizan la posibilidad de solicitar la desestimación de la demanda. Mientras tanto, Shapiro urgió al Congreso a legislar para que futuros programas incluyan cláusulas que protejan a los estados de cancelaciones súbitas y garanticen la transparencia en la redistribución de fondos federales.
“Este litigio no solo defenderá los 13 millones de dólares para Pensilvania, sino que establecerá un precedente para proteger a todas las comunidades que dependen de la seguridad alimentaria”, concluyó el gobernador.
Con el litigio ya en marcha, los ojos de numerosos estados estarán atentos al veredicto, pues podría redefinir el alcance de las agencias federales y asegurar que los acuerdos de asistencia establezcan salvaguardas contra decisiones unilaterales.
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