Legisladores de Florida demandan a DeSantis por bloquear su acceso a centro de detención migratoria

TAMPA, Florida.- Cinco legisladores estatales de Florida presentaron una demanda ante la Corte Suprema del estado contra el gobernador Ron DeSantis, acusándolo de violar la ley al impedirles supervisar un controvertido centro de detención de inmigrantes conocido como el Alcatraz de los Caimanes ( Alligator Alcatraz) .

La instalación, construida en un aeródromo remoto en los Everglades, ha sido objeto de críticas por su carácter improvisado, su tamaño, con capacidad para 3,000 personas, y la falta de transparencia en su operación.

La querella, presentada el jueves, representa el mayor desafío institucional hasta ahora por parte de funcionarios estatales a la política migratoria de DeSantis. Los legisladores demandantes, todos demócratas, aseguran que el gobernador y Kevin Guthrie, director de la división de manejo de emergencias de Florida, excedieron su autoridad al negarles el acceso el pasado 3 de julio.

“Esta negativa no fue un error burocrático. Fue una obstrucción deliberada destinada a ocultar lo que realmente está sucediendo detrás de esas puertas”, expresaron en una declaración conjunta los legisladores, encabezados por la representante estatal Ashley Gantt, quien además es abogada y firmó la demanda en representación de los peticionarios. Según las leyes de Florida, los legisladores tienen derecho a ingresar “a su antojo” a cualquier institución correccional del estado para ejercer funciones de supervisión.

Desde el incidente, el gobierno estatal ha intentado reducir la tensión i nvitando a otros legisladores y miembros del Congreso estatal a visitar el sitio este sábado. Sin embargo, los demandantes consideran que esta invitación constituye un recorrido “controlado de cerca” y no reemplaza su derecho legal a realizar una supervisión independiente y no programada.

Gobierno de Florida califica la demanda de legisladores como “frívola”

Un portavoz del gobernador DeSantis calificó la demanda como “frívola” y confió en que el estado podrá resolver el caso rápidamente. “El Estado espera resolver rápidamente esta demanda tonta”, afirmó la vocera Molly Best en un comunicado.

La instalación fue construida en cuestión de días bajo una orden ejecutiva emitida por DeSantis, apelando a una supuesta crisis migratoria. Esa orden otorgó al gobernador poderes de emergencia, permitiéndole eludir procesos normales de contratación y adquisición de terrenos.

La ubicación del centro, a unos 72 kilómetros al oeste de Miami, en una zona de humedales protegidos, ha despertado preocupación entre ambientalistas y defensores de los derechos humanos, quienes critican tanto su impacto ecológico como la falta de claridad en su funcionamiento.

El gobernador ha promovido públicamente la instalación como un modelo replicable a nivel nacional, en sintonía con la agenda de deportación masiva impulsada por el presidente Donald Trump. “Florida continuará liderando en la aplicación de la ley de inmigración”, declaró un portavoz del gobierno estatal.

Para los legisladores demandantes, la controversia va más allá de la política migratoria: “No existe ningún estatuto que permita al gobernador anular la autoridad de supervisión del Congreso. Esta demanda trata de defender el estado de derecho, proteger a las personas vulnerables dentro de esa instalación y detener la normalización del abuso del poder ejecutivo”, afirmó Ashley Gantt.

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