SACRAMENTO, California. – El gobernador de California, Gavin Newsom, sufrió un revés judicial este martes cuando un juez federal rechazó su solicitud de emergencia para bloquear el despliegue de tropas federales en apoyo a las redadas de inmigración ordenadas por el presidente Donald Trump en Los Ángeles.
Rechazan solicitud de Newsom para frenar despliegue militar de Trump en redadas migratorias en Los Ángeles
El gobernador Gavin Newsom intentó detener el despliegue de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines federales que Trump ordenó para apoyar operativos de inmigración en Los Ángeles, pero un juez federal negó su petición.
Newsom había presentado una demanda urgente solicitando una orden judicial inmediata para detener lo que calificó como un uso inconstitucional e ilegal de la Guardia Nacional y marines federales.
En su alegato, sostuvo que la administración Trump federalizó sin consentimiento a 4,000 efectivos de la Guardia Nacional de California y desplegó 700 marines para apoyar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.
El estado argumentó que esta acción violaba la Constitución y el Título 10 del Código de Estados Unidos, que exige que cualquier orden de activación de tropas de la Guardia Nacional se emita a través de los gobernadores estatales.
Además, calificó el despliegue militar como una “provocación incendiaria” que sólo agrava las tensiones civiles tras las protestas pacíficas generadas por redadas recientes.
Sin embargo, el juez federal de distrito, Charles Breyer, negó la solicitud de restricción inmediata de Newsom. En su fallo, Breyer explicó que la administración Trump debía tener tiempo suficiente para responder formalmente a la demanda, otorgándole plazo hasta el miércoles por la tarde. La audiencia para discutir el fondo del caso fue programada para el jueves.
Por qué es importante esta decisión judicial
El rechazo judicial permite al gobierno federal mantener su plan de despliegue militar temporalmente, lo que incrementa la preocupación de autoridades estatales, defensores de derechos civiles y líderes comunitarios de Los Ángeles sobre una posible militarización de la política migratoria.
Newsom ha advertido que el uso de personal militar en tareas policiales urbanas contradice normas federales de larga data, como la Ley Posse Comitatus, diseñada para limitar la intervención de las fuerzas armadas en la aplicación de leyes civiles.
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