SAN ANTONIO, Texas.- Con 86 votos a favor y 63 en contra, la Cámara de Representantes de Texas dio aprobación inicial al proyecto de ley SB2, una controvertida iniciativa que busca destinar mil millones de dólares en fondos estatales para que las familias puedan cubrir matrículas y otros gastos relacionados con la educación privada de sus hijos.
Texas da aprobación inicial a histórico plan para financiar educación privada con fondos públicos
El programa excluye a estudiantes indocumentados, lo que ha generado críticas y posibles desafíos legales. Las escuelas privadas no estarán obligadas a aceptar a todos los alumnos beneficiados por los vales escolares.
Se trata de la primera vez desde 1957 que la Cámara avala el uso de dinero público para este propósito. El debate, que comenzó el miércoles 16 de abril, se extendió por más de 10 horas y finalizó en la madrugada del jueves.
Todos los legisladores demócratas presentes votaron en contra, al igual que dos representantes republicanos, reflejando las profundas divisiones que ha generado la propuesta dentro del Congreso estatal.
“Esto debe beneficiar a quienes realmente lo necesitan, no a familias con abundancia de recursos”, expresó uno de los opositores durante la sesión, apuntando a lo que considera un diseño regresivo del programa.
La medida, impulsada por legisladores conservadores y respaldada por el gobernador Greg Abbott, contempla ofrecer entre $10,300 y $10,900 por estudiante. Aunque está enfocada en familias de bajos ingresos y alumnos con discapacidades, críticos señalan que las escuelas privadas no estarán obligadas a aceptar a todos los solicitantes, lo que podría generar desigualdades y falta de acceso para los más vulnerables.
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Programa de vales escolares excluiría a estudiantes indocumentados
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la exclusión explícita de estudiantes indocumentados, una disposición que ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles. Varios expertos ya han advertido sobre la posibilidad de demandas legales, cuestionando la constitucionalidad de dicha exclusión.
Durante el debate, legisladores de oposición presentaron más de 40 enmiendas para frenar el avance del proyecto. Entre ellas, se propuso someter la decisión a una consulta popular en noviembre de 2025, con el fin de permitir que la ciudadanía decida directamente sobre el uso de fondos públicos en educación privada. Sin embargo, la mayoría de las propuestas fueron rechazadas por la mayoría republicana.
De aprobarse de forma definitiva, el programa se convertiría en el más grande de su tipo en Estados Unidos. “Este es un hito histórico”, señalaron sus defensores, quienes afirman que la medida busca garantizar que cada niño, independientemente del ingreso familiar, el código postal o su raza, tenga acceso a una educación de calidad.
Sin embargo, persisten dudas sobre la suficiencia del monto asignado, ya que el costo promedio de una escuela privada en Texas supera los $11,000 al año.
Aunque el voto inicial representa un paso decisivo, el proyecto aún debe someterse a una votación final en la Cámara —usualmente una formalidad— antes de ser enviado al Senado para conciliar ambas versiones del texto legislativo. Una vez alcanzado un acuerdo, será enviado al escritorio del gobernador Abbott, quien ya ha prometido firmarlo.
La decisión promete transformar el panorama educativo del estado y reaviva un debate nacional sobre el papel del financiamiento público en la educación privada.
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