Traslado de detenidos por ICE lejos de familiares favorece deportaciones aceleradas, advierte informe

EL ARRESTO y traslado inmediato de inmigrantes bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no solo los aleja de sus familiares y comunidades donde desarrollan sus vidas, sino que favorece que sean deportados de manera acelerada, sin que puedan ejercer sus derechos bajo el debido proceso.

Un reciente informe publicado por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, advierte además que, de acuerdo con informes proporcionados por la misma agencia federal, todo indica que ICE, tras arrestar a un extranjero, lo traslada “rápidamente a otro centro de detención generalmente lejos de su domicilio”.

“No solo los mueven rápido, lejos de familiares y abogados, también de jueces que llevan sus casos y retrasan sus juicios durante semanas, incluso meses”, explica a Univision Ángel Álvarez, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Es una nueva estrategia que están usando. Tengo muchos clientes que empiezan un caso con un juez, los arrestan, lo cambian de estado y retrasan las audiencias a propósito”.

Álvarez agregó que esta nueva modalidad no sólo deja a los inmigrantes casi ‘sin opciones’ para disponer de asistencia legal y defender sus derechos de permanencia, sino que los expone a deportaciones expeditas, o bien, permanecer más tiempo “privados de libertad y expuestos a que se viole su debido proceso”.

Los investigadores del TRAC indicaron que “lamentablemente, ICE ha estado ocultando información vital para determinar si esto es realmente necesario”. A la pregunta si si había centros de detención con camas disponibles más cerca del domicilio del inmigrante arrestado, el Centro dijo que había obtenido la capacidad contractual de cada centro, junto con el número exacto de personas detenidas en un mismo día, 14 de abril de 2025 y los datos validaron las preocupaciones.

Qué dice el reporte del TRAC

Tras revisar los informes comunicados por ICE, el TRAC señala que “a menudo, tenía camas disponibles mucho más cerca del domicilio de la persona” arrestada durante operativos y redadas. Y que, de hecho, “la capacidad contractual de ICE a nivel nacional era de 62,913 camas de detención, por lo que, incluso en abril, su utilización dejaba aproximadamente una cuarta parte de ellas desocupadas”.

El estudio añade que, “incluso con el reciente aumento en los niveles de detención reportados y antes de la aprobación de nuevas asignaciones para el ICE el 4 de julio, los registros de la agencia indican que aún contaba con capacidad de detención disponible que no estaba utilizando”.

Sin embargo, agregan los investigadores, “incluso con esta capacidad de detención no utilizada, los datos ICE mostraron que 45 de 181 centros de detención excedieron su capacidad contractual a mediados de abril, y un total de 84 de los 181 centros de detención autorizados por ICE excedieron su capacidad contractual en al menos un día durante el año fiscal 2025”.

“Esta táctica no es nueva, pero ahora la estamos viendo en un mayor número de personas porque han aumentado los arrestos y traslados de un centro de detención de ICE a otro”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.

“Se nota más porque están deteniendo a más inmigrantes, sobre todo después del 15 de mayo tras una decisión de la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA) que dejó sin derecho a fianza a las personas detenidas en la frontera y caducó los beneficios de aquellos que estaban libres en espera de resolución de sus casos”, explicó.

Hernández dijo además que, “la táctica que están empleando está creando desesperación para que los detenidos pidan una salida voluntaria” e indicó que quien se encuentran en esta situación “debe decidir entre aplicar por una deportación acelerada o pagar el costo de la detención, extendiendo el desgaste emocional y financiero para un beneficio que, tal vez, no vaya a estar disponible”.

Números revelados por el TRAC

El informe del TRAC señala que, durante al menos una noche, el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, ubicado al sur de la ciudad de Miami, Florida, “albergó a casi 1,200 personas más que su capacidad contractual”. La estación local de Univision 23 reveló en junio denuncias de internos en ese centro de procesamiento relatando las pésimas condiciones de encierro y hacinamiento en esas instalaciones, donde de observaba a inmigrantes amontonados durmiendo en el suelo sin cobijas.

En el centro de detención de Pine Prairie, Texas, “ICE albergó a más de 400 personas por encima de su capacidad contractual”, precisa el reporte.

También señala que otros centros, aunque superan sus límites contractuales establecidos, no están realmente sobrepoblados, dato que corrobora que la agencia no tiene una política clara que impida el hacinamiento y violación de los derechos de los inmigrantes detenidos.

“Muchos de estos centros eran del condado con abundantes camas disponibles. Por lo tanto, no solo la capacidad contractual es importante, sino también la capacidad física para determinar si existe hacinamiento real”, escribieron los investigadores.

Informe de un comité del Congreso

El TRAC cita en el estudio un informe elaborado por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que fue publicado el 24 de junio de 2025. Este documento señala que, “ICE había adquirido la costumbre anual de subestimar sus necesidades presupuestarias, lo que obligó al Congreso a aprobar asignaciones suplementarias adicionales, así como a permitir la transferencia de fondos de otros componentes del DHS para cubrir sus costos reales de detención”.

El reporte emitido por el Comité de la Cámara Baja citó a la Oficina de Investigación del Congreso (GAO), donde concluye que “ICE subestimó sistemáticamente el costo de alojar a los extranjeros detenidos debido a imprecisiones en el modelo [de costo por cama] que utilizó para proyectar estos costos”.

Y precisa que el informe del Comité del Congreso concluyó que “las medidas ya adoptadas en el año fiscal 2025 son especialmente atroces” y “presuponen que otras misiones dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) son menos importantes… [y] también sienta el precedente de que el Departamento puede desviar fondos de las prioridades del Congreso hacia otros componentes para compensar la mala gestión presupuestaria del ICE”.

El TRAC previene que esta reasignación de fondos presupuestarios adoptada por el gobierno, pasando por alto lo autorizado por el Congreso en su momento, incluye la utilización de partidas asignados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera, un tema que preocupa a la oposición demócrata en ambas cámaras del legislativo.

Danza de millones firmada por Trump

El TRAC también manifiesta alarma por la reciente promulgación del proyecto de ley de presupuesto firmado el 4 de julio por el presidente Donald Trump, que asigna unos $170,000 millones para la seguridad nacional, incluyendo la construcción de nuevos centros de detención de ICE, la contratación de miles de agentes, aumentar el plan de deportaciones masivas y la aceleración de deportaciones.

“Financia una enorme expansión presupuestaria para la detención y deportación del ICE”, apunta el TRAC. Y añade: “Queda por ver si las proyecciones de ICE sobre el dinero que necesita seguirán subestimando los costos reales a medida que la agencia acelera los esfuerzos de la administración para lograr la deportación masiva”.

Durante la campaña 2024, Trump promedió que expulsaría durante su primer año, de su segundo mandato, entre 1 y 1.5 millones de indocumentados, entre ellos 650 mil con antecedentes criminales y unos 930 mil con órdenes deportación. Pero tras el 20 de enero el objetivo ha sido modificado.

Actualmente el gobierno ha puesto en el banquillo de las deportaciones a 930 mil extranjeros que ingresaron bajo el programa CBP One, otros 530 mil que entraron con el programa Parole Humanitario, 600 mil haitianos bajo TPS, unos 60 mil hondureños y nicaragüenses y 350 mil venezolanos protegidos por el TPS de 2023.

A la lista se agregan los 12 millones de indocumentados, algunos de los cuales llevan décadas en Estados Unidos. Esto, debido a las declaraciones emitidas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Levitt, el 29 de enero en las instalaciones del Hotel Trump en Doral, Miami, cuando dijo que “para este gobierno todo inmigrante que haya violado la ley de inmigración es un criminal”.

El estudio del TRAC concluye que La capacidad nacional de detención contractual del ICE “no lo dice todo”. Y agrega que “es fundamental comprender cómo se gestiona la decisión de en qué centro se debe registrar a una nueva persona arrestada y si se debe transferir a otra”.

Los investigadores urgen a ICE a que “publique periódicamente cifras actualizadas sobre el número real de personas detenidas en cada centro en un día determinado, junto con la capacidad contractual correspondiente en ese centro, para comprender si se produce hacinamiento a medida que la agencia aumenta rápidamente el número de personas que detiene”.

Finalmente, escribieron que “ahora que ICE ha decidido que la Ley Federal de Libertad de Información (FOIA) exige la divulgación de estos datos básicos, “ICE no tiene justificación legal para ocultar la existencia de estas cifras y no publicar esta información actualizada de forma rápida y continua”, sobre todo ahora que, “sin duda cuenta con los fondos necesarios” tras la promulgación de los millonarios fondos asignados por el Congreso y promulgados por Trump.

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