Abortos para salvar vidas: se agotó el tiempo para que El Salvador lo despenalice en situaciones extremas

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Era un momento crítico: El Salvador tenía la oportunidad real de reformar sus restrictivas leyes antiaborto impuestas en 1998 y modificar su Código Penal para incluir excepciones o causales que permitan el procedimiento cuando la madre está en peligro de morir y en otras cirscunstancias extremas, como cuando la mujer ha sido violada o cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero.

Pero no lo hizo. El período legislativo vigente (2015-2018) concluye este 30 de abril, lo que significa que el 1 de mayo asumirá una nueva Asamblea que estará dominada por partidos de derecha, que han dejado claro que se oponen totalmente a la despenalización e incluso a que se debata el asunto.

Se oponen a pesar de que las investigaciones demuestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos que se realizan. Es decir, los abortos siguen ocurriendo pero de forma clandestina. Esto en un contexto de altísimos niveles de violencia, poco acceso a métodos anticonceptivos y ausencia de educación sexual.

¿Quiénes lo sufren? Las mujeres y, en muchos casos, niñas pobres que no tienen recursos para, por ejemplo, procurar un procedimiento seguro después de haber sido abusadas. En palabras de la ginecobstetra salvadoreña Victoria Ramírez: "La diferencia económica entre las mujeres es lo que define si tienen derecho o no a la vida".

Poco probable

En días recientes, el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, escribió en su cuenta de Twitter que no votaría el tema, ignorando así el pedido de Naciones Unidas en días recientes de entablar un diálogo para reformar la severa legislación, que tiene a por lo menos una veintena de mujeres encarceladas por haber perdido a sus bebés después de presentar emergencias obstétricas.

"Es esencial que se garantice a las mujeres el derecho a la vida y a su salud reproductiva", expresó el coordinador residente de la ONU en El Salvador, Christian Salazar. A su juicio, las mujeres "no deberían enfrentar riesgos ni ser perseguidas ni criminalizadas".

El Congreso salvadoreño estudia despenalizar el aborto desde octubre de 2016, cuando la diputada Lorena Peña del partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) presentó un proyecto de ley que proponía reformar el artículo 133-A del Código Penal vigente, con el objetivo de permitir los procedimientos en cuatro situaciones extremas:

1. Cuando la vida y la salud de la mujer esté en peligro.
2. Cuando el feto no tenga posibilidades de sobrevivir fuera del útero.
3. Cuando el embarazo sea producto de una violación.
4. Cuando el embarazo sea producto de una violación, incesto o trata de niñas y adolescentes.

Luego el tema se estancó y en agosto de 2017, el diputado del conservador Partido Arena Johnny Wright Sol sorprendió al retomar el tema y plantear otra propuesta para permitir el procedimiento en dos causales extremas:

1. Cuando la vida de la madre esté en peligro.
2. Cuando una menor de edad haya sufrido una violación.

Esta nueva propuesta buscaba conseguir alianzas entre ambos lados del espectro político. Pero en una entrevista concedida este miércoles 25 de abril a El Faro, Wright aseguró que los diputados que se comprometieron con la reforma no querían pagar un costo político dando sus votos antes de las elecciones legislativas de marzo pasado. Según él, en 2018 ya no será posible lograr los 43 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple en el Legislativo de 84 integrantes.

Si no mueren por una hemorragia, van a la cárcel

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países –especialmente aquellos en desarrollo– garanticen el acceso a una educación sexual integral, a un amplio abanico de anticonceptivos (incluidos los de urgencia), asesoramiento en planificación familiar y acceso a abortos legales y sin riesgo. Algo que El Salvador claramente no cumple.

La criminalización absoluta en El Salvador impide que se realicen procedimientos terapéuticos, incluso en casos de embarazo ectópico, cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, casi siempre en las tropas de falopio. En los últimos cinco años, al menos 13 mujeres han muerto porque no han recibido la atención que necesitan.

"El embarazo ectópico en todo el mundo dejó de ser una enfermedad por la que se mueren las mujeres, excepto en nuestro país. Es increíble que habiendo tratamientos médicos que conllevan una invasión mínima, tengamos que esperar que la mujer se complique, que esté a punto de morir, para atenderla".

El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece además una pena de dos a ocho años por abortar en cualquier circunstancia, no solo a la mujer sino a quien la ayude. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como "homicidio agravado", un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Ese fue el caso de Teodora del Carmen Vásquez, que en febrero de este año salió de la cárcel después de cumplir 10 años y siete meses de una condena de 30, y de Maira Verónica Figueroa, que ya había cumplido 15 años de su larga sentencia cuando salió en libertad a principios de marzo. Las penas de ambas fueron conmutadas por la justicia del país, aunque nunca fueron declaradas inocentes.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, se pronunció a favor de la reforma con una carta que envió al parlamento salvadoreño el pasado 6 de abril. "La reforma de la ley penal en materia de aborto es una medida urgente para que El Salvador cumpla con sus obligaciones de derechos humanos".

“La aprobación de estas reformas permitiría que las mujeres tuviesen más oportunidades de vivir", escribió Joaquin Castro, representante demócrata por el estado de Texas, en un artículo de opinión publicado en The Hill. "Esta es una oportunidad real para reformar las leyes del aborto en el país. Eso ayudaría a mejorar la situación de los derechos humanos, atacaría una crisis de salud pública y prevendría el injusto encarcelamiento de mujeres salvadoreñas. Ninguna mujer debe ir a prisión por perder a sus bebés".

Leyes y creencias en contra de la ciencia

Tanto la posición de la mayoría parlamentaria como la del gremio médico ha estado influenciada por el dogma de la fe.

La Iglesia católica de El Salvador se pronunció en días recientes en contra de la legalización del aborto en el país y pidió al Congreso no reformar la ley para despenalizarlo. "Pedimos a todos nuestros diputados, de todos los partidos, no legalizar tan grave crimen", dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.

Asociaciones médicas de El Salvador han insistido en oponerse a que el procedimiento seguro se permita al menos en casos extremos. El Colegio Médico de El Salvador ha exigido que no se modifique la ley vigente y se mantenga el castigo del aborto con prisión. La Asociación de Pediatría expresó en un comunicado reciente que "con la despenalización (del aborto), lo que sucede es que se deja de considerar delito, deja abierto el camino para que en el futuro se manipule y banalice la vida".

Sin embargo, ginecólogas que día a día atienden complicaciones obstétricas causadas por abortos no seguros confirman que las leyes restrictivas no impiden los abortos pero sí causan complicaciones que pueden llegar a ser mortales para las mujeres.

Para defensoras de derechos humanos como Morena Herrera, el costo para la vida y la salud de las mujeres es muy alto. "Necesitamos un debate para despenalizar el aborto más tranquilo, basado en argumentos científicos y en las realidades", asegura.

"Hoy los diputados tienen la oportunidad histórica de cambiar una ley muy injusta que recae fundamentalmente sobre las espaldas y las vidas de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres pobres".

El reporteo de esta historia se realizó con el apoyo de la International Women’s Media Foundation y el Women's Equality Center.