El caso de Ayotzinapa agita a México a ocho años de las desapariciones

El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.

La Comisión de la Verdad, una entidad oficial, dijo en agosto que se trató de un “crimen de Estado”, y documentos que obtuvo apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y quienes manipularon y escondieron parte sus restos, indicios que la fiscalía ahora debe investigar.

Recientemente fueron detenidos tres miembros del ejército, al igual que el exprocurador general de esa época, Jesús Murillo Karam, pero el hecho de que la fiscalía federal haya retirado órdenes de captura de más de una docena de militares ha generado preocupación.

Además, detalles y nombres filtrados a la prensa mexicana, los cuales ofrecen una visión más clara de la participación del ejército, han polarizado aún más el ambiente entre quienes aseguran que tales descubrimientos pueden arriesgar las investigaciones (en México, un país donde más del 90% de todos los delitos quedan impunes según organismos internacionales) y quienes han insistido que las autoridades han ocultado la verdad a los familiares.

Precisamente, los familiares siguen sin saber el destino de los estudiantes. Presuntamente todos fueron asesinados, aunque solo se han encontrado restos de tres de ellos.

Los padres realizaron este domingo una protesta, otra más, en el centro de la Ciudad de México en la que pidieron justicia para el caso, que cumple su octavo aniversario este lunes 26 de septiembre.

La manifestación tuvo lugar en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en el centro de la ciudad. Llegaron al lugar varios autobuses en los que viajaban los padres y compañeros estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa y de otras.

El Hemiciclo estaba rodeado de vallas colocadas por las autoridades locales pero la concentración transcurrió de manera pacífica, incluso estuvo acompañada de música de protesta.

¿Qué se sabe de lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014?

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron a la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, en el sur del país, a tomar autobuses para usarlos en protestas, pero fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado. No está claro el móvil, pero se ha afianzado la hipótesis de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de heroína.

La versión oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual se centra en que los 43 estudiantes fueron entregados al cártel local Guerreros Unidos, quemados en un basurero esa noche y sus restos arrojados a un río, ya está descartada. Se ha comprobado que los jóvenes fueron desaparecidos en grupos, que participaron más actores y uno de los restos identificados se encontró en otro lugar.

¿Cuál fue el papel de los militares mexicanos en esos días?

Desde el inicio de las investigaciones fue público que el ejército tuvo conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando porque la noche del 26 de septiembre había militares en lugares clave de Iguala y en el centro de coordinación de seguridad.

En 2015, Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa en ese entonces, garantizó que el ejército no tenía ninguna responsabilidad en los hechos ni por acción ni por omisión. Los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad dicen lo contrario.

Según explicó su presidente, Alejandro Encinas, seis de los 43 estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega algunos días y presuntamente entregados al comandante de la base militar en Iguala, quien habría ordenado su ejecución.

Mensajes telefónicos divulgados por la Comisión, parcialmente tachados, apuntan a que hubo soldados que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala. El diario Reforma, que obtuvo una versión íntegra del texto, afianza esa versión.

¿Quiénes han sido los detenidos recientemente?

Este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos uno que estaba a cargo de la zona en esos momentos, José Rodríguez Pérez. Poco después de los hechos, fue ascendido a general y ahora está retirado y acusado de delincuencia organizada. Según Encinas él fue quien presuntamente dio la orden de matar a seis de los estudiantes.

La detención de mayor calado político se llevó a cabo en agosto: la de Murillo Karam, actualmente procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia porque, según la acusación, inventó una versión “oficial” para ocultar la verdad, la llamada “verdad histórica”.

Otro miembro del ejército, el capitán José Martínez Crespo, había sido detenido en 2020.

La fiscalía acaba de retirar órdenes de captura contra 16 militares supuestamente involucrados, según documentos publicados por el diario El País, lo que preocupa a las víctimas. Ese departamento no contestó a una solicitud de comentarios ni ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos de esa decisión.

¿Hubo intentos por ocultar el crimen?

Expertos internacionales denunciaron en marzo que documentos y videos de inteligencia ocultos durante años muestran que la Armada participó en la ocultación de la verdad y que algunas torturas se realizaron en sus instalaciones.

¿Cómo va el proceso judicial?

El caso Ayotzinapa es una maraña de 28 causas penales repartidas por siete estados donde los encausados pueden estar en varias de esas causas a la vez. Luego de ocho años, nadie ha sido condenado.

Según un recuento de Santiago Aguirre, director del Centro Prodh —un organismo activista— y abogado de los padres de los estudiantes, unas 50 personas están ahora encarceladas, entre ellas 4 militares, el exprocurador Murillo Karam, el entonces alcalde de Iguala, numerosos policías y otras personas.

La actual fiscalía informó en agosto de 80 nuevas órdenes de captura, pero la mayoría eran personas que ya estaban en prisión y se les fincaban nuevos cargos, explicó Aguirre.

Días después se anularon parte de esas órdenes de captura de quienes estaban todavía en libertad, entre ellos militares y altos funcionarios de Guerrero. A las víctimas les preocupa que aparentemente la fiscalía federal está dejando de lado al equipo especializado en el caso.

El jefe de la investigación de aquel momento, Tomás Zerón, es uno de los prófugos. Está escondido en Israel, y México trabaja para lograr su extradición.

Debido a las torturas de testigos y otras irregularidades, decenas de procesados han sido absueltos de algunos cargos, pero siguen presos por otros.

¿Había infiltrados entre los estudiantes?

La Comisión de la Verdad dijo que uno de los 43 desaparecidos era un informante militar, lo que hace que el ejército tenga una responsabilidad añadida por no protegerle.

Familiares de Julio César Mondragón, uno de los seis asesinados en el caso Ayotzinapa y brutalmente torturado, han pedido investigar también a dos líderes estudiantiles que promovieron que los jóvenes fueran a Iguala. Ahora uno de ellos es diputado federal por el partido oficialista Morena y el otro trabaja para el gobierno de Guerrero.

La militarización en México

El ejército fue acusado de graves violaciones a derechos humanos y conexiones con los cárteles del narcotráfico tanto durante la “guerra sucia” —que fue especialmente dura en Guerrero, un estado pobre productor de amapola—, como en décadas actuales.

En la zona de Iguala hay documentos que hablan de conexiones entre militares y criminales desde 2013. Según una declaración del caso Ayotzinapa a la que tuvo acceso la AP, miembros del ejército ayudaban con armas y entrenaban en un cerro cercano a sicarios de Guerreros Unidos.

En los últimos 25 años, tres generales fueron llevados ante la justicia mexicana. Sólo uno fue declarado culpable. El debate ocurre, además, mientras el presidente López Obrador y su partido impulsan una reforma que permitiría a los militares seguir en las calles hasta 2028, contrario a sus promesas de campaña.