Cristina Fernández niega sobornos ante los tribunales argentinos y denuncia persecución política

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández negó este lunes ante los tribunales haber recibido sobornos de parte empresarios durante su mandato y dijo que esta investigación es el resultado de una supuesta "persecución política" en su contra, alentada por el actual gobierno.

Fernández, quien actualmente se desempeña como senadora, consideró que ni el juez Claudio Bonadio ni el fiscal Carlos Stornelli se han mostrado imparciales en la investigación, debido a antiguas disputas.

"De ser necesario, habré de agotar todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos", declaró en un escrito presentado por su abogado en los tribunales.

Procesada ya en cinco causas, la mayoría por corrupción, Fernández volvió a los juzgados federales de Buenos Aires para declarar como imputada en un caso en el que se investiga una red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios del kirchnerismo.

Aunque se negó a declarar, la actual senadora, quien tiene fuero político y no puede ser detenida, presentó un documento ante el juez Claudio Bonadio, en el que negó los cargos, y apuntó contra él por su supuesta connivencia con el actual Ejecutivo.

Según destaca, desde que dejó la jefatura de Estado, en diciembre de 2015, le "armaron" seis causas penales, cinco de ellas "iniciadas e impulsadas por Bonadio".

La expresidenta reiteró que es víctima de la "nueva estrategia regional para expulsar dirigentes, movimientos y fuerzas políticas" que "ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas".

En su escrito, Fernández destaca que desde hace dos años está pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015 y recuerda que familiares de Macri fueron "emblemáticos integrantes" de la "patria contratista" surgida desde la última dictadura (1976-1983).

No obstante, el empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente, es uno de los imputados en la causa, después de que la semana pasada declarara que hizo pagos ilegales para financiar las campañas del kirchnerismo en 2013 y 2015. Calcaterra afirmó que lo hizo tras ser presionado "desde las altas instancias".

El escándalo se destapó el 1 de agosto pasado, cuando Bonadio ordenó los arrestos y comparecencias de decenas de empresarios y miembros del anterior Gobierno, basándose en los cuadernos que durante una década escribió el exmilitar Óscar Centeno, chófer del ministerio desde el que se dirigía la obra pública.

En esas anotaciones, el conductor relata cómo trasladaba bolsas con dólares con varios destinos, entre ellos la residencia del matrimonio presidencial.

El abogado de la exmandataria Carlos Beraldi presentó un planteo de nulidad basado en supuestas irregularidades en la aparición de los cuadernos; y en que su defendida ya es investigada por asociación ilícita en otras tres causas y se pretende "perseguirla por la misma conducta".

La defensa solicita además una serie de comparecencias ante la Justicia, como la de Macri, por si influyó en que a otros imputados se le dejara en libertad tras darle la condición de "arrepentido", figura legal que otorga beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.

No obstante, medios argentinos informaron que el juez evalúa pedir al Senado que retire la inmunidad judicial que le corresponde a Fernández como parlamentaria, para avanzar con la investigación y con su eventual detención por considerarla líder del esquema de corrupción.