El chavismo amenaza con ilegalizar a todos los partidos de oposición en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- El chavismo amenaza con ilegalizar a todos los partidos de la oposición venezolana. Valiéndose del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobierno del presidente Nicolás Maduro está a punto de cerrar la única vía pacífica para superar el conflicto político que sacude al país.

La noche del martes, el Consejo Nacional Electoral anunció las normas que regularán el proceso de registro al que deberán someterse unas 59 organizaciones políticas, salvo el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El mecanismo es tan complejo que el rector Luis Emilio Rondón –el único directivo del ente comicial afín a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) – denunció a través de su cuenta en Twitter que las condiciones impuestas son “de casi imposible cumplimiento”.

¿Por qué los partidos deben inscribirse nuevamente?

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el 5 de enero de 2016 que las organizaciones políticas que obtuvieron menos del 1% de los votos o que no presentaron su tarjeta en los dos últimos comicios nacionales (presidenciales 2013 y parlamentarias 2015), están obligadas a registrarse otra vez ante el CNE.

El único que cumple ambos requisitos es el oficialista PSUV, pues los partidos de la oposición no participaron con sus emblemas propios sino en alianza, bajo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y los socios del chavismo no acumularon el mínimo de sufragios exigido.

Para mantenerse con vida, los partidos deberán recoger en apenas 14 horas hábiles de un fin de semana el equivalente al 0,5% de las firmas de los inscritos en el padrón de votantes en 12 de los 24 estados de la República Bolivariana. La formación que no alcance la meta, advierte el CNE, “no podrá participar en ningún proceso electoral interno ni de carácter municipal, estadal y nacional”.

El CNE no solo establecerá “el lapso, los lugares y las condiciones en las que se realizarán los actos de recolección de manifestaciones de voluntad”, sino que divulgará los nombres de las personas que apoyen a los partidos. La publicación de esas listas –con la excusa de evitar la “doble militancia”- tiene un claro efecto intimidatorio en un país donde el Gobierno tacha a sus adversarios de “terroristas” y se contabilizan más de cien de presos políticos.

Aunque la medida perjudica principalmente a las fuerzas de la oposición, también golpea a los socios del PSUV. Entre los afectados figura el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que ya se negó a acatar esta disposición. “El CNE debe estar dispuesto a asumir las consecuencias gravísimas de que el Partido Comunista de Venezuela sea ilegal en estos tiempos”, enfatizó Carlos Aquino, portavoz del PCV.

La Unidad señala que Maduro está siguiendo los pasos de sus aliados de Cuba y Nicaragua, “donde los ciudadanos pueden votar pero no pueden elegir, condenados como están a ‘escoger’ solamente entre las opciones que el régimen presenta”. La jugada permitiría al oficialismo participar en una “contienda” sin verdaderos rivales.

Contra las cuerdas

La ofensiva chavista llega en el peor momento de la MUD, minada por las diferencias internas y sin agenda definida para este año. “Ya vimos cómo se robaron el revocatorio. Se quieren saltar la Constitución otra vez y no lo podemos permitir. Con partidos políticos o no, los venezolanos tienen derecho a ir a votar, a elegir su destino y eso es lo que el Gobierno intenta impedir”, denunció el gobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski.

La oposición propone una solución “electoral” a la crisis venezolana; sin embargo, el oficialismo despliega todo su poder para boicotear cualquier consulta popular. En 2016, la Unidad impulsó un referendo revocatorio contra Maduro, que terminó siendo bloqueado en octubre por los tribunales penales.

En paralelo, el CNE suspendió el año pasado los comicios regionales y prometió que los celebraría en el primer semestre de este año, pero aún no ha fijado el cronograma. “La prioridad no es hacer elecciones, la prioridad en Venezuela es recuperar la economía”, ha declarado Maduro, cuya gestión es rechazada por ocho de cada 10 venezolanos, según los últimos sondeos de opinión.

Para completar la emboscada, la revolución tiene en la mira la tarjeta electoral de la MUD, la más votada en la historia de Venezuela. El chavismo acusa a la coalición opositora de haber cometido “fraude” en su intento por activar el revocatorio y ha solicitado a la justicia penal que castigue la supuesta irregularidad.

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