El chavismo da un fujimorazo sin tanques en Venezuela y desafía a la OEA

CARACAS, Venezuela.- Lejos de retroceder ante la presión internacional, el presidente Nicolás Maduro ha decidido radicalizar sus posiciones. La última sentencia dictada la noche del miércoles por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo el control del régimen chavista, anula definitivamente a la Asamblea Nacional, luego de que el martes unos 20 gobiernos de la región exigieran al mandatario venezolano en la Organización de Estados Americanos (OEA) respetar al Poder Legislativo y retomar el proceso de diálogo con la oposición.

Se trata de un “fujimorazo” sin tanques y en dos actos. El TSJ emitió un fallo el lunes que censura la decisión de la Cámara de apoyar la activación de la Carta Democrática de la OEA sobre Venezuela, elimina la inmunidad parlamentaria y faculta a Maduro a aplicar una ley marcial para “evitar un estado de conmoción”. En síntesis, la cúpula del Poder Judicial no solo liquida el fuero especial que la Constitución otorga a los legisladores, sino que permite al Ejecutivo llevarlos ante la justicia militar por “traición a la patria”.

La estocada llegó 48 horas después. Partiendo del supuesto de que la Asamblea Nacional está en “desacato”, la Sala Constitucional resolvió asumir las “competencias parlamentarias”. Es decir, que siete jueces por los que nadie votó, desplazan a partir de este momento a los 112 diputados de la oposición que el 6 de diciembre de 2015 se alzaron con la mayoría del Parlamento gracias a la voluntad de casi 8 millones de venezolanos.

De nada sirvió que el Consejo Permanente de la OEA, reunido en Washington, debatiera el caso venezolano por iniciativa de 20 países y pese a la negativa de la delegación de Caracas. Antes de que se desarrollara ese debate, 14 gobiernos que forman parte del ente hemisférico, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia y Argentina, habían manifestado a través de un comunicado su preocupación por la crisis que enfrenta Venezuela, solicitando igualmente el reconocimiento de “la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución”.

Auxilio internacional

Dentro del territorio venezolano, todas las puertas están cerradas para la oposición. Ninguna institución se escapa del puño del régimen chavista, que también cuenta con el sólido respaldo de la Fuerza Armada. Ante esta realidad, la Mesa de la Unidad Democrática busca auxilio en el exterior, tratando de impulsar una agenda que demanda un cronograma electoral, respeto al Parlamento, liberación de más de cien presos políticos y el establecimiento de un canal humanitario para mitigar la escasez de alimentos y medicinas que padecen los ciudadanos.

En su pulso contra Maduro, las fuerzas opositoras han conseguido un aliado fundamental en la figura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien promueve la entrada en vigor de la Carta Democrática hasta sus últimas consecuencias, incluida la posibilidad de suspender a Venezuela del organismo si no se realizan “elecciones generales completas a la mayor brevedad”. El chavismo bloqueó en 2016 el referendo revocatorio presidencial y aplazó los comicios regionales.

“Aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”, plasmó Almagro en un informe que presentó el 14 de marzo, donde da por fracasado el proceso de diálogo que en 2016 adelantaron las partes con el acompañamiento del Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).

El chavismo interpreta estos esfuerzos diplomáticos como “traición a la patria” y Maduro ha denunciado un plan, auspiciado por Washington, para intervenir en Venezuela. En esa misma línea, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, además de cargar contra los diputados, autorizó a Maduro a “ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional”, abriendo la opción de retirarse de la OEA o de cualquier otro foro internacional “que pudiera estar desplegando actuaciones similares”.

El magistrado Maikel Moreno, un convicto por homicidio que acaba de asumir la presidencia del Poder Judicial, planteó al Ejecutivo promover la destitución de Almagro de la secretaría general de la OEA, argumentando que el exministro uruguayo busca “crear las condiciones para perpetrar agresiones contra el pueblo”.

Seguidilla de golpes

No son las dos primeras. Al contrario. El Tribunal Supremo de Justicia ha firmado 56 sentencias contra el Parlamento desde que se instaló el 5 de enero de 2016. Todas atendiendo peticiones de Maduro, quien se ha valido de su dominio sobre el Poder Judicial para maniatar a la Cámara.

Aunque dijeron reconocer el veredicto popular, en la práctica el chavismo jamás aceptó la derrota que sufrió en los comicios legislativos. Apenas conoció el resultado que marcó su peor derrota electoral en 17 años, el oficialismo despojó al Poder Legislativo de su emisora de radio y su televisora, e impugnó tres escaños. Aquella demanda judicial introducida el 30 de diciembre de 2015, en pleno receso navideño, aún no se soluciona y sirve de excusa para acusar de “desacato” a la Asamblea Nacional.

La jugada de reemplazar un organismo incómodo por otro complaciente tampoco es nueva. Así como hoy el Poder Judicial se convierte en el nuevo Parlamento de Venezuela, en el pasado la revolución se inventó dependencias para usurpar las funciones de gobernaciones y alcaldías que ganó la oposición en las urnas. El difunto presidente Hugo Chávez mostró el camino al crear un “gobierno del Distrito Capital” en 2009 para vaciar de contenido a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en manos de Antonio Ledezma, quien actualmente enfrenta una medida de arresto domiciliario por presuntamente conspirar contra Maduro.

Designando “protectores”, “padrinos” y “madrinas” en estados y municipios opositores, la revolución socialista perseguía mantener su influencia territorial. Con el golpe contra la Asamblea Nacional, burla el control parlamentario sobre las arcas públicas y apunta a un objetivo crucial para tratar de superar la crisis económica: apuesta porque los magistrados avalen el financiamiento internacional y la suscripción de acuerdos comerciales en sectores estratégicos como el petróleo y la minería, cosa que los diputados han rechazado por considerar que viola la Carta Magna. De hecho, ya el Tribunal Supremo de Justicia "aprobó" la Ley de Presupuesto de este año y secunda las maniobras para conseguir préstamos en el exterior.

Para que proceda una sanción contra Caracas en la OEA, se requiere el voto favorable de 24 de sus 32 miembros. Hasta la fecha, la mayoría de los países extienden la mano y abogan por la fórmula de la negociación. Con todo el poder interno en su bolsillo, Maduro avanza como una aplanadora y desafía a la comunidad internacional a la espera de la reacción de Washington y el resto de los gobiernos vecinos.