El dilema de Juan Orlando Hernández: ¿renovar o no renovar el mandato de la misión anticorrupción de la OEA?

TEGUCIGALPA, Honduras. - El futuro de una misión internacional anticorrupción en Honduras presenta un claro dilema para el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Si renueva el mandato, correrá el riesgo de enjuiciar a muchos de sus aliados políticos, tal vez incluso a sí mismo. Si decide no hacerlo, provocará la ira de la comunidad internacional y se podrían dar más disturbios en un país que difícilmente puede permitirse más.

El Departamento de Estado de EEUU, cuyo apoyo es vital para Hernández, se ha pronunciado firmemente a favor de renovar el mandato a pesar de haberse mantenido al margen mientras el gobierno de Guatemala desmantelaba su propia misión internacional anticorrupción, conocida como la CICIG, hace un un año. Pero como Hernández se ha aliado estrechamente con el presidente Donald Trump y la política dura de migración de su administración, no está claro si habría alguna repercusión si Honduras elige seguir el ejemplo de su vecino.

Cualquiera sea la decisión, marcará un punto de inflexión para una de las naciones más corruptas de la región.

Las marchas de la antorcha

En 2015, después de que surgieron detalles del escándalo de corrupción masiva que involucraba la malversación de cientos de millones de dólares del sistema nacional de salud, los hondureños salieron a las calles en protestas generalizadas que se conocieron como las 'Marchas de la antorcha'. El escándalo fue un golpe duro en un país acostumbrado a la corrupción, ya que muchos dependen de una manera u otra del sistema nacional de salud.

Los manifestantes, que son escépticos del sistema de justicia del país y la honestidad del gobernante Partido Nacional (PN) de Hernández, pidieron la creación de una comisión anticorrupción en el modelo de la CICIG respaldada por las Naciones Unidas en Guatemala.

Bajo coacción y ansioso por paliar las protestas, Hernández inició negociaciones con la Organización de los Estados Americanos (OEA). Lo que surgió fue la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, o MACCIH como se la conoce por sus iniciales en español, que era más pequeña y menos poderosa que su progenitor guatemalteco.

El 19 de enero de 2016, Hernández y la OEA firmaron el acuerdo, iniciando la cuenta regresiva del mandato de cuatro años de la misión. Pero no fue sino hasta meses después que se estableció una oficina en Honduras.

"Tomó casi ocho meses instalar a más de 3 o 4 personas en el país", dijo Chuck Call, profesor de la American University que estudió la MACCIH. La creación de una unidad fiscal especial, llamada UFECIC, para asociarse con la MACCIH, tomó aún más tiempo, agregó.

La UFECIC, una dependencia de la fiscalía hondureña que posee los poderes que le faltan a la MACCIH, no comenzó a operar hasta septiembre de 2017.

El primer tiro

En diciembre de 2017, la misión anunció su primer caso, llamada 'Red de legisladores', que implicó a cinco legisladores salientes en la malversación de fondos de un programa de bienestar social sin fines de lucro. La reacción del público fue silenciada, la gente esperaba que se atrapara un 'pez más grande', pero dentro del gobierno se entendieron de inmediato las ramificaciones completas de la acusación, lo que desencadenó el pánico entre los políticos acostumbrados a estar por encima de la ley.

Al mes siguiente, el Congreso aprobó una reforma presupuestaria que esencialmente legisló la inmunidad de enjuiciamiento para los políticos relacionados con el mal uso de los fondos públicos. El entonces jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, denunció la medida, calificándola de 'Pacto de impunidad' y anunciando que las investigaciones preliminares del plan implicaron al menos a 60 legisladores, incluido el presidente del Congreso, Mauricio Oliva.

Una investigación realizada por Univision Noticias reveló que el plan se extiende mucho más, implicando potencialmente a 360 legisladores y cientos de millones de dólares.

A partir de ese momento, el Congreso esencialmente se ha involucrado en una guerra abierta con la MACCIH, buscando doblegar la ley a su voluntad y proteger a sus miembros del enjuiciamiento, mientras que el presidente Hernández se ha mantenido al margen, eligiendo en cambio trabajar en canales y permanecer públicamente por encima la refriega.

Sin duda, el presidente ha tenido las manos ocupadas lidiando con acusaciones de corrupción contra su propia familia. Su hermano, el ex legislador Juan Antonio 'Tony' Hernández, fue condenado en octubre por cuatro cargos de tráfico de drogas y cargos de armas en un tribunal federal de Nueva York. El presidente Hernández fue nombrado coconspirador no acusado en el caso, lo que generó especulaciones sobre su propia exposición a posibles cargos legales.

El presidente Hernández ha descartado enérgicamente las acusaciones diciendo que es víctima de un complot de narcotraficantes confesos para vengarse de su gobierno por su cooperación con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Evaluaciones

El 24 de julio, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno hondureño para llevar a cabo una evaluación de la MACCIH. Pero después de la aparente dificultad de encontrar una organización independiente dispuesta a asumir la tarea con tan poco tiempo para completarla, Almagro anunció el 13 de noviembre que un grupo de trabajo compuesto por funcionarios de la OEA y el gobierno hondureño completaría la misión en solo 25 días.

Para no quedarse afuera, el Congreso hondureño anunció el 5 de diciembre que crearía una comisión ad hoc para compilar su propia evaluación. El hecho de que dicha comisión estaría inherentemente compuesta por personas bajo investigación por el MACCIH no fue pasada por alto.

"Es un movimiento bastante cínico porque la legislatura está tan decidida contra la MACCIH que parece estar preparando un trabajo exitoso contra la misión de la OEA", dijo Call.

Cuando el Congreso entregó su evaluación cinco días después, el resultado fue lo que muchos habían predicho. Más que una evaluación, el informe se lee como una lista de quejas. La principal de ellas fue una acusación impulsada durante mucho tiempo por el gobernante Partido Nacional de supuesta parcialidad política.

“El propio fiscal general es del Partido Nacional y fue nombrado por el presidente, por lo que es difícil imaginar que la entidad que está llevando adelante cada uno de estos casos bajo su liderazgo está llevando a cabo una venganza partidista ”, dijo Call. Además, el Partido Nacional ha mantenido un poder casi absoluto tanto político como económico durante casi una década, agregó.

Como se esperaba, el Congreso recomendó que no se renovara el mandato de la misión anticorrupción.

Dos días después, el grupo de trabajo conjunto de la OEA y el gobierno hondureño publicó su evaluación, que respondió al Congreso con una recomendación de que el mandato se renovara sin modificaciones. El informe destaca los 11 casos presentados por el MACCIH, que implican a 112 personas, incluidos 80 funcionarios públicos, y que los esfuerzos de la misión fortalecen las instituciones y las capacidades locales, especialmente con la creación de la UFECIC y un circuito judicial especial contra la corrupción.

El informe también resumió algunos de los principales obstáculos que enfrentó la misión, todos los cuales fueron atribuidos al Congreso.

¿Que sigue?

El presidente Hernández dijo en un reciente informe de prensa que tendría en cuenta ambas evaluaciones al tomar su decisión, que haría pública en enero.

Al dejar la decisión para última hora, el gobierno ya ha debilitado la misión. Varios empleados se han ido debido a la incertidumbre y no se ha nombrado un nuevo jefe luego de la renuncia en junio de su segundo líder, el ex fiscal brasileño Luiz Marrey.

Si se deja morir a la MACCIH, sería un duro golpe para la lucha anticorrupción en Honduras.

"Todo indicaria que el efecto inmediato seria un retroceso considerable", dijo Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, cuyas investigaciones han sido abordadas por la misión, incluido un caso que involucra a una ex primera dama que fue condenada recientemente por malversación de fondos. “El cese de la misión provocaria un efecto dominó para el debilitamiento o eliminación de toda aquella institución u organización que en los últimos cinco anos se volcó a luchar contra los corruptos y la corrupción del país”, agregó.

El próximo objetivo de la élite política probablemente sería la contraparte hondureña del MACCIH, el UFECIC, que hasta ahora ha disfrutado de una independencia sin precedentes y ha producido más resultados en menos tiempo que cualquier unidad anticorrupción anterior dentro de la oficina del fiscal.

Según Castellanos, podrían desarrollarse varios escenarios, incluida la disolución de la unidad. "En todos los escenarios, la persecución del delito que ejerce el Ministerio Publico es la que pierde, ya que los corruptos cuentan con los recursos técnicos y económicos para afrontar la imputación de causas, generando impunidad en el país", dijo.

Los expertos dicen que la presión aplicada por el Departamento de Estado es lo único que evita que la misión muera. El hecho de que sea una misión de la OEA en lugar de una misión de la ONU es probablemente la razón de la diferencia en la política con la administración Trump, que es abiertamente hostil a la ONU.

En última instancia, el presidente Hernández tendrá que calcular si necesita de la misión para blandir su imagen anticorrupción y mantener su buena reputación con el presidente Trump.