El doloroso paso de un estudiante por la justicia militar venezolana

MÉRIDA, Venezuela.- Una declaración de la policía fue suficiente para incriminar a Carlos Ramírez, un líder estudiantil de Mérida, en el occidente de Venezuela. En el acta, presentada ante un juez militar, miembros de la Guardia Nacional dicen que Ramírez había gritado consignas invitando a otros a desconocer las leyes y que incitaba a las personas a su alrededor a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro.

No se presentaron más pruebas de hechos delictivos. No se pidieron testimonios para corroborar lo dicho por la Guardia Nacional. Sin embargo, el estudiante de Derecho fue enviado a la cárcel por al menos 45 días, mientras un fiscal militar lo investiga por los cargos de traición a la patria y ultraje al centinela.

"Es una aberrante violación de sus derechos humanos", dice Pedro Troconez, uno de los abogados que trabaja en su defensa. “Él solo protestaba pacificamente”, apunta Carlos Alfredo Ramírez, el padre del líder estudiantil.

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Ramírez es uno de los manifestantes capturados por los cuerpos de seguridad venezolanos y llevados a tribunales militares en circunstancias sospechosas desde que comenzó la más reciente ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que ya ha dejado más de 70 muertos.

El paso de Ramírez por el sistema judicial militar ha estado caracterizado por numerosas irregularidades y violaciones a los derechos humanos que parecen haberse vuelto el pan de cada día en Venezuela.

El calvario de este estudiante y el de su familia comenzó el 15 de Mayo cuando Pancho, como se le conoce en Mérida, fue detenido en las inmediaciones de su residencia.

Según Rafael Mora, otro líder estudiantil que presenció la detención, Pancho se dirigía a una protesta en una de las avenidas principales de la ciudad, cuando un grupo de unos 15 policías motorizados se acercó a él y otros civiles.

“Se bajaron de las motos amenazando a los que iban a la protesta y apuntándoles" con armas, dice Mora, quien estudia con Ramírez en la Universidad de Los Andes. “Las personas se dispersaron por el temor a ser reprimidas, pero nuestro compañero se quedó parado, en el lugar, ya que el no había cometido ningún delito”.

"Una audiencia militar en una ciudad donde no conoce a nadie"

Ramírez es conocido en Mérida por liderar protestas antigubernamentales de alto impacto, en las ha llegado a poner su propia vida en riesgo. El líder estudiantil ha participado en tres huelgas de hambre y una vez se encadenó frente al edificio del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para exigir más información sobre el estado de salud del expresidente, Hugo Chávez.

Tal vez por ese carácter fuerte, Pancho no huyó de los policías que trataron de dispersar la manifestación a la que se dirigía en Mérida.

“Tiene un liderazgo natural”, dice Mora, quien ahora remplaza a Pancho como vocero del Movimiento 13, un grupo de activistas de la Universidad de los Andes. “Tras las protestas del 2014, el gobernador (del estado Mérida) trató de implicarlo en asesinatos de policías, pero nunca tuvieron ninguna prueba para demostrarlo.”

Tras su detención el 15 de Mayo, Pancho fue llevado a la base de la policía estatal de Mérida, donde se le permitió una breve visita de sus padres. Pero de ahí fue trasladado a la sede local de la Guardia Nacional, donde no se le permitió comunicación alguna con sus familiares.

Dos días después, el miércoles 17, Pancho fue trasladado en un avión de la fuerza aérea a Barquisimeto, una ciudad a unos 400 kilómetros de Mérida. Se le permitió una breve llamada y logró ubicar a su novia, Adelmina D’Ambrosio.

“Me dijo que tenía que encontrarle un abogado en media hora”, recuerda D’Ambrosio. Pancho estaba a punto de tener una audiencia en un tribunal militar en una ciudad donde no conocía a nadie.

Esta práctica de llevar a civiles a tribunales militares parece estar volviéndose un patrón en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, hay al menos 388 civiles que han sido llevados a la justicia militar en Venezuela desde que empezaron las protestas contra Nicolás Maduro en abril. De ellos, 220 han sido encarcelados.

“Es una jurisdicción en la que el peso del Ministerio de Defensa es muy relevante,” explica Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.

“Ellos escogen los jueces y los fiscales, que dependen del Ministerio para sus propias promociones", agrega Ali Daniels, del grupo civil Acceso a la Justicia.

D’Ambrosio actuó con rapidez al enterarse que Pancho iba rumbo a uno de estos tribunales. Dice que en pocos minutos consiguió que los abogados del Foro Penal en Barquisimeto atendieran su caso.

Sin embargo, la juez militar encargada no esperó a que los abogados de la ONG llegaran a su recinto. Comenzó los procedimientos asignándole a Pancho un defensor militar.

“No nos dejaron entrar a la audiencia” dice Pedro Troconez, el coordinador del Foro Penal en Barquisimeto. “Tuvimos que formular una queja para que Pancho pudiera exonerar al defensor publico y escogernos como sus abogados”.

Más irregularidades

Pero esa no fue la única irregularidad. Los abogados de Pancho no pudieron ver su expediente ni el acta policial donde la Guardia Nacional lo acusa de invitar a otros ciudadanos a violar las leyes del país. La falta de acceso a estos documentos complica la defensa del estudiante, pues sus abogados no tienen claridad sobre lo que están refutando.

"Todo lo que sabemos (de los motivos para encarcelarlo) es por lo que el escucho en la audiencia", dice Troconez. “No hay ninguna razón jurídica para que no nos dejen ver el expediente".

Según Daniels, este tipo de trabas se han vuelto comunes en los tribunales militares. Dice que es una forma de intimidar y frustrar a los abogados defensores.

“El mensaje que te quieren dar es que es un tribunal donde las cosas no funcionan como en un tribunal civil”, dice Daniels. “Quieren que cada paso sea tan costoso, que eventualmente te rindas".

Lilia Camejo, una abogada defensora en Caracas, dice que tuvo una experiencia similar en un tribunal militar de la capital.

Camejo tuvo que esperar más de 10 días para que un juez militar la certificara como la abogada de Sergio Contreras, un profesor que fue detenido durante una protesta en mayo y que también fue privado de su libertad por un juez militar. Sin la certificación del juez, no pudo visitar a su cliente en la cárcel, pues no tenia cómo demostrar que era su abogada defensora.

“Todo en estos tribunales es distinto”, asegura Camejo, a quien tampoco se le permitió obtener una copia del expediente en contra de su defendido. “Ni siquiera te dejan entrar al lugar con tu teléfono y cuando miras el expediente hay un militar al lado tuyo”.

Podría enfrentar una condena de hasta 30 años

En el caso de Pancho, sucedieron aún más violaciones al debido proceso, ya que después de ser llevado a un tribunal militar y privado de su libertad el 17 de mayo, el estudiante desapareció por casi tres semanas. No se supo de su paradero sino hasta el 5 de junio, cuando mediante una llamada anónima la familia se entero que había sido recluido en la cárcel Fenix, de Barquisimeto.

Según cuenta el abogado Troconez, la juez que ordenó la privación de libertad de Pancho lo había asignado inicialmente a una cárcel en el estado Guárico. Pero pronto la familia se dio cuenta de que no estaba ahí y, por más de dos semanas, ningún funcionario publico involucrado en su caso quiso darles noticias de su lugar de reclusión.

“Hicimos una denuncia diciendo que desconocíamos el paradero de Pancho”, dice Troconez. “Pero la juez nunca inició una investigación.”

Ahora Pancho pasa sus días en aislamiento. Las autoridades militares le han dicho a su familia que estararía incomunicado al menos por sus primeros 30 días ahí. Esta falta de contacto complica aún mas la defensa de Pancho.

“Es otra violación de sus derechos”, dice el abogado Troconez. “Hay una garantía constitucional que se llama debido proceso…que incluye la asistencia técnica y el derecho a preparar su defensa con sus abogados”.

Lo más probable, según Troconez, es que a Pancho se le acuse formalmente de traición a la patria en una segunda audiencia con un juez militar. Si el juez decide que hay suficientes elementos para seguir a un juicio, Pancho estará en la cárcel varios meses más, y podría enfrentar una condena de hasta 30 años.

Sin embargo, su familia no pierde la esperanza de verlo libre. Aunque el sistema judicial militar parece estar sesgado en contra de Pancho, esperan que la presión en las calles y una eventual negociación entre el gobierno y la oposición puedan lograr la liberación de Pancho y de otros presos políticos.

Pancho tampoco ha sido olvidado por la comunidad estudiantil. Los miembros del Movimiento 13 rayan las paredes de la ciudad con grafitis rojos que exigen su liberación. En las marchas opositoras, algunos manifestantes portan pancartas que hablan de su detención.

Alice Flores, la madre de Pancho, dice que solía discutir con su hijo por involucrarse en la política, ya que en Venezuela es un oficio peligroso. Ahora sufre con su detencion, pero tambien se siente orgullosa de él. Especialmente cuando ve los mensajes que exigen su liberación. Y que se encuentran hasta en las ventanas traseras de los carros de esta ciudad estudiantil.

“Me llena de orgullo y emoción saber que mi hijo no está solo en esto”, dice Flores. “La lucha de él es la lucha de todos los venezolanos.”

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