La periodista asesinada en Tijuana fue amenazada por exgobernador, dice su abogado y ahora él teme por su vida

El abogado de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada en Tijuana el domingo, tres años después de expresar “temo por mi vida” ante el presidente de México, aseguró en una entrevista con un noticiero de radio que su clienta había recibido amenazas de Jaime Bonilla, dueño de la empresa de medios que ella demandó y quien hace unos meses salió de la gubernatura de Baja California.

Maldonado fue baleada fatalmente afuera de su casa en la colonia Santa Fe la tarde del domingo. La compañía de Bonilla, PSN, había aceptado pagarle este martes el monto que la periodista solicitaba en una disputa laboral que se prolongó por nueve años.

En marzo de 2019 Maldonado acudió a la conferencia matutina que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que interviniera en su lucha jurídica contra el negocio de Bonilla.

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, advirtió y más tarde mencionó que detrás de las señalas de corrupción en ese litigio estaría la mano de Bonilla, entonces aspirante por el partido del presidente (Morena) a la gubernatura de Baja California.

López Obrador dijo este lunes en ‘La mañanera’ que Maldonado no había sido amenazada, una versión que ahora contradice Eduardo Edmar Pérez Castro, quien representó legalmente a la periodista.

“Me dijo que la había mandado amenazar esta persona, Jaime (Bonilla). Pero nunca pregunté qué te dijo, jamás le pregunté quién te lo dijo. Absolutamente nada. No me quise meter en ese asunto porque sabemos que era una persona mucho muy poderosa. Era senador en ese momento y pues para qué me meto en broncas. Calladito y de lejecitos”, dijo el abogado en una entrevista con Imagen Radio.

Tras escuchar la revelación de su clienta, dijo, le aconsejó que buscara a alguien que la asesorara.

“Antes de que me maten todavía me pueden hablar”

Durante nueve años, contó, la empresa de Bonilla peleó legalmente el caso, hasta que la junta de conciliación falló a favor de la periodista y ordenó que le pagaran 568,000 pesos (unos 28,000 dólares). No lo hicieron, por eso las autoridades embargaron una cuenta de banco y el giro mercantil de PSN.

Más tarde los abogados de Bonilla se comprometieron a pagar el monto total de la querella y programaron el martes 25 de enero para entregarle un cheque a Pérez Castro, quien prefirió no avisarle a su defendida “para no ilusionarla”, detalló el litigante a Imagen Radio.

Maldonado jamás recibió el dinero y ahora sus deudos deberán reclamarlo, lamentó.

Pérez Castro dice que ahora él teme por su vida y la de sus familiares. Contó a la misma estación de radio que el lunes, un día después del crimen, salió de su domicilio solo para notificarle a la junta de conciliación que la periodista había fallecido y que se retiraba del caso.

“Estamos con temor, realmente estamos viendo la posibilidad de salir del país”, señaló.

“No puedo salir a comprar un refresco, porque la familia está ya preocupada: ‘no te vaya a pasar algo’. Es muy delicado. Ya pedí la protección (al gobierno), todavía no me dan nada, ni me hablan… Antes de que me maten todavía me pueden hablar”, expresó.

El Colegio de Abogados de su región intervino para someter una nueva solicitud de protección a las autoridades y alguien se la tuvo que llevar para firmarla. “No voy a salir de donde estoy”, advirtió.

Exgobernador se deslinda del crimen

Jaime Bonilla, cuyo período como gobernador de Baja California concluyó a finales de 2021, rechazó en una entrevista con Grupo Fórmula tener algún vínculo con el asesinato de Maldonado y dijo estar dispuesto a presentarse a declarar ante la Fiscalía en caso de ser requerido.

“Lamento mucho lo que le pasó. Pero somos ajenos a cualquier situación que pasó con ella. Y estoy seguro que se va a esclarecer pronto. Entonces, ahí se van a poner las cosas en calma”, dijo al medio.

Según Bonilla, la relación con Maldonado era “buena” y hasta la recibió siendo gobernador para tratar “varios temas”. Así lo explicó: “una cosa es tener un conflicto con la empresa y otra con la relación con el dueño de la empresa y ella estaba demandando a la empresa y el laudo fue en contra de la empresa, pero nunca hubo la más mínima fricción con ella, para nada”.

En una emotiva ceremonia a la cual acudieron familiares y varios colegas, los restos de Maldonado López fueron velados esta semana. Su hermano, Carlos Maldonado Pérez, dijo en el sepelio que prefería perdonar al o los asesinos para tener paz en su corazón.

“Como no tenemos nosotros a quién echarle la culpa, no tenemos un culpable de su colonia o un vecino, o lo que haya sido, eso se lo dejamos a Dios y a la ley le dejamos que haga su trabajo”, expresó de acuerdo a una crónica del medio Diario Tijuana.

La Fiscalía de Baja California aún no realizado detenciones vinculadas al crimen de Maldonado, ni el del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, quien fue baleado en esa misma ciudad seis días antes.

Para tratar de resolver estos asesinatos, la dependencia creó lo que describe como un “equipo especializado de investigación” que se enfocará en ambos casos.

“Se están definiendo las líneas de investigación de cada uno de los casos, para lo cual se analizan los indicios y se recaban testimoniales a fin de fortalecer las hipótesis establecidas hasta el momento, lo cual no se puede dar a conocer por la secrecía de los procesos ministeriales”, indicó en un comunicado.

En lo que va del año, tres periodistas han perdido la vida de manera violenta en México. El martes decenas de comunicadores protestaron para pedir que se esclarezcan estos y decenas de otros crímenes ocurridos en la administración de López Obrador, y se brinden mayores protecciones a los informadores.

Un día después de esas manifestaciones, José Ignacio Santiago, director de un sitio de noticias en línea, libró un ataque en Oaxaca. Él relata que un auto en el que viajaban hombres armados intentó interceptar su vehículo en una carretera rural. Pudo escapar porque estaba acompañado por dos guardaespaldas que le asignó el gobierno porque lo secuestraron en 2017.

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