Las autoridades de Nicaragua declararon este miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos del gobierno, a los que además retiraron la nacionalidad y ordenaron la confiscación de sus bienes inmuebles.
Autoridades de Nicaragua declaran “traidores a la patria” a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli y a más de 90 opositores
El régimen de Ortega declaró como “prófugos de la justicia” a casi un centenar de activistas, escritores, artistas y periodistas que han manifestado críticas en su contra.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, declara a los afectados, muchos exiliados, “prófugos de la justicia”. Además, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”.
Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos como la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el periodista Carlos Fernando Chamorro, la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y el excomandante sandinista Luis Carrión.
La medida llega apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, quienes fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A los expulsados también se les quitará la nacionalidad nicaragüense, según se ha informado.
Acusados de propagar “noticias falsas”
Los delitos imputados contra los acusados son “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.
Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente exembajador ante la OEA, Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas de 2018.
El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades” vinculadas a los acusados.
Las confiscaciones de propiedades fueron una práctica común durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), del cual Ortega fue presidente durante cinco años. Miles de casas, haciendas y empresas industriales fueron expropiadas a personas ligadas al dictador Anastasio Somoza.
















Las elecciones de noviembre serán cruciales en Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de dominio casi absoluto de Ortega sobre la política local, según un reporte de la agencia EFE.
Vea aquí las denuncias de las esposas de los presos políticos en Nicaragua, que califican los arrestos de “secuestro”.