Cientos comieron en las populares marisquerías 'Colima' en California mientras su dueño "explotaba" a trabajadores migrantes

El propietario de una reconocida cadena de restaurantes de mariscos mexicanos en el sur de California se declaró culpable esta semana por tratar de obstruir una investigación federal que descubrió que durante cuatro años explotó a sus trabajadores, pagándoles mucho menos del salario mínimo estatal.

Víctor Hugo Guzmán, dueño de los establecimientos 'Ostionería Colima', con sucursales en los condados de Los Ángeles y Orange, enfrenta hasta ocho años de prisión, tres años de libertad supervisada y podría pagar una multa de 500,000 dólares, que es el doble de lo que obtuvo violando las leyes laborales.

Este empresario de 49 años admitió que entre 2011 y 2014 algunos de sus empleados trabajaron hasta 12 horas diarias, durante seis días a la semana, pero solo les dio un sueldo fijo semanal de 320 dólares. Eso significa que les pagó 4.4 dólares por hora, aunque entonces el salario mínimo en California era de $8 por hora.

Pero en sus declaraciones ante el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) Guzmán aseguraba que le pagaba lo debido a todo su personal. La realidad era que ganaban una miseria comenzando desde las 9 de la mañana y hasta que se iba el último cliente a las 9 de la noche. Trabajaban 72 horas cada semana y algunos solo recibían lo que ganaban en efectivo, porque Guzmán trató de evadir sus obligaciones fiscales.

Las autoridades federales alegan que a sus empleados que trabajaban en las sucursales de las ciudades de La Puente y Hacienda Heights, ambas en el este del condado de Los Ángeles, les robó más de 216,000 dólares por negarse a pagarles el salario mínimo estatal y horas extras en esos años.

Su caso se complicó cuando investigadores del Departamento federal del Trabajo (DOL) se enfocaron en su negocio desde finales de 2013 por presuntas violaciones laborales y Guzmán contrató a una persona, identificada con las iniciales de A.H., para que le ayudara a encubrir sus delitos.

Fabricaron falsas tarjetas de jornadas laborales indicando que los empleados de las marisquerías habían trabajado hasta 40 horas a la semana, elaboraron falsos recibos de pago y hablaron con los afectados para que les mintieran a los agentes del DOL sobre el tiempo en que estuvieron en los establecimientos.

Otra estrategia que les falló fue afirmar que entre los empleados había familiares de Guzmán, creyendo incorrectamente que las normas laborales no aplicaban de igual manera para ellos.

El dueño de los restaurantes Ostionería Colima firmó a mediados de junio un acuerdo de culpabilidad buscando reducir su castigo. En el documento acepta que le debe al IRS casi 80,000 dólares por este robo salarial y se compromete a pagarles más de 200,000 dólares a los empleados que explotó.

Mientras este empresario les entregaba sueldos miserables al final de la semana, sus establecimientos solían abarrotarse los fines de semana por cientos de clientes, de los cuales la gran mayoría eran inmigrantes mexicanos. El costo de sus platillos era más alto al de otros restaurantes de la zona.

El caso de Guzmán fue revisado en una corte federal en Santa Ana. Su audiencia condenatoria se programó para el 23 de abril de 2021.

Es posible que las víctimas de este empresario sean inmigrantes hispanos. Las autoridades los identifican con las iniciales de L.A, R.E., R.F., L.L., R.L., y L.M.

El robo de salarios es uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores inmigrantes en este país. Lo cierto es que su labor es protegida por las autoridades, aunque sean indocumentados.

Un estudio que publicó en 2016 el Instituto de Política Económica (EPI) encontró que en los diez estados más poblados de EEUU un total de 2.4 millones de trabajadores pierden 8,000 millones de dólares al año porque no les pagan siquiera el sueldo mínimo. En promedio, dejan de percibir 3,300 dólares por año.

“Los trabajadores jóvenes, las mujeres, de grupos de minorías y los inmigrantes tienen más probabilidades que otros empleados de reportar que se les paga menos del salario mínimo, pero esto se debe principalmente a que tienen empleos de bajos salarios”, señala el análisis.

El EPI advierte que esta práctica ilegal afecta al 17% de los trabajadores con sueldos bajos.