La corrupción del lado estadounidense del muro: el crimen organizado sigue tentando a la Patrulla Fronteriza

Oziel Cantú, un agente aduanal en una garita de Texas, contactó por WhatsApp a un hombre que creía trabajaba para un cartel de drogas. Se vieron el 17 y el 18 de agosto para afinar los detalles de cómo Cantú le dejaría pasar un cargamento de 40 kilos de cocaína por un pago de 15,000 dólares.

El plan se concretó la madrugada del 19 de agosto, cuando una camioneta Chevrolet Silverado blanca se formó para ingresar a EEUU por el puerto de entrada Pharr, en la frontera entre Reynosa, México, y McAllen,Texas. A las 5:46 am, Cantú le escribió al chofer que se pusiera en la línea 1 para evitar la revisión. Para que el oficial identificara la pick-up le pusieron una gorra roja sobre el tablero, según documentos judiciales.

Esa misma tarde Cantú, de 46 años, recibió la paga que le prometieron. No sabía que había caído en un operativo que realizaron agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional (DSH). Este oficial fue arrestado la noche del 19 de agosto por presuntamente aceptar un soborno y ahora enfrenta una condena de hasta 15 años de prisión y una multa de 250,000 dólares.

Diez días antes de la detención de Cantú, el 9 de agosto, un efectivo de la Patrulla Fronteriza en Arizona, Carlos Víctor Passapera Pinott, fue arrestado y acusado de múltiples cargos de conspiración y posesión con la intención de distribuir narcóticos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) le seguía el rastro.

Según la investigación, Passapera Pinott, de 53 años, manejó su camioneta Ford Explorer hasta una zona remota al oeste de la garita de Lukeville y luego condujo al aeropuerto de Phoenix. Allí entregó dos bolsas de lona en otro vehículo que lo estaba esperando. Las autoridades detuvieron ese auto y descubrieron que el agente le había entregado 21 kilos de cocaína, 1 kilo de heroína y 350,000 píldoras de fentanilo.

Cuando se ejecutó una orden de registro en la casa del oficial fronterizo encontraron unos 329,000 dólares en efectivo, que se suman a otros $40,000 que estaban en la SUV de Passapera Pinott.

Casos como los de Cantú y Passapera Pinott siguen llegando a los tribunales federales, a pesar de que el FBI encabeza desde hace unos años una campaña en inglés y español, así como operativos para atrapar a los agentes aduanales y fronterizos comprados por organizaciones dedicadas al tráfico de personas y droga.

Mientras el FBI creaba más de una decena de equipos especiales para erradicar la corrupción a lo largo de la frontera sur, al menos 31 elementos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) fueron arrestados bajo sospecha de aceptar sobornos y colaborar con el crimen organizado, según un reporte de esa dependencia. En el año fiscal 2018 detuvieron a 7 agentes, en 2017 a 15 y en 2016 a 9.

$15 millones en sobornos

El multimillonario negocio del narcotráfico sigue tentando a los oficiales fronterizos porque ellos conforman el primer y más difícil filtro que enfrentan los transportistas de los carteles, ya sea los que cruzan los cargamentos en vehículos a través de las garitas o las ‘mulas’ que los llevan en sus espaldas por el desierto.

Del 1 de octubre de 2019 al pasado 31 de julio, los elementos del CBP confiscaron más de 846 libras de drogas, que se habría vendido por una fortuna en las calles estadounidense. Más de la mitad del total de cargamentos decomisados en ese período eran de marihuana.

Expertos advierten que algunos aceptan el dinero de los criminales pensando que jamás los descubrirán, pues los asignan a zonas remotas en la frontera, pasan varias horas sin más compañía que un radio o están a cargo de revisar cada día cientos de vehículos en los puertos de entrada.

Los sobornos a las autoridades en ambos lados de la frontera son parte de los costos de operación que consideran los grupos delictivos.

“En algunas zonas de la frontera trabajas para el cartel o para la Patrulla (Fronteriza), porque no hay nada más”, afirmaba hace unos años Francisco Cantú, quien dejó la dependencia -dice- porque lo decepcionó el “cruel” sistema migratorio estadounidense. Ahora es escritor y activista proinmigrante.

Hace unos años se descubrió que entre los aspirantes para ingresar a la Patrulla Fronteriza había personas que se habían dedicado al tráfico de drogas y de personas. Un reporte que en 2017 publicó la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional alertó que algunos aplicantes lo confesaron en entrevistas, lo cual los descalificaba, pero el proceso de contratación continuó.

“Los solicitantes admitieron el consumo de drogas ilegales, el contrabando de narcóticos, el tráfico de personas y tener relaciones cercanas con personas que cometen estos crímenes”, indica el informe.

A finales de 2016, el FBI lanzó su campaña anticorrupción en la frontera tras ventilarse que cerca de 200 empleados del DHS y algunas de sus agencias, entre ellas la Patrulla Fronteriza y el CBP, habían recibido a lo largo de una década unos 15 millones de dólares en sobornos de carteles mexicanos.

"La corrupción fronteriza representa un riesgo significativo para la seguridad nacional y puede ser difícil de detectar debido a la cantidad de personas que cruzan la frontera todos los días. El tráfico de drogas, la trata de personas y el terrorismo son amenazas potenciales que enfrenta Estados Unidos debido a la amenaza subyacente que representa la corrupción fronteriza", advierte un comunicado del FBI.

Más casos de corrupción fronteriza

En febrero pasado, un juez federal impuso una sentencia de seis años de prisión a un exagente fronterizo que usó su cargo para ayudar a que traficantes cruzaran miles de kilos de marihuana.

De 2014 a 2016, José Antonio Yáñez, de 50 años, desvió las cámaras de vigilancia en la frontera de Arizona, abandonó deliberadamente su área de responsabilidad y dio información “sensible” a los narcos, señala la acusación federal.

“Es una afrenta única a nuestro sistema de justicia cuando personas como Yáñez violan la confianza depositada en ellos por nuestras comunidades”, dijo sobre este caso el fiscal federal Michael Bailey.

Yáñez admitió ante el tribunal haber recibido más de 16,000 dólares en efectivo y que él mismo traficó desde México al menos 160 pastillas de opioides para distribuirlas en EEUU.

Otro oficial del CBP que confesó haber colaborado de cerca con una organización de tráfico de drogas fue Robert Hall. Los fiscales alegan que lo hizo a lo largo de 10 años, entre 2004 y 2014, en distintas zonas en la frontera entre Texas y México.

A cambio de sobornos, Hall le proporcionó a un operador de un cartel no identificado la ubicación de los sensores de movimiento, qué carreteras estaban sin vigilancia y hasta las llaves para abrir las cercas en ranchos que colindan con México. En total aceptó más de 50,000 dólares y en marzo de 2019 lo condenaron a más de nueve años de cárcel.

Su presunto cómplice, Daniel Hernández, quien era enfermero de la CBP, se declaró culpable en febrero de ese año de un cargo de conspiración para sobornar a un funcionario público.

Hernández aceptó que le pagaron por un mapa que contenía las ubicaciones de los sensores y una copia de una llave que abrió cerraduras de la agencia federal. Dijo que el cartel le había pagado 5,000 dólares.