Cómo la falta de fondos consistentes pone en riesgo los programas de prevención de la violencia

Shiand Miller, de 23 años, tenía ocho meses de embarazo cuando ella y su hija de 3 fueron halladas muertas a causa de balazos en el vehículo de Miller en Baltimore en junio. Cinco personas fueron baleadas de muerte en el suroeste de Baltimore en solo una noche de viernes en julio, incluyendo un joven de 16 años que falleció en el hospital. A mediados de agosto, un adolescente de 13 años en la misma área fue alcanzado por una bala perdida. En Washington, DC, 20 personas resultaron heridas – y un joven de 17 años murió– cuando se desató un tiroteo en un evento masivo en el barrio de Greenway.

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En marzo, la legislatura de Maryland votó con gran fanfarria para invertir millones en programas diseñados para reducir la violencia con armas en las áreas más golpeadas del estado, como Baltimore City y el condado de Prince George (que es aledaño a Washington, DC). Pero la pandemia del coronavirus ha creado desde entonces un hueco en el presupuesto estatal y el gobernador ha dicho que estos programas deberán abstenerse de los fondos del estado. Esto ha generado preocupación entre los expertos y encargados de los programas comunitarios a que no puedan continuar con ellos y que, por ende, la violencia continúe creciendo.

No hay una razón simple que explique por qué la violencia está aumentando en algunos lugares durante la pandemia. Expertos dicen que la falta de fondos garantizados dirigidos a la prevención de la violencia afecta los esfuerzos para prevenirla en cualquier área que registra un volumen más alto de tiroteos.

Una voz reconocida en la investigación de la violencia con armas, Webster dice que la solución debe incluir una inversión a largo plazo en las raíces de las causas de los conflictos que, en primer lugar, resultan en tiroteos: el racismo sistémico, la pobreza cíclica y la falta de acceso a servicios sociales.

Se agotan los fondos estatales para la prevención de la violencia en Maryland

En 2018, la Asamblea General de Maryland creó un Programa de Prevención e Intervención de la Violencia (VIPP por su sigla en inglés) del estado con apoyo bipartidista como una forma de abordar la creciente violencia con armas en Baltimore City y el condado de Prince George.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció más adelante ese año que el estado destinaría $4 millones a este fondo para distribuir subvenciones a los gobiernos locales y a organizaciones sin fines de lucro que operen programas basados en evidencia y tengan como fin reducir la violencia con armas en Maryland.

Afrontar el alto número de tiroteos en Baltimore City ha sido uno de los puntos de los que Hogan ha hablado más en los últimos cuatro años. “Proteger a nuestros ciudadanos es nuestra responsabilidad más importante y nuestra administración usará cada recurso disponible para mantener a los residentes de Maryland seguros”, dijo en un comunicado en ese entonces.

Hogan enfatizó la necesidad de reducir el crimen violento en Baltimore en su discurso estatal de febrero, en el que agregó que para la Legislatura no hay asunto más importante que “abordar el desbordado crimen violento, los tiroteos y los asesinatos que están destruyendo Baltimore City”.

Pero desde su aprobación en 2018, el programa de reducción de la violencia VIPP solo ha recibido fondos estatales en uno de los tres años fiscales.

En marzo, la Asamblea General aprobó un proyecto de ley que otorgó un mínimo de $3.6 millones en fondos al VIPP anualmente. Casi 40 organizaciones, incluyendo hospitales, grupos activistas e incluso el Departamento de Policía de Baltimore firmaron una carta urgiendo a Hogan apoyar estos fondos en momentos en que la respuesta a la pandemia del coronavirus afecta el presupuesto estatal.

Pero el proyecto de ley fue vetado por Hogan en mayo. “La Asamblea General aprobó un número de proyectos de ley que merecen ser considerados, pero el covid-19 ha ocasionado una turbulencia económica sin precedentes”, dijo Hogan en un comunicado tras haberlo vetado.

Cuando fue consultado directamente sobre el futuro de la distribución de los fondos para la prevención de la violencia en Maryland, la oficina de Hogan refirió a la oficina de prevención, juventud y servicios a las víctimas, que supervisa el programa VIPP. Esa oficina brindó un comunicado a Guns & America indicando que el trabajo continuará en el nuevo año fiscal, pero con menos recursos.

De acuerdo con la oficina del director ejecutivo, Glenn Fueston, seis programas bien establecidos deberán dividirse casi una tercera parte de los fondos propuestos por la Asamblea General: $1.3 millones en fondos estatales no utilizados del año pasado y otros $300,000 en subvenciones que están disponibles.

Los programas que abordan la violencia son mayormente operados por personal. Entre los individuos, que el programa llama “mensajeros creíbles”, trabajadores sociales e interruptores de la violencia que funcionan como mediadores en los conflictos y conectan a los residentes vulnerables con los servicios sociales, hay mucho capital humano. Y las posiciones en sí son usualmente las primeras en ser cerradas, de acuerdo con el organizador Greg Jackson del Community Justice Action Fund .

“Creo que la próxima fase es cerrar los lugares por completo, especialmente en áreas donde los programas son sumamente descentralizados, como Baltimore’s Safe Streets, que actualmente tiene hasta sedes en seis barrios”, dijo Jackson. “Estoy seguro de que la siguiente fase será cerrar lugares (...) lo que realmente significa darse por vencido en todo el barrio”.

Los presupuestos estatales también pueden absorber mejor el shock que las ciudades, dijo. A pesar de la pandemia, algunos estados están poniendo más dinero a la reducción de la violencia. La Asamblea General de Virginia comprometió $2.6 millones en subvenciones a programas de prevención de la violencia basados en hospitales a través del estado como parte de amplias medidas de prevención de la violencia. En julio, el Concejo de Washington DC votó para restablecer fondos previamente removidos en la propuesta de presupuesto de la alcaldesa Muriel Bowser antes de la pandemia.

Illinois aprobó una nueva iniciativa el año pasado que destina el 25% de los ingresos tributarios de las ventas de cannabis a subvenciones para la prevención de la violencia, servicios de ayuda legal y desarrollo juvenil y económico en áreas duramente afectadas por una desinversión histórica. Y el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, se comprometió a comenzar un programa de $1 millón para financiar organizaciones comunitarias que usen programas de alcance e interrupción de la violencia basados en evidencia.

En mayo, el senador por Illinois Tammy Duckworth y el senador por Nueva Jersey Cory Booker lideraron una respuesta federal al creciente problema de la violencia con armas, urgiendo al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, a proveer $150 millones a programas de intervención de la violencia basados en las comunidades a través del país dentro del proyecto de ley HEROES Act, el paquete de alivio suplementario por el covid-19.

“Hacer inversiones robustas en programas de intervención de la violencia será un paso importante en mitigar la violencia con armas durante la pandemia, debido a que las ventas de armas siguen creciendo mientras se afectan los servicios de salud de emergencia”, dijeron en una carta.

El Senado no ha aprobado esa versión del proyecto de ley.

La efectividad de los programas de interrupción de la violencia

Safe Streets es uno de los varios programas que emplean lo que se conocen como interruptores de la violencia, trabajadores que median en los conflictos en comunidades específicas. Pero los críticos de los programas de interrupción de la violencia dicen que usualmente proveen un alivio temporal a la violencia sin abordar la desigualdad estructural que puede llevar a un rebote de la misma.

El equipo de Webster evaluó el impacto del programa Baltimore’s Safe Streets en cuatro barrios históricamente violentos en 2012. Encontraron que el programa estuvo asociado a una significativa reducción de la violencia con armas en tres de cuatro barrios.

Pero en 2015, los homicidios con armas comenzaron a aumentar nuevamente. Webster dice que puede haber sido el resultado de protestas de alto perfil contra la brutalidad policial que se produjeron en ese tiempo, ocasionando que las comunidades perdieran la confianza en las fuerzas del orden y tomaran los asuntos en sus manos. No ha sido estudiado de forma sistemática, pero Webster dice que puede haber sido también un factor que contribuyó al aumento en la violencia con armas que muchas ciudades vieron este verano.

En 2019, Baltimore City perdió 309 personas a causa de tiroteos mortales, y el condado de Prince George perdió 74. Al lado, el condado de Montgomery vio apenas 14 muertes ocasionadas por armas, de acuerdo con datos recopilados por The Washington Post y Baltimore Sun. Estas tres jurisdicciones representan las partes más pobladas de Maryland, pero están siendo afectadas de forma desproporcionada por la violencia con armas.

Este año ha habido más de 150 muertes ocasionadas por armas en Baltimore City y más de 50 en el condado de Prince George, y muchos más tiroteos que no han resultado fatales.

Mientras la pandemia del coronavirus ha agudizado la existente desigualdad sistémica entre las comunidades negras y de color donde prevalece la violencia con armas, los trabajadores de los programas de prevención han debido laborar el doble. Los trabajadores que sirven como interruptores de la violencia han sido llamados por agentes para usar su credibilidad al momento de llevar a la comunidad los mensajes de salud pública sobre el covid-19, además de mediar en los conflictos en los vecindarios, todo ello con fondos significativamente menores para los programas en Maryland.

Funcionarios gubernamentales necesitan ser pacientes cuando se trata de evaluar la efectividad, dijo Webster. Tratar de tener una respuesta rápida es tener una visión de corto plazo. Webster destacó que los departamentos de policía no son eliminados porque no puedan demostrar efectividad de un año a otro.

“Reconocemos que tenemos problemas de seguridad pública y espero que de forma bien pensada y con datos lleguemos a estrategias para reducir la violencia y evaluar sus impactos y nos podamos mover desde ahí. Esto no significa que das con una y sales del problema y ganas”, dijo. “Tienes que pensar en esto a largo plazo”.

Falta de innovación

Parte del financiamiento propuesta vetado por Hogan tenía la intención de crear o expandir los programas de interrupción de la violencia. Habría ampliado el programa Safe Streets en Baltimore y creado un equipo para ‘curar’ la violencia en el condado de Prince George y complementar los esfuerzos de un programa preexistente de prevención de la violencia en el centro para traumas del Hospital Prince George, un centro para traumas muy ocupado nivel 2.

Joseph Richardson, presidente interino de estudios afroestadounidenses de la Universidad de Maryland, dirigió el proyecto de investigación sobre la intervención del hospital entre 2017 y 2019 y examinó los factores de riesgo de que se repitan las visitas a la sala de emergencia por heridas por trauma entre los jóvenes negros admitidos en el hospital desde las cercanías de esa región.

Tanto Richardson como Webster dijeron que es importante que los funcionarios gubernamentales y los empleados de los programas piensen de forma creativa: deben resistir la tentación de poner en vigor ciegamente un modelo de programa de prevención de la violencia que fue efectivo en otra ciudad sin antes examinar cómo puede ser adaptado de la mejor manera a la nueva área. Eso significa mirar cómo pueden usarse los interruptores de la violencia para dar seguimiento a los pacientes que están en mayor riesgo de perpetrar un acto violento o convertirse en víctimas luego de que son dados de alta del hospital.

Richardson recuerda una víctima de un tiroteo que, una vez fue dada de alta del hospital, dijo que planificaba tomar represalias en contra del grupo que creía era responsable de la balacera. Esa experiencia le llevó a presionar por fondos para contratar personal que le ayudara a prevenir este tipo de situaciones, y sumó tres especialistas para trabajar con las personas de mayor riesgo que eran dadas de alta de la unidad de trauma del Hospital Prince George.

De acuerdo con Richardson, el hospital recibe parte de sus fondos para la prevención de la violencia de la oficina de subvenciones para servicios a las víctimas y justicia de Washington, DC –cerca del 30% de los pacientes con trauma vienen de Washington DC. Pero sin fondos adicionales para el programa VIPP, los servicios para los pacientes con trauma que viven en Maryland deberán proceder únicamente del presupuesto ya limitado del hospital, según Richardson, incluyendo para los especialistas adicionales que propuso.

Webster y Richardson coinciden en que los programas existentes para la prevención de la violencia basados en la comunidad y en hospitales podrían ser aún más efectivos si sus esfuerzos estuviesen vinculados más directamente entre ellos, como sucede en otras ciudades.

El programa de intervención de la violencia de Oakland ha sido exitoso a la hora de reducir una tasa de homicidios que estaba fuera de control. Webster atribuye buena parte de ese éxito a una iniciativa electoral de 2014 que brindó cerca de $10 millones anuales a la inversión en servicios y esfuerzos de prevención.

“Su inversión ha sido en el cambio de comportamiento y en el apoyo social para promover la no violencia en ese sentido”, dijo Webster. “El cumplimiento de la ley es parte de eso y ellos están ahí si las personas toman una pistola y la usan en un acto violento, pero el énfasis está en apoyar para que los individuos se alejen de la violencia”.

Al igual que Baltimore, Oakland también ha registrado un aumento en los homicidios este verano. Funcionarios atribuyen esto a la nueva violencia de pandillas, de acuerdo con la filial de NBC en el Área de la Bahía. Pero esta ciudad de California planea apoyarse en su infraestructura bien financiada de programas de prevención de la violencia.

“Nuestro modelo para la reducción del crimen ha sido reconocido como un modelo nacional, y continuaremos trabajando de cerca y de forma diligente con nuestros confiables socios comunitarios para reducir la violencia que traumatiza a demasiadas familias en Oakland”, dijo la jefa interina de la policía, Susan E. Manheimer, en un comunicado. “Todos nosotros, trabajando juntos, podemos detener la trágica pérdida de vidas en nuestra ciudad y garantizar que todos los residentes de Oakland puedan vivir en una comunidad segura”.

Guns & America es un proyecto de reportería de medios públicos enfocado en el rol de las armas en la vida en Estados Unidos.

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